"La negligencia de Sánchez beneficia a agresores sexuales"
Alberto Catalán04/02/2023
Es una realidad constatable que el Gobierno de Sánchez se ha instalado en la prepotencia y la soberbia permanente. Legislar con sectarismo y fanatismo ideológico tiene sus consecuencias. Como diría el presidente de Castilla-La Mancha, Sr. García Page, en relación con el tema que nos ocupa, no se pueden construir trincheras desde el sectarismo ideológico.
Durante la tramitación en el Senado de la conocida como ley del “solo sí es sí”, desde diferentes grupos parlamentarios, entre ellos UPN, ya hablamos de chapuza jurídica, inseguridad y falta de rigor. Informes y dictámenes de diferentes organismos e instituciones judiciales habían cuestionado el fondo y las formas en las que se tramitaba el proyecto de ley. El gobierno, y de manera especial, el Ministerio de Igualdad, con su ministra a la cabeza, despreciaron todas las advertencias. Los informes jurídicos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado se ningunearon. La ignominia era un riesgo y, lamentablemente, ha sido una realidad.
Una ley que tenía que proteger a la sociedad, fundamentalmente a mujeres, menores y personas con discapacidad, de violadores y agresores sexuales, ha posibilitado que delincuentes sexuales vean disminuir sus condenas o salgan de prisión. Varios centenares se han beneficiado desde la entrada en vigor de la ley.
El Gobierno que sostuvo que no se daría ningún caso ha sido incapaz de dar una respuesta adecuada y no ha sabido actuar en consecuencia.
La única iniciativa legislativa planteada para intentar corregir la situación ha sido incluir en la exposición de motivos de la ley que regulaba, entre otros temas, el delito de sedición y la disminución de penas por malversación de fondos públicos, unas indicaciones, para orientar, según el portavoz del PSOE en el Congreso, dar un “toque de atención” a los jueces en la manera en la que debieran interpretar la ley del “solo sí es sí”. Se ha hecho con una técnica legislativa escandalosa, además de dudosa o nula efectividad.
La propia secretaria de Estado de Igualdad, poniendo en duda la “anomalía” de la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, en agosto del año pasado, ya manifestaba: “Tenemos la diarrea legislativa que tenemos. Es todo el rato intentando hacer muchas cosas, no vaya a ser que mañana se acabe”. Con esa mentalidad y actitud sectaria que les caracteriza no es extraño que se actúe como se hace. El problema de ese comportamiento es que los paganos, una vez más, los ciudadanos de a pie.
El daño es irreparable. Nadie asume responsabilidades. Con un único caso hubiese sido suficiente para exigir responsabilidades y dimisiones. Estamos ya por encima de los 400. Y no pasa nada. La primera dimisión o cese debiera haber sido la de la ministra Montero. Esa ministra que se va de viaje, en el Falcon oficial, a Estados Unidos con todo su equipo del ministerio como si se tratase de un viaje de fin de curso, a promocionar su ley del aborto. Sin embargo, fue todo lo contrario y los cesados acabaron siendo los ministros de la Presidencia y de Justicia, Sra. Calvo y Sr. Campos, ahora este último nombrado miembro del Tribunal Constitucional en reconocimiento a los servicios prestados, y que cuestionaron la norma. Debemos recordar que el expresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, acusó a esos ministerios de machismo frustrado.
Pero no quedó ahí la cosa. Ante la reducción de condenas consecuencia de la aplicación de la ley, la reacción de la ministra Irene Montero y de todo su equipo no fue la de la prudencia y la reflexión, no. Optaron por insultar y descalificar a jueces, periodistas y cargos públicos. A todos aquellos que se atrevieran a denunciar las perniciosas consecuencias de la ley y su nefasta redacción y tramitación. Calificaron, una vez más, al que no pensaba como ellos, de fascista y facha.
Por todo ello, se debe reprobar el comportamiento del Gobierno: han sido ostensibles la negligencia de Sánchez, de la ministra Montero y de las máximas responsables del Ministerio de Igualdad. Su irresponsabilidad y fanatismo lo están pagando la sociedad y, de manera especial, las víctimas. Su ligereza e incontinencia verbal han sido absolutamente inapropiadas y rechazables. Impropias de un miembro de un Gobierno de un país democrático.
Una vez más, se evidencia que la humildad no es el rasgo característico de este Ejecutivo. Y que, a pesar de tener el Gobierno con mayor número de ministerios, ministros y asesores de la historia, la inutilidad, incompetencia y prescindibilidad de muchos de ellos resultan innegables.
Alberto Catalán Higueras Senador por Navarra de UPN
