La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, considera que los inquilinos navarros que pidieron la prórroga del alquiler de sus contratos en plazo tienen ese derecho garantizado a pesar de que esa prórroga extraordinaria es ya cosa del pasado. El derecho a la misma sólo estuvo en vigor 37 días porque se incluyó en un decreto que no fue convalidado por el Congreso de los Diputados -PP, Vox y Junts votaron en contra y el PNV se abstuvo- lo que ha derivado en un escenario jurídico complejo que está dando lugar a diferentes interpretaciones. "Quien haya pedido la prórroga del real decreto en vigor lo ha hecho acogiéndose a la legalidad vigente y goza de ese derecho", ha remarcado esta mañana Alfaro.

La consejera se ha pronunciado en estos términos en respuesta a dos preguntas que han formulado en el Pleno del Parlamento el parlamentario de grupo EH Bildu Mikel Zabaleta Aramendia y el parlamentario del Contigo Daniel López Córdoba que pedían saber a cuántos navarros estima el Gobierno de Navarra que afectará la derogación de la prórroga extraordinario de los contratos de alquiler y conocer la situación jurídica concreta en la que quedan a partir de ahora los inquilinos.

Alfaro ha asegurado que en España ya se vivió en 2018 una situación similar a la vivida ahora con el real decreto por el que se reformó el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para alargar el plazo de duración de los contratos de tres a cinco años y que estuvo en vigor tan sólo unas semanas antes de ser sustituido por otro decreto. Sin embargo, según las fuentes consultadas, en aquel momento no todos los contratos se vieron afectados sino sólo los que vencían durante el tiempo en el que estuvo en vigor el primer decreto.

Ahora, después de que el pleno del Congreso derogara el pasado 28 de abril el decreto Ley que permitía la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler donde se contemplaba la posibilidad de prorrogar por dos años adicionales (tres en zonas tensionadas) aquellos contratos que finalizaran entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, hay especialistas que entienden que sólo podrá mantenerse la prórroga de los contratos que hayan vencido durante el mes de vigencia del texto y que lo contrario sería un "fraude constitucional" porque un "decreto no convalidado" no puede tener efectos en el futuro. Otros van aún más allá y consideran que un decreto derogado es un decreto nulo y como consecuencia también lo son todos los actos que hayan sido ejecutados al amparo del mismo.

Este jueves, no obstante, la consejera de Vivienda ha descartado esta última opción apelando al principio universal que se aplica en derecho sobre la imposibilidad de legislar con carácter retroactivo. Y de ahí, ha explicado, que desde la dirección general de Vivienda del Gobierno de Navarra , en previsión de que el decreto pudiera no ser convalidado, se enviara a finales de marzo 10.000 cartas a inquilinos de la comunidad para informarles sobre la aprobación del decreto y recomendarles acudir a la oficina de Correos más cercana a sus domicilios para solicitar por escrito al propietario de los inmuebles la prórroga de los contratos al entender que las prórrogas que fueran solicitadas formalmente (por burofax o carta certificada) durante la vigencia del decreto eran plenamente operativas y su ejecución no debería verse anulada con efectos retroactivos.

Es más que probable que muchos propietarios lleven esta cuestión ante los tribunales, así que serán ellos los que finalmente determinen si esta prórroga produce efectos tras la derogación del Real decreto o no.

Tras decaer el decreto, en los contratos que afectan a inmuebles que se encuentren en zonas tensionadas, en Navarra en torno al 80% del total, los propietarios ya no tendrán obligación de renovarlos aunque, a diferencia de los arrendamientos en el resto de zonas, tampoco podrán subir el precio y de ahí que desde el Gobierno de Navarra confíen en que la mayor parte de los contratos se renueve con normalidad. La relación contractual volverá a regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La duda que no ha despejado Alfaro este jueves es cuántos navarros se ven afectados por la no convalidación de la prórroga extraordinaria. Según ha explicado, en el departamento "no disponemos de datos" de las personas afectadas por la no convalidación de la prórroga de alquileres ya que se trata de un trámite "que no tiene que pasar por nuestros registros oficiales". No obstante, ha recordado que alrededor de 10.000 personas podían beneficiarse de esta medida y ha asegurado que "muchos inquilinos han ejercitado este derecho", basándose en respuestas a las misivas que mandó el Ejecutivo foral a personas que podían pedir esta prórroga y a las 800 atenciones realizadas en el servicio de mediación sobre esta cuestión.

La consejera ha aprovecha las preguntas para asegurar que 6.425 de las viviendas que se alquilan en Navarra están en manos de grandes tenedores. De ellas, según ha detallado, 5.347 pertenecen a 112 personas jurídicas y 1.078 a 124 personas físicas. "El 30% del mercado del alquiler en Navarra", ha concluido.