Transcurridas ya más de 24 horas desde que se conociera la rescisión del contrato de Belate por parte del Gobierno de Navarra el silencio que emana de los socios que sustentan a María Chivite en el Palacio de Navarra sigue siendo atronador. La paralización de la mayor obra pública de la Comunidad foral en décadas y la incertidumbre entorno a su terminación y costes finales parece que no tiene enjundia suficiente para Contigo Navarra, Geroa Bai y EH Bildu. En especial, para estos dos últimos, compañeros de viaje preferentes del PSN y con peso político suficiente para condicionar al ejecutivo que lideran los socialistas. 

Que la duplicación de los túneles vaya a retrasarse al menos durante unos dos años y que amenace en el horizonte un escenario de posibles indemnizaciones millonarias para las actuales adjudicatarias apenas ha merecido unos tibios reproches por parte de las dos fuerzas nacionalistas. 

El caso de Bildu es especialmente sangrante, pues el antaño activismo y capacidad de movilización social contra cualquier infraestructura promovida por gobiernos de UPN ha tornado hoy en mansedumbre y silencio cómplice. Y ello pese a que un número muy importante de los municipios más directamente afectados por la paralización de los trabajos están gobernados por corporaciones abertzales. 

Para encontrar una respuesta a esta apatía basta mirar al calendario y a un 2027 marcado en rojo electoral, donde se antoja complicado cargar las tintas contra alguien a quién después vas a necesitar para formar gobiernos. Regionales o municipales. Geroa Bai se ha limitado a negar la mayor y aseverar que su preocupación “no es electoralismo, sino un problema real que está sucediendo”. Pues ya iba siendo hora de que se percatasen, porque las múltiples irregularidades detectadas desde el inicio y la sombra de la corrupción llevan sobrevolando Belate desde hace más de dos años. Y de una forma pública y notoria. 

Hace poco más de tres meses la comisión de investigación del Parlamento pasó el rodillo de los socios de Chivite para declarar libre de “corrupción y beneficios indebidos” a los trabajos adjudicados. Hoy, con 9 millones de euros de sobrecostes injustificados en el aire y las máquinas paradas, esas conclusiones pactadas de antemano provocarían sonrojo a la ciudadanía, pagana última de esta mayúscula chapuza administrativa.