La difusión de la auditoría encargada por el PSOE sobre sus cuentas a dos especialistas de la Universidad Autónoma de Madrid (uno de ellos, exasesor en Moncloa), después del reventón del ‘caso Cerdán’ y antes del informe de la UCO sobre José Luis Ábalos que constataba pagos "sin soporte documental" acreditado al exsecretario de Organización y a Koldo García, ha trasladado a la militancia del partido y al conjunto de la opinión pública dos conclusiones: una, que, en efecto, existieron abonos de gastos difícilmente justificables como tareas de representación, lo que alienta como poco la tesis del descontrol; y dos, que no existe financiación irregular del partido. 

Una hipótesis esta última que no cabe alentar -el PP debería abstenerse de hacerlo- mientras no medien indicios de peso, que depende de la investigación incoada en la Audiencia Nacional y que apela casi a un acto de fe cuando es la sigla a la que el juez requiere información la que encarga el análisis de parte de su intimidad contable. 

Pero que se descarten pruebas de lo peor no resta un ápice de gravedad a lo que sí se ha detectado ya. Ese manejo de dinero de dudosa explicación por parte de quien llegó a ser ministro, valiéndose de un poder interno a salvo de fiscalización. Incluida, aparentemente, la del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno.