Una semana después de la polémica votación en el Congreso de los diputados, se ha conocido ya el contenido del acuerdo entre UPN y el PSOE según publica hoy este periódico. Los dos diputados regionalistas votarían a favor de la reforma laboral y los socialistas, a cambio, se comprometían con cinco puntos. Dos ellos ya son conocidos: reprobar al alcalde Maya y permitir inversiones por 27 millones en Pamplona. Los otros tres quedaron ocultos bajo la bruma de un acuerdo no cumplido. El políticamente más relevante es la concreción de un compromiso, la sanción de los ongi etorris o bienvenidas públicas a los presos de ETA. Un tema que encrespa, y con toda la razón, a las víctimas del terrorismo y toda persona de bien. De hecho, hasta ahora no existía medio legal de impedirlo y aunque existían promesas gubernamentales, el Ejecutivo no las había concretado. UPN le puso fecha al compromiso y logró colocarlo en el listado de acuerdos con el PSOE. Es evidente que cualquier acuerdo en este terreno a quien molestaba es a Bildu, uno de los socios estratégicos de Sánchez. Precisamente este era uno de los objetivos perseguidos por UPN, el de enturbiar esas relaciones con la izquierda abertzale. Los otros dos acuerdos pasaban por inversiones para la limpieza de los cauces de los ríos para evitar inundaciones y un estudio para sacar las vías del futuro TAV del centro de Tudela. Una demanda esta última, muy sentida en la capital de la Ribera y que el Estado se había negado hasta ahora a concretar. El acuerdo de la dirección de UPN con el Gobierno, desvelado ahora, a unos podrá parecer de mínimos y a otros suficiente y equilibrado. Lo cierto es que sumaba compromisos políticos evidentes y otros económicos. Y se ha quedado en papel mojado como consecuencia de la indisciplina de los dos diputados y sus votos contrarios a la reforma laboral. Pero junto a los cinco puntos del acuerdo, había algo más, quizás lo más relevante: un “deshielo” en las relaciones de regionalistas y socialistas.