El 11 de septiembre se anunció el techo de gasto no financiero del Gobierno de Navarra para 2027: alcanzará los 6.850,6 millones de euros, lo que supone un 8,4% más que en 2026 y se traduce en 532 millones de euros. En la presentación pública que se hizo de estos datos, el consejero de economía sacó pecho: destacó la buena marcha de la economía, así como una gestión prudente y responsable de los recursos. Desde 2019, el techo de gasto habrá aumentado un 70,6%, es decir, 2.834 millones de euros. Se trata de un crecimiento espectacular, muy superior al experimentado por la población o la economía navarra. Todas las áreas del gobierno incrementarán su capacidad de gasto, pero nadie parece plantearse una revisión de prioridades o una reducción de estructuras innecesarias.

Durante demasiado tiempo, el Gobierno de Navarra ha pretendido que el crecimiento del gasto público constituya, por sí mismo, una medida del progreso social. Cada nuevo presupuesto se presenta como el más elevado de la historia; cada aumento del techo de gasto, como una demostración de compromiso con los servicios públicos; y cada incremento de plantilla, como una mejora automática de la atención ciudadana. Pero gastar más no equivale necesariamente a gestionar mejor. De hecho, los resultados de Navarra demuestran que ambas cosas pueden avanzar en direcciones opuestas. Animaría a que antes de pedir más ingresos al ciudadano, se demostrase que se está utilizando bien cada euro público como medida para mejorar el cumplimiento, la transparencia y la eficacia. La realización de un Presupuesto “base cero” cada cuatro años, ayudaría a conseguir los objetivos.

Los presupuestos de 2027, además, tendrán que negociarse con fuerzas políticas cuya concepción del progreso parece reducirse a ampliar incesantemente el perímetro de la Administración. Partidos que desconfían de la iniciativa privada, la actividad empresarial y la creación de riqueza, pero que presentan como avance cualquier nueva ayuda, regulación o partida presupuestaria. En lugar de crear las condiciones para que las personas prosperen y sean autónomas, se fomenta la dependencia respecto a la Administración y, para sostenerla, se exprime cada vez más al ciudadano y las empresas.

También ha crecido el número de empleados públicos, que ha pasado de 23.405 en enero de 2016 a 35.572 en enero de 2026 (segunda comunidad con mayor número de trabajadores públicos, 51,6, por cada 1.000 habitantes, frente a una media nacional de 43,8). El Presupuesto de personal para el 2027 supera los 2.200 millones de euros con un incremento del 8,7% respecto el 2026. En tiempos de la Inteligencia Artificial y la digitalización esto resulta incongruente. Tasa de reposición selectiva, no cubrir automáticamente todas las jubilaciones, movilidad entre departamentos, eliminar duplicidades, centralizar servicios administrativos, etc... son líneas de trabajo para reducir el coste.

Mientras la Administración crece, la experiencia cotidiana de los ciudadanos es nefasta. Que se lo digan a los más de 68.000 pacientes que esperan una primera consulta con el especialista, o a los 10.500 pendientes de una operación. O a quienes no logran conseguir una cita en su centro de salud, o no reciben la llamada prevista del especialista. O a los que cansados de esperar, hacen un esfuerzo para pagarse un seguro privado.

En educación tenemos datos alarmantes. Navarra invierte por alumno más que la mayoría de las comunidades autónomas, pero los resultados de PISA muestran un deterioro mucho más intenso que el registrado en España y la OCDE. Nuestra Comunidad, que anteriormente ocupaba posiciones de liderazgo, ha sufrido un serio retroceso en matemáticas, ciencias y comprensión lectora para obtener, en 2025, los peores resultados de su historia. Tampoco los indicadores sociales permiten sostener que el crecimiento presupuestario esté solucionando los problemas de fondo. La tasa de pobreza en Navarra sigue en aumento y la Renta Garantizada no hace sino cronificar situaciones en vez de ofrecer herramientas útiles para que los beneficiarios, más de 32.000 personas, puedan trabajar. También podríamos hablar de la escasez de vivienda de protección oficial, de la inseguridad ciudadana, de los retrasos para ser evaluada la dependencia o de las demoras injustificables para que se construyan determinadas infraestructuras estratégicas para la región.

Mientras los resultados se deterioran, la recaudación tributaria alcanza máximos, amparada por una de las fiscalidades más gravosas de España. Los ingresos correspondientes a los capítulos I y II llegaron a 5.832 millones de euros en 2025, un 48,2 % más que en 2019. Y lo que es igual de preocupante: entre 2019 y 2025, la recaudación superó las previsiones iniciales en aproximadamente 2.168 millones. Es decir, se recauda muy por encima de lo previsto, prueba clara de que la presión fiscal es excesiva. El aumento de recaudación no debe convertirse automáticamente en un incremento del gasto. Debiera servir para inversión productiva y reducción de la deuda e impuestos. Esperemos que este año en las medidas de acompañamiento se apruebe la deflactación de la tarifa en todos los impuestos y quede perpetuada para el futuro.

Frente a estas realidades, la respuesta del Ejecutivo es siempre la misma: otro presupuesto récord y más personal. Nunca parece llegar el momento de preguntar qué funciona, qué fracasa, qué organismos se duplican, qué programas deben desaparecer y cuánto cuesta obtener cada resultado. El Gobierno de Navarra ha convertido el crecimiento presupuestario en un fin en sí mismo y utiliza el volumen del gasto para ocultar la falta de resultados. Exigir al ciudadano cada vez más esfuerzo fiscal sin acreditar una mejora equivalente de los servicios públicos no es progreso, como nos quieren vender.

José María Aracama Yoldi. Vicepresidente del think tank Institución Futuro.