El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a hacer gala de su trilerismo político para esquivar la voluntad expresada tácitamente por el Congreso de los Diputados, sede de la representación de la soberanía nacional, que el pasado viernes tumbó sus decretos de vivienda. Allí les anunció Sánchez que “la historia les juzgará antes de lo que creen”. En su huida hacia adelante, él sigue dispuesto a escribir la suya propia hasta el último segundo. El Gobierno volvió a dar este martes, con mínimos cambios, luz verde a los decretos de vivienda y solo unas horas más tarde de que el propio líder del Ejecutivo anunciara el adelanto electoral para el 29 de noviembre. Ante la disolución de las Cortes, Moncloa ha optado por reconstruir el paquete normativo y trasladar la negociación a la Diputación Permanente del Congreso, sabedor de su ventaja en la misma, y muy lejos de asumir su derrota e incapacidad de sumar acuerdos. 

Este es el único órgano con potestad para convalidarlos en periodo preelectoral y donde el PSOE sí cuenta con mayoría. El PNV ya ha anunciado que salvará con su voto las medidas antideshaucio, pero tumbará la renovación automática de los contratos de alquiler. Es evidente que en Moncloa han visto en la corriente de indignación social surgida a partir del desahucio de la señora Maricarmen, tristemente fallecida ayer, una ventana de oportunidad para poder mejorar unos vaticinios electorales que hoy les son nefastos. Pero es sonrojante comprobar una vez más cómo opera el cálculo electoral en el cuartel socialista aún a costa de un gravísmo problema, el de la vivienda, que hace mucho tiempo que ocupa la primera plaza de las preocupaciones ciudadanas. Y cuya solución exige medidas profundas, consensuadas entre las principales fuerzas y alejadas de cualquier agitación que genere aún más confusión e inseguridad en el mercado, en los propietarios y en los inquilinos. Pretender, como quiere Sánchez, ahora, soluciones en caliente para salvar su nefasta gestión de estos ocho años, es un parche insuficiente e ineficaz.