El objetivo principal de esta carta es exponer de manera rigurosa y argumentada la situación de falta de respuesta y transparencia por parte del Departamento de Educación, con especial atención a la figura de Carlos Gimeno, tras los reiterados intentos de contacto realizados por familias y alumnado desde septiembre.

Además, se pretende abordar la intervención del Defensor del Pueblo, denunciar el incumplimiento de los plazos legales, valorar la posible vulneración de derechos educativos y exigir respuestas claras y responsables a las autoridades competentes.

Nos dirigimos de nuevo a ustedes con el esfuerzo y el cansancio de quienes se ven obligados a reiterar su preocupación, sin obtener hasta la fecha ninguna solución tangible. Hoy, 27 de noviembre de 2025, queremos dejar constancia de que seguimos sin respuestas a una situación que se arrastra desde septiembre. Han pasado ya tres meses -septiembre, octubre y noviembre- en los que nuestros hijos e hijas se encuentran, por decirlo de alguna manera, inhabilitados académicamente. Esta circunstancia, además de afectarles en el presente, está complicando seriamente su futuro laboral.

Hasta ahora la comunicación ha sido inexistente, con un silencio constante que incrementa nuestra impotencia y frustración. Nos sentimos desatendidos y sin posibilidades de contacto o solución. Desde septiembre, padres, madres y alumnos hemos presentado numerosas quejas y peticiones de reunión. Son incontables las veces que hemos solicitado atención, y hoy en día, no hemos recibido ni una sola contestación.

El Departamento de Educación se nos muestra completamente inaccesible y sin respuestas, lo que nos obliga a buscar otras vías. Incluso hemos tenido que acudir al Defensor del Pueblo. Sin embargo, ni siquiera este departamento ha recibido respuesta en los plazos y formas legales correspondientes. Recordamos que el Defensor del Pueblo solicitó el 15 de octubre un informe para su estudio, y el departamento de educación dispone de quince días hábiles para contestar. A día de hoy, 25 de noviembre, aún no se ha recibido respuesta. El 26 de noviembre se realizó de nuevo un requerimiento formal, y esperamos que esto motive una actuación coherente, veraz y, sobre todo, con soluciones concretas, no solo palabras vacías.

Por todo lo anterior, seguiremos al frente y luchando, aunque lo que estamos viviendo se percibe como un claro caso de maltrato institucional. Reclamamos que se respete el derecho al estudio de nuestros hijos e hijas, que se está vulnerando de manera flagrante. No puede ser que, por falta de respuesta y acción, se estén comprometiendo sus oportunidades y expectativas de futuro. Exigimos, una vez más, que se nos escuche, que se actúe con responsabilidad y que se aporten respuestas y soluciones reales. Esperamos sinceramente que esta sea la última vez que debamos emplear nuestra energía en reclamar algo que no está en nuestras manos resolver. Hablamos claro y lo hemos hecho en repetidas ocasiones: por favor, escuchen y actúen. Esa es la responsabilidad que tienen como gestores públicos y como garantes del derecho fundamental a la educación.

Francisco Javier Elizondo Abinzano, María Itziar Zamacona Nicolay, Marimar Oroz Goñi, Eduardo Aguerrí Asían, Carlos Velázquez Caballero, Iranzu Echaniz Arnedo, Carlos Ronaldo Montano Cruz, Roció García Campo, Lucio Gete Escribano,  María de Lurdes Dos Santos Garayoa, Juan Víctor Burgos Goiciechea, Yolanda Marques Martínez,David Seco Martínez, Clara Eugenia Fernández, Yolanda Díaz Peña, Antonio Ortega Franco, Jesús María Ruiz Palacios, María Concepción Gastón Ozcoidi, Marta Huarte Rodríguez, José Luis Sarasola Gorriti, José Ramón Jiménez Lahuerta, María Concepción López Beroiz, Raúl Jiménez López, Olga Ibáñez Tormes, Julio Guembe Landa, Cristina Arcauz Irurita, Rubén Aristu Torres, Sara Otamendi Zufia, Roberto González Sánchez, Esther Pérez Gómez y Manuel Fernandez Recio.