Cuatro provincias, Orense, León, Zamora y Cáceres, se adentran en la segunda semana de incendios catastróficos con la esperanza de que el cambio en las condiciones meteorológicas ayude a encauzar un episodio trágico. Una sucesión de calamidades y negligencias que ha devorado en lo que va de año 403.200 hectáreas de superficie arbolada y monte bajo según estima Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. 

La combinación de una gestión forestal a todas luces insuficiente con los registros de récord de la última ola de calor, propiciada por la crisis climática, abonó el terreno para unos fuegos en los que fallecieron cuatro personas y otras catorce resultaron heridas. La valoración de los daños materiales está todavía pendiente de la definitiva extinción de los siniestros, cuando miles de afectados comuniquen a aseguradoras y autoridades una factura que se teme multimillonaria. 

Aunque las temperaturas vuelven a acomodarse a la estación, persisten los fuertes vientos que dificultan la lucha contra los 18 grandes incendios que este jueves seguían todavía activos. Un combate que concentra sin tregua a 3.200 militares -con la UME desplegada al completo- y a cientos de bomberos de los territorios afectados, de otras ocho comunidades autónomas (24 de Navarra se desplazaron a León) y siete países del resto de Europa. 

Un trabajo ejemplar en el que profesionales y voluntarios arriesgan la salud y hasta la vida, en un silencio que contrasta con el ruido ensordecedor de reproches que el mundo de la política introduce en lo más urgente, apagar los fuegos para permitir que miles de evacuados -este jueves aún eran 33.000- vuelvan a sus localidades. Y en lo aún más exigente que está por venir, la reconstrucción de lo dañado y el análisis de fallos y carencias de los que seguramente no se libra institución alguna. 

Eso debería marcar la agenda a una clase política a la que los ciudadanos exigen que salga del lodazal del fuego cruzado y trabaje unida. Por desgracia, no parece que vaya a ser así con episodios como los de este jueves, con el PP llamando “pirómana” a la directora general de Protección Civil y Emergencias. Ese no es el camino.