La ley de extranjería que convalidó a finales de la pasada semana el Congreso deja para el final la cuestión humanitaria más urgente: acabar con el hacinamiento de los casi 5.000 menores extranjeros no acompañados que desbordan la capacidad de acogida de Canarias y Ceuta. A pesar de la emergencia, los jóvenes migrantes seguirán hacinados en esos centros al menos hasta el verano, fecha en la que está previsto el inicio de su reparto entre las diferentes comunidades. Antes, el Gobierno central convocará el 28 de abril a las autonomías a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia para determinar su controvertida distribución. 

El decreto que reforma la ley salió adelante con los votos del PSOE y de sus socios de investidura, incluido Junts. Formación que, por cierto, ayudó a tumbar en julio el anterior intento de aprobación al votar junto a PP y Vox. Resulta incomprensible la incapacidad de los dos principales partidos en llegar a un acuerdo sobre una materia tan sensible, arrastrados por la refriega política que todo lo copa. Es necesaria una respuesta en profundidad a la crisis humanitaria. Con acciones coordinadas en los países de origen de los menores y en la cadena de tránsito para contribuir al desarrollo económico y contener una salida descontrolada. Y garantizando los derechos de los jóvenes que llegan a nuestros centros de acogida.

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Velar por la convivencia y la integración evita que proliferen las recetas de mano dura contra la inmigración irregular, en una tarea en la que sería conveniente involucrar a las comunidades extranjeras ya asentadas para facilitar la adaptación. El debate se presta a la demagogia populista, pero no hay varitas mágicas. Por eso se echa de menos que PSOE y Partido Popular actúen unidos y de una manera solidaria. La estrategia más consensuada posible aseguraría sin tanto revuelo el reparto de los menores y la dotación de los recursos necesarios para adaptar la red de acogida.