Los socios de Gobierno (PSN-PSOE, Geroa Bai, Contigo-Zurekin) y EH Bildu han registrado en el Parlamento de Navarra para su debate y votación por el procedimiento urgente una proposición de ley para, por un lado, regular el alquiler de habitaciones en Navarra y, por el otro, obligar a justificar los arrendamientos temporales. 

Como se explica en la proposición, estos arrendamientos por habitaciones quedan fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos y en Navarra se rigen por el Fuero Nuevo lo que les otorga mayor libertad de pacto entre las partes tanto en duración como en precios con la única limitación de que dicho pacto "sea contrario a la moral o al orden público, vaya en perjuicio de un tercero o se oponga a lo dispuesto en la normativa foral". Los socios de Gobierno y EH Bildu, firmantes de la proposición, defienden que, en el momento actual y a fin de garantizar el derecho constitucional a una vivienda, resulta fundamental proteger a los inquilinos en aquellos supuestos en los que el contrato de la habitación "se destine a satisfacer la necesidad permanente de vivienda distinguiéndolo de aquellos otros supuestos en los que el destino primordial sea satisfacer una necesidad temporal".

En lo que respecta al alquiler por habitaciones para residencia habitual, la norma equipara el régimen jurídico de estos contratos a los contratos de vivienda completa exigiendo el registro de los mismos y aplicando las mismas condiciones de duración, plazo mínimo, prórroga, desistimiento y fianza de la misma forma que se establece en la LAU. Además, establece que "en las zonas tensionadas, el sumatorio de las rentas de todas las habitaciones de un inmueble no podrá superar el precio máximo establecido para esa zona", con lo que se busca evitar que la división por habitaciones sirva como mecanismo para no aplicar los límites de precio. 

En la proposición también se definen los contratos por habitaciones de temporada asegurando que deberán estar vinculados a causas reales -como motivos laborales, formativos o asistenciales- y debidamente acreditadas porque, en caso contrario, la norma establece que podrán ser inspeccionados y sancionados por la Administración. 

Además, la norma fija que estos contratos no podrán superar el año de duración y que, si no se acredita su carácter temporal, pasarán automáticamente a considerarse alquileres de vivienda habitual, "con todas las garantías legales para la parte arrendataria".

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La proposición introduce la obligatoriedad de inscribir todos los contratos en un registro público, lo que permitirá mejorar la transparencia, reforzar la inspección y detectar prácticas fraudulentas. Tras su aprobación en el Parlamento, para lo que los grupos proponentes tienen mayoría, la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BON aunque la obligatoriedad de inscribir estos contratos no surtirá efectos hasta el 1 de enero de 2027.

Para UPN la proposición es "un nuevo despropósito para ahuyentar el alquiler y una huida hacia adelante respecto de los problemas que el Gobierno de Chivite crea en torno a la vivienda. La limitación de precios con la norma de zonas tensionadas ha desplomado la oferta de alquiler o ha desviado numerosas viviendas de alquiler para vivir hacia el alquiler de temporada, y una vez ocasionado el problema, los partidos del gobierno, promueven más normas para perseguir el alquiler".

Para el regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin "la oferta de vivienda se incrementa promoviendo vivienda protegida, ofreciendo incentivos y flexibilizando las normas en lugar de incrementando la burocracia y persiguiendo a los posibles arrendadores como hace el Gobierno de Chivite en una alocada carrera normativa. Con esta norma igual que las anteriores, no se crean más viviendas ni más asequibles sino todo lo contrario".

“El mercado del alquiler no puede seguir funcionando sin reglas. Estamos viendo cómo se utilizan contratos de temporada fraudulentos para subir precios de forma encubierta”, ha explicado este jueves el portavoz de Contigo Daniel López Córdoba. Asegura que "con esta ley ponemos reglas claras para acabar con los abusos y garantizar derechos básicos además de impedir vacíos legales a aquellos que quieren escaparse de la regulación. El derecho a la vivienda debe estar por encima de los intereses especulativos”.

Por su parte, el portavoz socialista en Vivienda, Kevin Lucero ha asegurado que “esta ley viene a frenar abusos, a dignificar a personas y a seguir garantizando el uso social de la vivienda. Además, garantiza que no exista una vía de escape para quien quiera especular con la necesidad de vivienda de los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra”.