Sí, todo un lujo ético, cultural y social, que deja en manos neutrales y no partidistas el supremo poder simbólico y representativo de la nación. El llamado “déficit democrático”, por su naturaleza genealógica, de las monarquías palidece ante la muy superior ventaja de la eficiencia institucional, al tener la garantía de una autoridad suprema incondicional, abierta a todos y al servicio de todos.

Claro que una monarquía constitucional solo es posible en sociedades conscientes de su ser y valer, amantes de su genio propio, que unen pasado con presente y futuro; que desean vivir de la tradición que las acuna y del progreso que las vivifica. La monarquía constitucional es imposible allí donde se reniega de la libertad, o del orden y el concierto, o de la unidad de la nación; donde el pasado es inexistente o solo un mal recuerdo; donde la tradición —la necesaria transmisión vital entre generaciones— es solo un vocablo viejo y ruinoso, y el futuro, solo una aventura a la intemperie sin puntos cardinales y sin paisajes reconocidos.

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La ventaja conlleva a la vez una fuerte exigencia ética, que es la entrega de por vida del monarca constitucional, como quiera que se llame, a la nación que representa, y no solo durante cuatro u ocho años, en la edad más sazonada de la vida, como suele ser el caso de las presidencias republicanas. Lo cual, claro está, lleva consigo, como bien sabemos, el peligro de la debilidad humana, a la vez que dota de una máxima riqueza de posibilidades de experiencia, conocimiento y sabiduría a quienes se dedican de verdad, durante toda su vida hábil, al bienestar y progreso de su pueblo.

Todos los tratadistas clásicos coinciden en ponderar este lado amable y positivo de la monarquía (constitucional), que nunca significa “mando de uno solo”, como suena la palabra griega, sino, al revés, quiere decir una vinculación sustantiva con el pueblo constituyente al que representa, con su pasado y su futuro; con la Constitución que la fundamenta; con el Parlamento que la elige, y por eso se llama parlamentaria; y con el Gobierno ejecutivo, sea cual sea, con el que constitucionalmente se coordina, sin interferencias ni supeditaciones nocivas, y al que añade el perfume espiritual de una historia y de un mundo simbólico que ni se compra ni se vota, y menos se intercambia o se soborna.

Uno de los políticos que entre nosotros más y mejor reflexionó públicamente sobre la monarquía constitucional fue aquel caballero de Andoáin, Joseba Arregi Aramburu, ilustrado y humanista, ex consejero y portavoz del Gobierno Vasco (1985-1995) que nos dejó por ahora hace cuatro años. Tras su meditado viaje del nacionalismo tradicional al constitucionalismo español y su valiente enfrentamiento al terrorismo separatista vasco, Arregi, autor de numerosos libros y artículos periodísticos, lúcidos y hasta brillantes, desentrañó la tradicional neutralidad de la institución monárquica, vinculándola con la preceptiva “aconfesionalidad“ política del Estado democrático.

“¿Quiénes son —se preguntaba, un año antes de su muerte— los que realmente quieren abolir la monarquía? La respuesta, en parte, salta a la vista: los nacionalistas, la extrema izquierda que quiere otro Estado, y los que vinculan la república con una mejor democracia, aunque la realidad constatable diga lo contrario. Visto lo visto, la democracia necesita una fuerte institución democrática que actúe de conciencia crítica de todos los poderes, sometida como está a no ejercer ningún poder: la monarquía constitucional”.

Pero antes nos había recordado que las mayores dictaduras del siglo XX fueron dictaduras laicas, de confesión ideológica, y con pretensión científica, que no respetaron la aconfesionalidad política del Estado democrático, que impide que nadie se crea en posesión de la verdad, de la legitimidad, de la justicia y de la moral de la historia, últimas y definitivas. La monarquía constitucional, en cambio, cumple, por definición, con esa exigencia: representa la plenitud del poder del simbolismo, pero no del poder real, y es la mejor conciencia del pluralismo, de la igualdad de todos y del poder absoluto de nadie.

Hace unas semanas, mientras elogiábamos la actuación de la monarquía española en ese momento, jugábamos varios y viejos amigos a elegir candidatos posibles a una hipotética y quimérica III República: nos limitábamos a conocidos presidentes del Gobierno de España desde 1978, o presidentes —ellos y ellas— de partidos políticos actuales. Algunos nos parecían, en verdad, horrorosos. Pero incluso los más aptos quedaban muy por debajo, por diferentes motivos, de los actuales reyes de España, que son, por fortuna, una muy notable excepción en el tablero político de hoy. ¡Todo un ejercicio de politología práctica y no solo de mera teoría política!

Víctor Manuel Arbeloa. Escritor