La oferta pública voluntaria de adquisición lanzada por la sociedad alavesa Ohmnia sobre Azkoyen ha abierto un debate que trasciende el ámbito estrictamente empresarial. Al industrial vasco José Antonio Jainaga, quien controla la sociedad Cherbil y, a través de ésta junto con un grupo de directivos controla a su vez Ohmnia electronics S.L, le acompañan en esta operación el resto de socios actuales de Ohmnia (Gobierno Vasco, a través del fondo Finkatuz del Instituto Vasco de Finanzas, la Fundación Bancaria Vital y Carmen Lequerica Holding S.L.). Hay un compromiso de acompañamiento como nuevos inversores de Indar Kartera, sociedad íntegramente participada por Kutxabank, S.A.y Fundación Bancaria Bilbao Bizkaia Kutxa. Tambien cuenta con el respaldo financiero de CaixaBank y Banco Sabadell. Si la operación prospera, todo apunta a que Azkoyen quedará integrada en el grupo industrial que encabeza Jainaga ya que la opa está condicionada a tomar la mayoría de la empresa.

Ante esta situación, el Gobierno foral ha reaccionado manifestando su respeto por una operación que se desarrolla dentro del mercado de capitales y afirmando que trabajará para preservar el arraigo empresarial y el mantenimiento del empleo. Es una posición entendible, pero insuficiente. La cuestión de fondo es si Navarra puede permitirse seguir perdiendo empresas estratégicas y centros de decisión mientras otras comunidades autónomas llevan décadas desarrollando políticas activas para conservarlos y reforzarlos.

Institución Futuro respeta plenamente la libertad de empresa y el funcionamiento del mercado. Una OPA es una operación legítima. Si cumple la legislación y los accionistas consideran que el precio ofrecido les resulta atractivo, tienen todo el derecho a poder vender sus acciones. Pero una cosa es respetar el mercado y otra muy distinta ignorar las consecuencias económicas que determinadas operaciones pueden tener para un territorio.

Aquí aparece un elemento diferencial que no se puede pasar por alto: detrás de la operación no hay únicamente un empresario privado o un grupo industrial. También participa el Gobierno Vasco a través de un instrumento público de inversión y las tres cajas vascas. Es precisamente esa implicación institucional la que convierte una operación mercantil en un debate de política industrial. En el País Vasco existe desde hace años una estrategia muy definida para fortalecer su tejido empresarial. Sus instituciones consideran que disponer de grandes empresas estratégicas con centros de decisión en su territorio constituye un activo a mantener e incrementar. No solo por el empleo que generan, sino porque desde allí se toman las principales decisiones, como las operaciones de inversión, innovación, internacionalización, adquisiciones o ubicación de futuras plantas productivas. El arraigo empresarial no consiste únicamente en mantener una fábrica abierta; consiste en conservar la capacidad de decidir.

Resulta difícil imaginar una situación inversa. Nadie concibiría que Sodena participara en una OPA para hacerse con el control de, por ejemplo, CAF o de otra gran empresa vasca. Y todavía resulta más difícil imaginar que el Gobierno Vasco reaccionara limitándose a expresar su preocupación por el mantenimiento del empleo. Seguro que utilizaría todos los instrumentos a su alcance, apoyos exteriores incluidos, para frenar dichos movimientos.

Ejemplos cercanos los tenemos como las participaciones en Talgo, Ayesa o Uvesco. En los últimos 5 años la apuesta inversora del Gobierno Vasco, Kutxabank a través de Indar Kartera y las fundaciones de BBK, Vital y Kutxabank han inyectado 2.300 millones en una decena de operaciones de más de 7.500 millones. El objetivo de estas invesiones es, además de impulsar su crecimiento, frenar la deslocalización de su tejido industrial y vincular a las empresas con el territorio, impidiendo la salida de los centros de producción y decisión. Esa es la diferencia entre una política industrial activa, que con una actuación coordinada entre empresarios y financieros apuesta por su industria, y una actitud meramente reactiva. El objetivo de Navarra debe ser mucho más ambicioso: hay que defender nuestra industria. Para ello debemos empezar porque los centros de decisión se queden en la comunidad. Perderlo significa no tener la capacidad de decidir en el futuro, no tener el conocimiento en casa, e incluso una repercusión importante en la recaudación de impuestos.

Azkoyen no es una empresa cualquiera. Es una de las grandes referencias industriales de Navarra, con más de mil trabajadores, importante presencia internacional y décadas de inversión, innovación y crecimiento. También ha recibido el apoyo público del Gobierno foral para impulsar distintos proyectos de desarrollo empresarial. Cuesta entender que dinero público vasco pueda contribuir a adquirir una empresa foral sin que Navarra disponga de instrumentos o de una estrategia equivalente para defender sus compañías.

No se trata de impedir una operación empresarial, sino de preguntarse por qué mientras unas comunidades utilizan sus instrumentos públicos para fortalecer su tejido industrial, otras parecen limitarse a contemplar cómo ese tejido se debilita progresivamente. La cuestión tampoco afecta exclusivamente a Azkoyen. Hoy hablamos de esta empresa, mañana podría tratarse de cualquier otra compañía que desempeñe un papel estratégico para Navarra. ¿Seguiremos hablando de arraigo cuando el centro de decisión ya haya abandonado nuestra región?

Navarra necesita una auténtica estrategia de arraigo empresarial. Una política que favorezca el crecimiento de sus empresas, impulse la aparición de nuevos grupos industriales con capacidad tractora y entienda que conservar los centros de decisión también forma parte del interés general. Acompañar a empresarios como los accionistas de Azkoyen y financieros es fundamental. Desde Institución Futuro lamentaríamos profundamente que Azkoyen dejara de ser una empresa navarra. No porque cuestionemos el derecho de sus accionistas a vender, sino porque supondría una nueva muestra del progresivo debilitamiento de la gran industria propia en Navarra.

José María Aracama Yoldi. Vicepresidente del think tank Institución Futuro.