Los interinos volverán a pelear por sus derechos en Europa insatisfechos por la última sentencia del Tribunal Supremo del pasado lunes, en la que dictó doctrina y cercenó sus aspiraciones de convertirse en empleados públicos fijos, de golpe y porrazo, sin necesidad siquiera de haber pasado por un examen u oposición. Solo habrá una excepción: aquellos que sí hayan aprobado una oposición de una convocatoria con carácter fijo aunque no les hayan dado plaza siempre y cuando estén en abuso de temporalidad, es decir, con al menos tres años de concatenación de contratos concatenados. Estos sí podrán ir a los juzgados y, si se acredita la denuncia, pueden convertirse en empleados públicos indefinidos con todos sus derechos. 

Pero esto no contenta al colectivo y el abogado Javier Arauz de Robles, representantes de distintas asociaciones de empleados públicos temporales e impulsor del caso sobre la temporalidad en el empleo público en España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que avanzó que denunciará de nuevo ante la Comisión Europea este último fallo y, a su vez, sostiene que esta sentencia es únicamente "provisional", ya que, recuerda, aún quedan pendientes por resolver por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tres cuestiones prejudiciales. "Vamos a denunciarlo ante la Comisión Europea", amenaza. Y explica que no está de acuerdo con el argumento del Supremo de que la fijeza "es contraria a la Constitución" si no se ha superado un proceso selectivo, ya que iría contra los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Al mismo tiempo, advirtió que sigue corriendo el plazo que dio Bruselas a España, que finaliza el próximo 29 de junio, para que aplique correctamente la normativa comunitaria sobre temporalidad en el sector público y corrija las deficiencias detectadas en dos expedientes, relativos a la discriminación de trabajadores temporales y al uso abusivo de estos contratos, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, podrá llevar el caso ante el TJUE. Cabe recordar que la tasa de temporalidad en la Administración se mantiene en el 30% cuando el Gobierno se había comprometido a reducirla al 8%.

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DOBLE INDEMNIZACIÓN

No obstante, este abogado ve también cosas positivas en la sentencia del Supremo, pues "no se olvida" de aquellos empleados públicos en abuso de temporalidad que no han superado un proceso selectivo, a los que no se les reconoce la fijeza, pero sí una indemnización. "Por primera vez, todos los empleados públicos en abuso van a ser compensados, unos con la fijeza, otros con indemnización", subraya Arauz.

En concreto, el Supremo habla de dos indemnizaciones distintas, la extintiva, de 20 ó 33 días por año trabajado al concluir la relación laboral, y una indemnización distinta e independiente para reparar los daños morales y materiales (ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso).

En el caso de los daños morales y de cara a los futuros pleitos que surjan al respecto, el Alto Tribunal fija una indemnización mínima, siguiendo los criterios de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) para la vulneración de los contratos temporales, que establece multas, en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.

Según Arauz de Robles, esta segunda indemnización, la compensatoria por el abuso (encadenar contratos temporales durante tres años o más), no requiere que el empleado público sea cesado para poder reclamarla y su cuantía dependerá de los años de servicio y de la "reincidencia", de forma que se vaya elevando "por cada tres años de servicio en abuso" para que realmente sea disuasoria.

"Estoy convencido de que el TJUE volverá a dar un varapalo importante en las nuevas sentencias a ésta, de que la Comisión Europea continuará con el procedimiento de infracción (a España) porque no se va a considerar satisfecha con esta sentencia y de que el legislador tendrá que legislar cumpliendo el mandato de la Unión Europea y buscar una solución más equitativa y más justa de la que aporta esta sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo", concluye.