La semana política en Navarra ha estado monopolizada por una sorpresa mayúscula. La decisión del Tribunal Supremo de anular las transferencias de Tráfico a Navarra el año pasado. Una decisión inesperada que pone patas arriba y reabre un debate que parecía ya zanjado. Y que además tiene múltiples caras. Viene salpicado de agrias polémicas políticas a nivel nacional, discusiones sobre el Fuero o situaciones personales de agentes de la Guardia Civil de Tráfico que no terminan de aclararse. Es una cebolla con muchas capas.

Competencias sin discusión. El núcleo del debate es un tema competencial. Una discusión jurídica de alto nivel sobre si Navarra tiene competencias exclusivas sobre Tráfico y seguridad vial, donde ahora ejercen de hecho tanto la Policía foral como la Guardia Civil. 

La inmensa mayoría de las fuerzas políticas navarras, de derechas y de izquierdas, han sostenido siempre que sí, apoyándose en el Amejoramiento y los “derechos históricos” reconocidos en la Constitución. Así lo aceptaba también el propio Estado al hacer las transferencias.

Pero ojo, esta doctrina no ha sido unánime. El foralista Jaime Ignacio del Burgo dejó razonado que esa competencia no estaba reconocida como tal en el Amejoramiento, lo que hace que sea necesario cambiarlo o aprobar una ley orgánica en la que el Estado la traspase. Eso es exactamente lo que ha fallado ahora el Supremo, dándole la razón.

Dos interpretaciones del Fuero. Del Burgo, de hecho, hizo llegar en su día el informe con su tesis a la presidenta María Chivite y a distintos partidos. La verdad es que no encontró ningún eco. Los juristas, tanto del Gobierno como del Parlamento, vieron válida la fórmula del traspaso porque sostenían que era una compentecia histórica. 

Se basaban en la propia doctrina del Supremo de 2018. Entonces, el alto tribunal hizo una interpretación “expansiva” del Fuero al considerar que podía defenderse la competencia al haberse ejercido años antes (la primitiva Policía foral nació en 1928) y estar bajo el paraguas de los “derechos históricos”. 

Pero seis años más tarde, la doctrina del Supremo se ha ajustado. Y los magistrados han hecho ahora una lectura más “restrictiva” y limitada a lo que dice el Amejoramiento de forma textual. Y al hacerlo le han dado un zasca al Gobierno de Sánchez y al de Chivite puesto que se anulan las transferencias por mal hechas. Un cambio del Supremo que habrá que ver que otras consecuencias puede tener para el autogobierno en el futuro.

Batalla política. Y, claro, la discusión “foralista” va por un lado y la política, por otro. Y lo enfanga todo. Porque las competencia de Tráfico las han pedido todos los gobierno de Navarra desde hace décadas. Miguel Sanz (UPN) ya le arrancó la promesa a José María Aznar (PP).

 Pero fue Pedro Sánchez quien permitió que EH Bildu se llevase el mérito de poner fecha a la transferencia. Nadie en el PSOE tuvo la más mínima sensibilidad para darse cuenta de que no podían dar una baza política a Bildu con la salida de Guardia Civil de Tráfico de Navarra. De que ese gesto era un despropósito ofensivo para la propia Guardia Civil tras los años de plomo etarra. Y así estamos.

Añádase las exageraciones desde Madrid con frases como “se expulsa a la Guardia Civil de Navarra” (algo totalmente falso, dado que Tráfico es apenas un 10% de la plantilla de guardias) y tenemos un barro político mayúsculo donde todo se contamina. Esa es la realidad. 

Chivite quiere retomar las competencias atándolas con un cambio en el Amejoramiento. Parece la mejor vía para recuperarlas, sin duda. Pero es una carrera de obstáculos en la endiablada política española, ya que necesita ser aprobada en las Cortes por mayoría en el Congreso y en el Senado (controlado por el PP).

Un buen servicio. Por último, conviene tener muy presente que este será un tema importante, pero a los ciudadanos navarros no les quita el sueño. De hecho, este lío no tiene consecuencias prácticas en la vida diaria. El mes que viene Policía foral y Guardia Civil compartirán la vigilancia de las carreteras navarras igual que lo hacían el mes pasado. Es un tema que ocupa y preocupa mucho más en los círculos políticos y administrativos que en la calle. 

La mayoría de los ciudadanos lo único que quieren es un buen servicio policial, con independencia del color del uniforme. Y no les sobra nadie. Ni verdes ni rojos. Lo exigible es una excelente coordinación y aprovechar al máximo los recursos, dejando atrás visiones corporativas. No debiera ser difícil.