El tránsito a la democracia fue posible cuando los hijos de los vencedores de la Guerra Civil comprendieron que la libertad valía más que la victoria y los hijos de los perdedores aceptaron que la libertad valía más que la revancha”. He querido comenzar este artículo con estas palabras de Ignacio Varela, analista, consultor político y director del Gabinete de Felipe González en la España democrática. Las palabras de Varela, sin duda invitan a la reflexión sobre temas de rabiosa actualidad muy próximos al revanchismo y el revisionismo del pasado más oscuro, pasado que hace trizas el llamado “espíritu de la transición” que el Gobierno Central de España, con un afán partidario, pretende conmemorar bajo el lema España en libertad, medio siglo después de la muerte de Franco (1975) y tres años antes del 50 Aniversario de la Constitución de 1978. 

El consenso entre las fuerzas políticas, la Ley para la Reforma política de 1976, el rey Juan Carlos I, descartado incomprensiblemente de la conmemoración, Adolfo Suárez, los grandes líderes políticos y sociales y el pueblo español hicieron posible el tránsito a la democracia. Las primeras elecciones democráticas de 1977 acabaron con la victoria de UCD, un partido que hoy la izquierda autodenominada “progresista” situaría en el espacio de la “fachosfera”. Un año después, mediante referéndum, se aprobó la Constitución de 1978, verdadero símbolo de la democracia y la libertad. La Carta Magna estableció las bases del nuevo Estado autonómico, garantizando los derechos de las diferentes comunidades y, en el caso de Navarra, respetando sus derechos históricos y sus Fueros a través de la Disposición Adicional 1ª y la Derogatoria 2 que en tanto y en cuanto pudiera conservar alguna vigencia considera derogada la Ley de 25 de Octubre de 1839, llamada “confirmatoria de Fueros”, en los territorios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa dejando fuera de esta derogación a Navarra.

Una página negra emborronó este tránsito, pues la actividad criminal de ETA, lejos de cesar en sus atentados, puso en riesgo la democracia “alumbrando” el golpe de Estado del 23-F de 1981. Más del 70% de las muertes por acciones terroristas se llevaron a cabo con la Constitución ya vigente, en el intento de imponer una negociación política al Estado para alcanzar sus objetivos entre los que Navarra nunca estuvo al margen.

Hoy la Ley de Memoria Democrática nos lleva, en su ejercicio, a una memoria selectiva y a recordar el pasado de confrontación entre españoles casi 90 años después. La izquierda se ha apropiado del poder cultural y de un pasado que la Transición parecía haber superado. El contraste entre el relato fabricado y la realidad es pura coincidencia y el respeto a la verdad, al rival político, a la igualdad, a las mujeres y a las víctimas del terrorismo brilla por su ausencia; y el respeto a la Constitución, a los jueces, al equilibrio entre territorios y a la lengua española, que a veces en alguna comunidad nos hace sentirnos extranjeros en nuestro propio país…, es prácticamente inexistente.

Estamos asistiendo poco a poco a la erosión de la España de la Transición, de la España de la Constitución de la concordia, del Estado autonómico y de la Navarra del Amejoramiento de 1982 para adaptar la gobernanza de nuestro país al gusto de quienes ostentan el poder y ayudan con sus votos a no perderlo.

No comparto la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sería bueno tener una visión comparada sobre la vertebración de la España que vivió la transición a la Democracia y la España de hoy llena de incertidumbres, desequilibrios territoriales y episodios de corrupción absolutamente rechazables que están llevando a la sociedad a un hartazgo acumulado que conviene despejar cuanto antes. No es la ley la que debe acomodarse a la conveniencia del poder, es el poder quien ha de cumplir la ley para no retorcer los fundamentos del orden constitucional. A veces, la razón parece naufragar en España y en Navarra. Quienes quieren romper España e integrar a Navarra en esa ensoñación de una Euskal-Herria independiente son los que ponen, quitan y mantienen los Gobiernos de España y Navarra.

Mientras tanto, la vivienda, la seguridad, la salud, la competitividad fiscal, la carestía de la cesta de la compra y la pérdida de credibilidad en la clase política son asuntos que requieren la atención prioritaria de nuestros gobiernos . Y el consenso de los partidos mayoritarios es una cuestión de Estado que el ciudadano demanda y mira con nostalgia los Pactos de la Moncloa de 1977.

Miguel Sanz Sesma. Presidente del Gobierno de Navarra entre 1995 y 2011.