Parece que el ‘efecto mariposa’ está llegando a todos los niveles de la Administración pública española (supongo que también a la foral) con la sobrevenida e imprescindible cautela funcionarial para no ser arrastrados en la marea de actuaciones y adjudicaciones corruptas, o con trazas de graves irregularidades. Aunque en estas latitudes haya pasado desapercibido para el ciudadano de a pie, la sentencia por la creación del puesto del hermano de Pedro Sánchez, aparte de condenar a David Sánchez, al jefe socialista de Extremadura, Sr. Gallardo, y a otros cuatro cargos políticos, también se llevó por delante la carrera funcionarial de cinco empleados públicos de la Diputación Provincial de Badajoz. Es decir, David Sánchez y Gallardo fueron condenados, es evidente y conocido, pero también lo fueron cinco funcionarios de la DPB que están a punto de quedarse en la calle y tirar por la borda su carrera si la sentencia deviene firme. Emilia, Francisco, Juana, Félix y Manuel. Todo por colaborar, activa o pasivamente, para que David Sánchez acabase dirigiendo una fantasmagórica Oficina de Artes Escénicas. 

Pueden imaginarse Vds. cómo estarán estos cinco probos empleados públicos de la DPB y sus familias, que ahora se tirarán de los pelos por haber tragado y no haberse plantado en su día ante sus jefes políticos y facilitarles el chanchullo sinfónico. Nunca es bueno especular ni sacar conclusiones a volapié, pero hete aquí que ya van, como mínimo, tres grandes obras públicas españolas supuestamente vinculadas al contubernio Cerdan-Servinabar y ZP y que han sido paralizadas o abandonadas por los contratistas, ante la negativa funcionarial de seguir tramitando modificados de obra supuestamente inflados. La primera es el Puente del Centenario en Sevilla, obra investigada en el proceso penal de adjudicaciones de obra por el Ministerio de Transportes, dentro del bloque Ábalos/Koldo/Cerdán. La segunda, bien cerca, la variante de Sabiñánigo, abandonada tres meses antes de su finalización y que estaba siendo ejecutada por una empresa que, supuestamente, pagó 5.000 euros al mes a Rodríguez Zapatero, según el escrito de Julio Martínez. Y en Navarra, Belate. 

En lo que coinciden las tres obras paralizadas o abandonadas es que ahora el cuerpo funcionarial de ingenieros, letrados y/o interventores no pasan ni una, por mucho que presione el cuerpo político. No sea que acaben como los cinco de Badajoz. Ya escribimos en su día que la única barrera de que dispone la sociedad frente a pretendidas prácticas corruptas, promovidas al alimón por algunos empresarios y políticos, son los funcionarios públicos. Precisamente para eso gozan del privilegio de la inviolabilidad de su empleo, pero precisamente por eso deben defender con uñas y dientes el trabajo propio de la función pública: administrar los recursos públicos, esto es, el dinero de los ciudadanos solo en beneficio de los ciudadanos y no de cualquiera que pase por ahí. Nadie sabe cómo terminará el expediente de Belate pero, al menos, ha servido para conocer que algunos funcionarios públicos en Navarra sí que cumplieron con su deber. Otros no. 

En este punto me gustaría romper una lanza, por una vez, en favor de las Comisiones de Investigación del Parlamento. Es cierto su inutilidad política, toda vez que las conclusiones están escritas desde el primer día, redactadas por los grupos mayoritarios en la Cámara. Pero al menos en la Comisión de Belate vimos intervenir a media docena de funcionarios que no se arrugaron y que mantuvieron alto el pabellón de la verdad y la defensa de la Administración Pública. Entre todos, citaré a un funcionario ingeniero de minas que, sin pestañear, contó ante sus señorías que el modificado de obras que se estaba tramitando para las obras de Belate era, en su opinión, un ‘pufo’ al menos en parte y además preparado de antemano. Al día siguiente de su declaración, el 27 de noviembre de 2025, el Interventor General tumbó la tramitación del modificado que estaba a punto de ser aprobado. Y así hasta hoy. Caos absoluto en las obras de Belate. Nadie sabe qué hubiese pasado si el ingeniero de minas no hubiese ido a la Comisión. 

Tampoco quiero adelantarme, y menos trasladarlo a Belate hasta que no se aclaren todas las cosas ahora investigadas por el Tribunal Supremo, pero diré que los modificados de obras ‘inflados’ han sido el eslabón tradicional para ‘devolver’ con dinero público y con creces a las empresas corruptoras el importe de las mordidas pagadas a los políticos y/o funcionarios corrompidos. En un país como España donde, desgraciadamente, la Democracia está siendo carcomida mediante la política de desactivar y colonizar todos los contrapoderes, es importante que los funcionarios con responsabilidades mantengan su posición y su independencia. Funcionarios públicos que denuncien o paralicen, si fuese el caso, cualquier intento de torcer las cosas en la Administración pública. Sabiendo que, quien no lo haga así, quizá acabe cargando con las consecuencias, como los cinco de Badajoz. 

Álvaro Miranda Simavilla. Ingeniero de Caminos