El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) fue una promesa estrella de la campaña que devolvió a Donald Trump al Despacho Oval. Su objetivo sería “optimizar la excesiva burocracia, el despilfarro y el fraude” que heredaba de Joe Biden en una Administración federal que el mismo Trump ya pudo haber atajado entre 2016 y 2020. Y lo más llamativo era el elegido para liderar la tarea: Elon Musk, el hombre más rico del mundo y multiempresario tecnológico al que el hecho de que sus compañías disfruten de contratos públicos bastaría para descalificar.

Los críticos con el desempeño de DOGE en sus casi tres meses de andadura echan en falta un plan conocido y el asesoramiento de expertos en gobernanza. La necesidad de modernización administrativa parece indiscutible en un país con deuda y déficit descomunales. Pero se cuestionan los criterios sin transparencia, los métodos intimidatorios con el personal, el indiscriminado recurso al despido o, en el mejor de los casos, a las renuncias incentivadas. Resoluciones judiciales que habían devuelto a sus puestos a trabajadores afectados se ven enmendadas por el Supremo, que acaba de bendecir la expulsión de 16.000 contratados a prueba. Organizaciones de derechos civiles subrayan el acceso de Musk y su tropa a datos sensibles del Departamento del Tesoro, el uso del sistema sanitario para localizar y detener a indocumentados, el empleo de la aplicación Signal para favorecer la opacidad o el recurso a la IA en busca de hostilidad hacia el presidente y su política.

La motosierra recorta 4.000 empleos en el Departamento de Transportes en plena escasez de controladores aéreos, prescinde de 22.000 recaudadores en medio de la campaña de la renta y elimina la atención telefónica en la Seguridad Social a 40 millones de ciudadanos. La NASA, como la empresa espacial de Musk, dará prioridad a Marte sin volver antes a la Luna. Tanto recorte debería ayudar a cumplir el ‘ahorro’ prometido de 2 billones de dólares, pero solo serán 150.000 millones en el primer año fiscal.