Gracias, Gobierno de Navarra, Gracias, señor Gimeno. Me levanté el emblemático día 1 de mayo con la noticia de que se asumen y ejecutan 3.5 millones para garantizar el derecho a la jubilación parcial en la educación concertada. Cualquier lector de la columna deducirá que es una estupenda noticia, de hecho, casi han conseguido convencerme hasta a mí. Se interpreta que, al cambiar con carácter general la jubilación parcial, todas las partes implicadas (Gobierno, patronales y sindicatos) renegocian hasta llegar a un final de cuento. Es ese tipo de noticia que al juntarse con un familiar o amigo, se nos dice: “¡luego os quejáis, 3,5 millones!”. ¡Qué titular! ¡Qué caros somos! Sin embargo, solo es consecuencia de la aplicación mutilada de un nuevo Decreto. Según lo publicado y calificado como un hito, a falta de que el Estado realice las modificaciones legales necesarias, se aplicará al funcionariado, que lo perdió en 2012. La renegociación o nueva negociación del Acuerdo (han modificado la vigencia, ajena a la jubilación), a mi parecer, ha sido traumática, de esas que traerán consecuencias. Como siempre, en la firma no ha habido unidad sindical; por tanto, la mayoría sindical para facilitar la firma dependía de un sindicato (UGT) cuya afiliación, a su vez, también estaba dividida. Fueron necesarias dos votaciones y una llamada para llegar al “Sí a la firma”. Quien escribe es delegado y afiliado por este sindicato en un centro concertado, probablemente lo dejaré en breve, esta decisión viene motivada por esta firma que, a mí modesto entender, va en contra de la línea o ADN que me unía a este sindicato. Pero ese es otro cantar.

La cifra (3,5 millones), para un servidor, necesita una adaptación curricular. Seguramente la partida económica para la “progresista” Jubilación Parcial ha aumentado respecto a la que se aplicaba hasta ahora pero, a cambio, se han recortado otras, posiblemente en la misma cantidad que ha aumentado la primera, hasta llegar al objetivo de no modificar el presupuesto (o mínimamente). Contribuirán a la financiación de esta jubilación más cara los siguientes aspectos: la diferencia de salario entre relevista y relevado debido a la antigüedad, la pérdida de la reducción histórica de dos horas lectivas a los 59 años y también, de un complemento económico, pero para esto no hay ni titular ni nota de prensa. De todas formas, no sé cuánto especulo en mis cuentas, pues ninguna he visto, y no miento cuando digo que me habría gustado conocerlas antes de la firma del Acuerdo. Ojalá que haciendo un ejercicio de transparencia las hagan llegar a los sindicatos, o que estos se las pidan. He aprendido que se puede mentir, incluso, diciendo la verdad.

Pero no solo de jubilación vive el Acuerdo: por si el castigo era pequeño, deciden firmar para cuatro años (¿por qué?) dejando aparcadas varias medidas que se vienen reclamando con insistencia, y muy necesarias por los cambios sociales y que afectan a todo el colectivo, también para quienes todavía ven lejos la jubilación. Citaré algunas: orientación, formación, tutorías, programaciones, evaluaciones, preevaluaciones, digitalización, calidad, inclusión, sostenibilidad, coeducación, atención personalizada, integración, atención a déficits, el “millón” de reuniones… e incluso, impartir clases; exigen al profesorado una manera de hacer que debería tener contrapartidas en la jornada lectiva. Me cuesta creer que alguno/a de los firmantes imparta 23 sesiones lectivas a la semana y, además, sea tutor/a de una FP básica. Tampoco el PAS (personal de administración y servicios) sale bien parado de la firma.

Si coincidiendo en fechas con nuestra firma, leemos las condiciones firmadas por nuestros compañeros/as de la Enseñanza Pública, nuestro panorama es desolador y, como se expresa ahora, asimétrico. Me atrevería a afirmar que se ha firmado un Acuerdo con aranceles. Cuatro años de travesía.

Miguel Rubio, profesor y delegado en la enseñanza concertada.