Tras las elecciones generales celebradas el pasado día 23 de julio, el Rey encargó primeramente ir a la investidura al presidente del PP, ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, que contaba con 172 votos, resultando fallido su nombramiento como presidente del Gobierno, al no haber obtenido los 176 votos necesarios tras los debates de los días 26, 27 y 29 de septiembre.

Ahora, el Monarca ha designado al otro candidato a la investidura, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que cuenta también en principio con 171 votos, y dispone de dos meses para conformar nuevo gobierno. Transcurrido el plazo de dos meses, desde la primera votación de investidura, si ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones, a celebrar el 14 de Enero, con el refrendo del presidente del Congreso. La aritmética parlamentaria resultante de las pasadas elecciones ha dejado un futuro incierto para España. Tras el fracaso de la investidura de Feijóo, Sánchez ha recibido el encargo con ilusión, y busca in extremis los 7 votos de Puigdemont (Junts), que, sumados a los 171 que ya tiene asegurados, le mantendrían en la Moncloa cuatro años más, con lo que obtendría un gobierno Frankenstein II. Ahora bien, en las negociaciones llevadas a cabo entre el PSOE y Junts, para que Sánchez alcance dicha investidura, el precio a pagar resulta insólito, porque debe cumplir con unas exigencias ineludibles, que todavía hoy se desconocen por completo, al no haberse cerrado el acuerdo definitivo entre ambas partes. Porque, a pesar de que Sánchez dice que buscará los votos debajo de las piedras, aún tiene que encontrarlos. Se da por seguro que el líder socialista será dadivoso con sus partidos satélites, pero el acuerdo se tiene que cerrar; y en política, nada está cerrado hasta que todo está cerrado. Hasta la fecha, sólo conocemos las exigencias de Junts, que asimismo comparte y exige el partido ERC, que son condiciones indispensables para su voto favorable a la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. 1) Una ley de Amnistía total, como exigencia principal, que exima de responsabilidad penal a los participantes en la fallida declaración unilateral de independencia (DUI) de Cataluña del 1-10-2017, que culminó con la aplicación del artículo 155 CE, que suponía la intervención de Cataluña por parte del Estado y la destitución del presidente de la Generalitat y de todo su Govern, por un delito de sedición consumado, al que fueron condenados por el TS los golpistas del 'procés'.

Con ello, se garantizaría la impunidad de Puigdemont y su regreso a España, a resultas de los delitos independentistas de 2017 y la de quienes aún deben rendir cuentas ante la justicia por similares motivos. El equivalente a la desjudicialización del 'procés' independentista, por entender que la Justicia no tiene ninguna competencia para aplicarles la ley, pues violar la Constitución, basada en la indisoluble unidad de la nación española, no es ningún delito, sino un conflicto político, que debe resolverse mediante diálogo y negociación, porque la crisis política no tuvo que derivar en acción judicial.

Consiguientemente, el Tribunal Supremo y nuestra justicia quedarían deslegitimados, no se aplicaría la separación de poderes, y se daría la razón al separatismo en su pugna con el Estado. 2) Reconocer el derecho a la autodeterminación de Cataluña, mediante una consulta popular por vía de un referéndum vinculante y pactado de revisión constitucional sobre la independencia de Cataluña. 3) La condonación de la deuda de Cataluña, de 80.000 M€ del FLA (financiación estatal prestada en los últimos años por el Fondo de liquidez autonómico) y las competencias para recaudar impuestos y un sistema propio de pensiones, además de la compensación de 450.000 M€, como deuda histórica del Estado con Cataluña en pensiones, infraestructuras y políticas sociales.

Es evidente que el precio exigido es completamente inasumible por nuestro país, por ser un chantaje y una traición a nuestro sistema democrático constitucional, por parte de un prófugo de la justicia española, al que sólo le interesa no ir a la cárcel. En efecto, tanto la amnistía política como el derecho a la autodeterminación exigidos son inconstitucionales y políticamente inaceptables, ajenos al interés general, e implican la quiebra del estado de derecho, pues impiden a los jueces juzgar y ejecutar lo juzgado, convirtiendo a nuestra justicia en una utopía. El precedente serviría para organizar mejor otro tipo de 'procés', sin renuncia a la vía unilateral, amparados por dicha impunidad, equivalente a un golpe de Estado. Parece ser que Sánchez, con su deslealtad, está dispuesto a negociar una amnistía para los encausados del 'procés', con amparo en el TC, situación que nos lleva irremisiblemente a la ruina económica y moral, y a la liquidación de una España indivisa de ciudadanos libres e iguales ante la ley.

Francisco Javier Sagüés Sala. Abogado