La tragedia ferroviaria de Adamuz (45 víctimas mortales) ha borrado esta semana cualquier otro debate. España ha latido al unísono de las familias de las víctimas para inflamarse después con el debate público sobre causas y responsabilidades. Sin tregua. Sin descanso. 

Lo mejor y lo peor de nosotros. El brutal accidente ha monopolizado el interés informativo de la semana. No era para menos. Un accidente dantesco con el choque entre dos trenes en la red de alta velocidad en Córdoba que, de nuevo, nos ha sacado lo mejor y lo peor como país. Lo mejor, un pueblo volcado en una noche dantesca en ofrecer ayuda y consuelo a los viajeros heridos y aturdidos. Y unos servicios de emergencias (de guardias civiles a bomberos y sanitarios) que siempre sacan lo mejor en situaciones límite y que nos recuerdan el valor de unos potentes servicios públicos. Pero también, es cierto, lo peor. La vena cainita. El tropel de voces (muchas con aliento político) que se convierten en expertos de la nada en pocas horas para pontificar sobre las causas precisas y responsabilidades de un accidente complejo antes incluso de que finalice el primer auxilio a las víctimas. Esta sociedad digital e instantánea en la que vivimos exige respuestas inmediatas para cuestiones que no las tienen. No da tregua ni espacio para el análisis. Súmese el interés político en una sociedad polarizada al máximo y nos encontramos con la receta ideal para que el accidente vuelva a ser campo para una batalla campal en la política. Como ya lo fue la Dana de Valencia. Vox ya le ha puesto nombre al culpable, por ejemplo. 

Se necesitan respuestas. Lo primero es averiguar y entender qué sucedió. Luego, hacer lo que se necesite para evitar que algo así pueda volver a ocurrir. Y, por supuesto, también exigir y depurar las responsabilidades por los errores. Pero por orden. La prioridad hoy sigue siendo la primera. Averiguar qué pasó. Aquí no puede a pasar como con el apagón de abril, que todavía no hay respuestas. En el accidente ya hay algunas. Los técnicos señalan la rotura de la vía como principal agente de la tragedia y la que hizo descarrilar al primer tren. Es un primer paso. Y apuntan, por tanto, a un mal estado de las infraestructuras ferroviarias. Esta hipótesis se ve reforzada por las quejas de los profesionales del sector que han aflorado a raíz del accidente, especialmente de los maquinistas. Y por los vaivenes a la hora de limitar las velocidades en la TAV en estos días o por el caos continuo de Rodalies en Cataluña. Así que urge un debate sereno, liderado por los técnicos y transparente para restaurar la confianza en el sistema ferroviario español, que ha quedado dañada. 

Debilidad de las instituciones. Es cierto que el Gobierno no lo pone fácil. Un ministro, Óscar Puente, que ha hecho de la confrontación tuitera más zascante su seña de identidad, no genera a su alrededor la credibilidad que ahora necesita como el aire para respirar. Por mucho esfuerzo que haga estos días, que lo hace, su imagen política llega lastrada. Lo mismo que la de su ministerio, el de Transportes, encargado de las infraestructuras, que tiene a su anterior titular encarcelado por presunta corrupción económica y a la ex presidenta de Adif, también investigada. Ese contexto no es tampoco un entorno que ofrezca una confianza más imprescindible que nunca. Esta tragedia aprieta también las costuras de nuestras instituciones. El desgaste que arrastran hoy las hace mucho más débiles a ojos de la ciudadanía cuando debieran ser un pilar sólido de confianza. Como señalan Daron Acemoglu y James A Robinson, autores del “Por qué fracasan los países” y ganadores del Nobel de Economía en 2024, el vigor de las instituciones es el que marca la diferencia en el desarrollo de las naciones más que la geografía o los recursos. Y tenemos ahí un profundo déficit de credibilidad, que ahora nos coloca las cosas más cuesta arriba. Toca discutir sobre las inversiones en infraestructuras ahora que hablamos de carencias de mantenimiento. El gran despegue del tráfico ferroviario no se ha acompasado con inversión paralela. Y en los años de crisis, el Estado siempre ahorra recortando en infraestructuras. ¿Por qué? Porque dejar de hacerlas no se nota a corto plazo, pero se paga muy caro a medio plazo como estamos viendo ahora.