El Gobierno subirá el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3 % en 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros brutos anuales), un incremento valorado por los sindicatos pero que la patronal CEOE reprocha por su utilización política antes de las elecciones generales.

La memoria del real decreto que ha sometido el Ministerio de Trabajo a audiencia e información pública implica un incremento superior al planteado por la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, que recomendaba elevar el SMI un 4,9 %.

El plazo para presentar aportaciones al proyecto de la norma concluye el próximo 16 de noviembre, por lo que el incremento podría ser aprobado en alguno de los consejos de ministros previos a las elecciones del 29 de noviembre.

Según el texto del real decreto, con esta subida "se atiende de manera efectiva al derecho a una remuneración equitativa y suficiente que proporcione a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida decoroso".

También se mantiene el objetivo de que el SMI alcance el 60 % del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea.

LA CEOE REPROCHA SU APROBACIÓN ANTE LAS ELECCIONES

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha considerado que la subida supone "una utilización política de su capacidad legislativa en vísperas de las elecciones generales" y pide al Gobierno "lealtad institucional".

Y ha emplazado al Gobierno que salga de las elecciones "a negociar la actualización del SMI a partir del mes de diciembre".

Así, CEOE y Cepyme consideran que "lo adecuado sería reservar esta decisión para el Ejecutivo que resulte de las elecciones generales del 29 de noviembre, sea del color político que sea", y adoptarla antes de que finalice 2026, lo que permitiría contar con indicadores económicos más precisos.

Y critican las formas con las que el Gobierno ha llevado a cabo la consulta a los agentes sociales del citado incremento.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Lorenzo Amor, criticó esta "carrera" que se tiene por aprobar una subida sin presentarla en la reunión de ayer con los agentes sociales, por lo que considera que se busca "captar votos, saltándose la decencia y la lealtad institucional".

Amor asegura estar de acuerdo con subir el SMI, pero recalca, como CEOE y Cepyme, lo conveniente de "esperan al 1 de diciembre,que tengamos el IPC adelantado de noviembre" y que "los españoles hayan hablado en las urnas el 29 de noviembre", ya que se pueda "fijar un SMI para que entre en vigor el 1 de enero de 2027" sin "usar el BOE para captar votos".

Desde la patronal de las empresas de trabajo temporal Asempleo, su presidente Andreu Cruañas ha advertido de que la subida del SMI puede alimentar la "espiral inflacionista", mientras que la Cámara de Comercio de España advierte de su impacto sobre las pymes.

Por su parte, la candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado del desigual impacto por territorios de la subida, ya que con un SMI o pensión que igual para toda España, "el poder adquisitivo de un ciudadano en Cataluña queda completamente desmenuzado en comparación con el resto".

LOS SINDICATOS VALORAN LA POLÍTICA SALARIAL DEL GOBIERNO

Los sindicatos, por su parte, valoran el incremento, aunque es inferior al 7 % que reclamaban, porque "da continuidad a la política salarial que el Gobierno ha mantenido en los últimos años y supone un nuevo impulso para los salarios más bajos".

De esta forma, añaden, se habría acumulado un incremento cercano al 75 % desde los 735,90 euros mensuales de SMI de 2018 a los 1.286 euros que se proponen para 2027.

En concreto, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado la relevancia de un incremento con el que ya suman ocho años de revalorización del salario mínimo demostrando que se trata de "una historia de éxito".

UGT y CCOO recuerdan que este avance ha sido compatible con la creación de empleo y decisivo para reducir la pobreza laboral y la brecha salarial de género, porque quienes cobran el salario mínimo son, sobre todo, mujeres, jóvenes y personas trabajadoras de los sectores más precarizados.

No obstante, UGT y CCOO exigen al Gobierno que cumpla los compromisos pactados en el acuerdo del SMI firmado el pasado 29 de enero y apruebe la norma sobre compensación y absorción, que impediría a las empresas absorber la subida del sueldo mínimo con complementos que retribuyen otras cosas —antigüedad, nocturnidad, turnicidad, peligrosidad, penosidad, productividad o transporte—.