Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Zaragoza una organización criminal que favorecía la inmigración ilegal con fines de explotación laboral. Los delitos eran cometidos por tres empresas de pakistaníes dedicadas a la venta de frutas al por menor.

La investigación que ha llevado a las detenciones, denominada Operación 'Markhor', comenzó en mayo de 2018, cuando, gracias a las denuncias de otros fruteros, los agentes detentaron una frutería regentada por pakistaníes en la capital aragonesa que estaba explotando a un extranjero de su misma nacionalidad, que no tenía permiso de residencia ni trabajo. Por estos hechos fueron detenidas dos personas, a las que Inspección de Trabajo y Seguridad Social les impuso sanciones de más de 10.000 euros.

Al continuar con las investigaciones, los policías detectaron en enero varios "irregulares" trabajando de madrugada en la carga y descarga de camiones de frutas en Mercazaragoza. Estas gestiones condujeron a la localización de nueve fruterías, todas ellas pertenecientes a extranjeros pakistaníes, en las que se estaba empleando mano de obra irregular proveniente de su país.

En estos establecimientos, los agentes detectaron a cuatro trabajadores explotados sin contrato de trabajo ni permiso de residencia. Además, constataron que algunos de ellos habían sido traídos desde su país de origen engañados con la promesa de "papeles" y trabajo legal en España.

En concreto, fueron captados en sus países de origen y trasladados por fronteras terrestres no habilitadas con el fin de eludir controles, a pie desde Pakistán a Irán, Turquía, Grecia, Albania, Montenegro, Bosnia, Croacia, Eslovenia e Italia. Y, de allí, hasta España. Por todo este trayecto, les cobraron la cantidad de 8.000 euros.

Una vez en España, fueron conducidos por miembros de la organización hasta Zaragoza, donde eran empadronados y alojados en dos pisos de la misma organización, donde incluso debían compartir un mismo camastro. Para lograr sus objetivos, no dudaban en agredir, amenazar y coaccionar a sus compatriotas, que se encontraban en una clara situación de vulnerabilidad.

En Zaragoza eran obligados a trabajar en sus fruterías, sin sueldo ni contrato, sin días de descanso ni vacaciones, en jornadas diarias que van desde las 04.20 horas de la madrugada hasta las 21.00 horas, y recibiendo solamente una comida diaria. Se les trasladaba del piso a Mercazaragoza, de allí a las fruterías, y al acabar, otra vez al piso de la organización. Estaban permanentemente controlados para evitar denuncias.

Con estas prácticas, los empresarios logran un margen mayor de ganancias en la venta de productos en sus negocios, ya que se ahorran de modo ilegítimo costes en personal y seguridad social, con lo que pueden ofrecer precios más bajos, haciendo una competencia desleal a otras fruterías que si respetan los derechos de sus trabajadores y están al día en los pagos de las cuotas e la Seguridad Social.

NUEVE INSPECCIONES

Las actuaciones policiales culminaron este mes de abril con nueve inspecciones en estas fruterías en estrecha colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, liberando la Policía a cuatro víctimas de estos hechos y deteniendo a cuatro de sus responsables, acusados de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y otros delitos conexos, e imponiendo la IPTS sanciones por más de 40.000 euros en estas fruterías a raíz de las inspecciones practicadas conjuntamente por ambos organismos.

El principal de los investigados, que se hallaba en Pakistán durante el desarrollo del operativo policial, fue detenido el pasado martes recién regresado de su país, elevando el número de detenidos hasta ocho, de los que seis están investigados por Trata de Seres Humanos y/o delitos contra los derechos de los trabajadores, y dos por infracción a la Ley de Extranjería. Los arrestados, de los que tres son de la misma familia y ya habían regentado negocios de este tipo en la localidad alicantina de Benidorm, fueron puestos a disposición judicial.

Este operativo policial ha sido llevado a cabo por funcionarios del grupo primero de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Zaragoza, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Aragón, habiendo colaborado en la misma la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza.

El trabajo desarrollado por la unidad policial se encuadra dentro del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre Coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de Lucha Contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, firmado en 2013.

Las investigaciones continúan abiertas, analizándose la documentación, por lo que no se descartan futuras detenciones.