El presidente Sánchez, y por ende, todos los altos cargos socialistas que le rodean, se empeñan en repetir que cualquier cuestionamiento a sus decisiones, o que se produzca un señalamiento judicial contra la mujer del líder del Ejecutivo, suponen ataques intolerables y campañas de derribo orquestadas por la derecha y la ultraderecha. Basta ver la catarata de reacciones excesivas de ayer, como la de presidenta Chivite diciendo que “se está poniendo en riesgo la democracia”. Es el mantra frentista con el que el sanchismo ha decidido guiar la legislatura desde el mismo día de la investidura, cuando, conviene no olvidarlo, ya Pedro Sánchez habló sin tapujos de la necesidad de “levantar un muro” frente a las derechas, ninguneando a sus millones de votantes. 

Ese ha sido el plan del presidente desde el principio, embarrar el mensaje a la opinión pública, como si la polarización política fuera responsabilidad exclusiva de la oposición, y ahora, una vez más, se permite ser él el único capaz de ungir con la pátina democrática a las decisiones que considere. Y toda legítima réplica o contestación a sus políticas o la de sus socios, es considerada como campaña o 'fake news'. 

Algo que resulta especialmente difícil de aceptar viniendo de quien ha tratado de hacer pasar por cambios de opinión los reiterados incumplimientos de promesas electorales. Ahí están sus constantes negativas a posibles pactos con EH Bildu o su crítica a Puigdemont o a ley de amnistía, para hacer luego lo contrario en ambos casos. Todo por pura conveniencia política y el deseo de optar al sillón a cualquier precio, y que sólo han contribuido a tensionar las estructuras del Estado de Derecho. A Sánchez corresponde lidiar con sus legítimas decisiones. Pero el retiro victimista del presidente hasta el lunes, además de la irresponsabilidad que acarrea por el desconcierto general en el que sume al país, es un ejemplo extremo más de quien entiende la política como un plebiscito personalista, priorizando una vez más sus intereses sobre los del conjunto de los españoles. Sea cual sea la decisión del presidente, la legislatura se antoja aún más inestable.