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"La insolvencia de la ministra de igualdad"

"La rebaja de condenas por agresiones sexuales con la ‘ley del sí es sí’ revela deficiencias ya advertidas en la elaboración de la norma que la ministra de Igualdad obvió"

Avatar del Editorial DN Editorial DN17/11/2022
El hecho de que condenados por abusos y agresiones sexuales estén viendo reducidas sus penas al aplicárseles el nuevo marco legal de la Ley de Libertad Sexual ha aflorado las dudas que la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad ya generó tras la aprobación. La entrada en vigor de la denominada ley del solo sí es sí ha provocado que los tribunales de justicia tengan que rebajar condenas contra agresores sexuales que eran firmes o que estaban en fase de recurso. No se ha hecho esperar la reacción de la ministra Irene Montero, culpando a los jueces de no estar “cumpliendo” con la ley por su “machismo” y querer enviarlos a cursos de “formación” sobre género para que apliquen correctamente la norma. Manifestaciones que son motivo suficiente para que su puesto sea ocupado por otra persona más solvente y respetuosa en el Consejo de Ministros. Irene Montero desoyó las advertencias que durante meses se hicieron desde el Consejo General del Poder Judicial, apuntando un impacto a la baja en algunas condenas por agresiones sexuales. Y junto a la ministra se han sumado al coro de declaraciones otras dirigentes podemitas, como la secretaria de Estado de Igualdad o la delegada para la Violencia de Género, que tras renunciar a cualquier autocrítica culpan a los jueces de “machismo”. Pero ni el Gobierno ni el presidente Sánchez pueden desentenderse de las consecuencias de una producción legislativa deficiente, cuando parecen tan proclives a forzar una Justicia a la medida de sus intereses. Porque esto y no otra cosa es el intento de eliminar el delito de sedición y la negociación del Gobierno de Sánchez con los independentistas catalanes para reformar el de malversación. El presidente está dispuesto a ceder a cualquier demanda de Esquerra Republicana, incluida la modificación del Código Penal a la carta, aunque ello suponga desproteger a España y los derechos de los españoles.
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