Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad”. Esto declaraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuatro días de las Elecciones Generales del 10 de noviembre de 2019. “El independentismo pedía la amnistía y pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá”. Y así de rotundo se pronunciaba el todavía presidente del Gobierno a tan solo dos días de las elecciones generales del pasado 23 de julio de 2023.

La hemeroteca es implacable con las mentiras, los engaños y las falsedades de Sánchez. Desde el “no voy a pactar con Bildu, ¿cuántas veces quiere que se lo repita?” a “la amnistía es totalmente inconstitucional”, se ha desmentido una y otra vez en todo lo que ha dicho, entregando el Ayuntamiento de Pamplona a los herederos políticos de ETA y dejando al prófugo Carles Puigdemont como redactor de su propia ley de impunidad.

Es un fraude a la voluntad de los votantes sin precedentes. Pero aún es más indecente si recordamos que responsables del Partido Socialista reconocieron que llevaban hablando con Junts desde marzo de 2023, lo que deja patente que mintieron a todos los españoles a sabiendas de lo que iban a ser capaces de hacer para mantenerse en el poder. Aunque para los líderes sanchistas no hay ápice de vergüenza en todas sus tropelías, alivian su conciencia llamándote “facha” si defiendes lo que defendía el PSOE hasta que perdieron las elecciones en julio y decidieron, por 7 votos, humillar el Estado de Derecho en el que se fundamenta la democracia española para mantenerse en el poder a cualquier precio. Era su única posibilidad de seguir gobernando.

Actos para promover o procurar la secesión, usurpación de funciones públicas, malversación, prevaricación, desobediencia, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad, desconsideración o crítica contra autoridades, funcionarios públicos, entes o instituciones públicas, sus símbolos o emblemas; actos contra el orden y la paz pública, acciones dirigidas a impedir la actuación de funcionarios públicos, delitos de terrorismo y alta traición. Todos estos delitos se van a dejar impunes. Y lo van a ser tras dejar a los delincuentes redactar ellos mismos la forma en la que van a librarse de sus delitos. Cada artículo de esta ley de impunidad (que no amnistía) tiene nombre y apellidos. No ha habido ningún límite.

Más allá de que esta ley sea ilegal e inconstitucional, lo más grave es que es injusta. Se rompe con la igualdad de los españoles ante la ley y se manda el mensaje perverso de que, si tienes la fuerza suficiente para poder chantajear al Gobierno, puedes cometer todos los delitos que quieras y luego exigir que desaparezcan, creando una élite política privilegiada e impune.

Se está hablando mucho de corrupción las últimas semanas a raíz del llamado ‘Caso Koldo’, y al Gobierno se le llena la boca diciendo que son “implacables contra la corrupción”. Tan implacables son que van a amnistiar a todos los independentistas catalanes que prevaricaron y malversaron recursos públicos en su proyecto secesionista. Pero, sin ninguna duda, la mayor corrupción política que puede haber es la compra de votos para mantenerte en el poder a cambio de impunidad, borrando delitos tan graves como los que cometieron Puigdemont y el secesionismo catalán.

La ley de amnistía no sólo se ha hecho a medida de un prófugo de la justicia; además, se ha rehecho y vuelto a rehacer en función de cómo cambiaba la situación procesal de ese fugitivo. Una y otra vez hasta que Puigdemont ha creído que su impunidad podía estar asegurada. Esta es la más flagrante evidencia de la arbitrariedad de esta ley. Esto, por sí sólo, ya supone una vulneración de la Constitución, de la española y de cualquiera. Porque no hay ninguna constitución democrática en el mundo que soporte la legislación a la carta de un delincuente. Y menos como pago por su apoyo parlamentario. Así no se gobierna un país democrático.

Después de tantas cesiones, ya no se puede saber hasta dónde va a ser capaz de llegar Sánchez, hasta dónde va a humillar a España. Los independentistas ya están diciendo que, una vez lograda la amnistía, ahora lo próximo será el referéndum de autodeterminación. Y lo más grave es que ni Sánchez ni nadie en el sanchismo tiene credibilidad alguna para negar su celebración, porque ya lo hicieron con los indultos y con la amnistía.

Alberto Catalán Higueras. Diputado por Navarra de UPN