Tal vez haya escuchado alguna historia acerca de los problemas medioambientales que sufren varios países insulares, especialmente en el Pacífico y en el Caribe. En concreto, es probable que conozca cómo la subida del nivel de los océanos está afectando a muchos de estos archipiélagos de baja altitud. Durante las últimas décadas, estos pequeños estados vienen sufriendo el inexorable efecto que la crecida de los mares va teniendo sobre su territorio. Observan, impotentes, cómo el avance de las aguas marinas produce una importante erosión costera. La intrusión del agua salada en las masas y corrientes de agua dulce, tanto superficiales como subterráneas, está convirtiendo sus tierras en inhabitables. Así, lugares idílicos que atraían a mucha gente, ahora asisten con resignación a una huida de su población con los consiguientes problemas para su economía.

Imagino que se estará preguntando qué tiene que ver Navarra con todo esto, puesto que nuestra tierra no es, evidentemente, un archipiélago sometido a semejante presión. Ahora bien, en la Comunidad Foral sufrimos un fenómeno que ofrece similitudes con la subida de los océanos: el aumento de la presión fiscal.

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Los gobiernos que se vienen sucediendo en Navarra desde 2015 han ido, poco a poco, incrementando la presión fiscal que imponen sobre las familias, las empresas y los ciudadanos. Ha sido un proceso progresivo, al que en las dos últimas legislaturas no ha dudado en sumarse con entusiasmo el PSN, tan crítico inicialmente con los partidos que hace ya casi una década formaban gobierno y que ahora son sus socios. Cada ley, cada decisión sobre impuestos, cada reforma tributaria, de mayor o menor calado, ha ido siempre en la misma dirección; todas han supuesto en cada momento una nueva vuelta de tuerca para apretar a los contribuyentes, un paulatino endurecimiento del IRPF para los ciudadanos navarros. En todas las ocasiones abiertas a interpretación, también se ha optado por alguna posibilidad más gravosa para la sociedad navarra que para la de otras regiones. Piense en ejemplos como la negativa a aplicar la exención en el IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad. O la discriminación que padecen los mutualistas, es decir, los actuales pensionistas navarros que cotizaron por partida doble hace medio siglo y que ahora, a diferencia de lo establecido por la ley estatal, no pueden reclamar la desgravación de los años del 2020 al 2022.

Las comparaciones pueden ser odiosas, desde luego, pero en materia fiscal son absolutamente necesarias, porque las diferencias en impuestos entre territorios constituyen incentivos poderosos para las decisiones de trabajadores, empresas y familias. En definitiva, son un elemento clave para la prosperidad. El ranking del Índice autonómico de competitividad fiscal ofrece una comparativa sencilla de interpretar. Navarra ha ido perdiendo posiciones conforme empeoraba nuestro marco tributario. Nos encontramos ya en la posición 13ª, lejos de las mejores posiciones que llegamos a ocupar. Hemos dejado de ser una región “idílica” en competitividad, perdiendo mucho del atractivo que tuvimos para la inversión extranjera, el talento y las empresas, que ahora miran alrededor y se encuentran con CCAA que les ofrecen mejores condiciones fiscales. En pocas palabras, estamos viendo cómo la subida de la marea impositiva erosiona nuestro crecimiento potencial y daña nuestra prosperidad. De hecho, podría decirse que cada una de las medidas tomadas en estos últimos años en Navarra han sido más que una subida de la marea una serie de olas que nos han ido cubriendo lentamente. Quizá conozca ese mito de que las olas viajan en grupos de siete y que la séptima siempre es la mayor de todas. Lamentablemente, los ciudadanos navarros estamos cerca de ella. Esperemos que si llega no sea tan “letal” como lo es en la canción “La séptima ola” de Nacho Vegas.

Cuando se hace este tipo de análisis, tenemos que compararnos con el País Vasco por tres razones: la proximidad geográfica, elemento clave en las decisiones de empresas y personas; el régimen foral del que disfrutan Navarra y las tres provincias vascas; y, por último, la presencia de los mismos partidos en los gobiernos de los cuatro territorios. El resultado de esta comparación es inapelable. Mientras que las provincias vascas utilizan su autonomía financiera y fiscal para situarse en tres de los cuatro primeros puestos del ranking, Navarra parece empeñarse año tras año en aplicar medidas tributarias que nos hacen perder posiciones.

Dejando brevemente aparcado el aspecto fiscal, las recientes elecciones en el País Vasco han sido un ejemplo claro de esta diferencia de criterio en las dos comunidades. Mientras en Navarra hemos asistido a una cesión del Ayuntamiento de Pamplona por parte de Partido Socialista, con apoyo de Geroa Bai, a EH Bildu, en la CAV el argumentario ha caminado por el sendero opuesto: tanto PNV (hermano mayor de Geroa Bai) como Partido Socialista han renegado de la formación abertzale por suponer retroceso para la comunidad.

La gran cuestión es por qué este empeño en actuar diferente en comunidades vecinas. ¿Qué mueve a los partidos que nos gobiernan a perjudicar a Navarra favoreciendo a las provincias vascas? ¿Qué tipo de cálculos políticos e ideológicos están detrás de esta deriva? ¿Diluir Navarra e integrarla en lo que hoy es el País Vasco? Cualquiera puede hacerse sus propias conjeturas al respecto, algo muy lógico cuando falta transparencia. Por eso, ante todo deberíamos exigir explicaciones a los responsables. Incluso aunque no sepamos si estos están en Bilbao o en Pamplona. Sea como fuere, esperemos que comiencen a achicar agua para que la situación comience a revertirse. De lo contrario, la séptima ola nos absorberá.

María Jesús Valdemoros Erro. Parlamentaria de UPN y Lecturer en IESE Business School