La Comisión Europea investiga formalmente a la plataforma china Shein por su diseño adictivo y por la venta 'online' de productos ilegales en la Unión Europea -como muñecas sexuales con apariencia infantil o armas-; unas sospechas que, de confirmarse, supondrían una violación grave de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por la que Bruselas podría imponer una multa millonaria a la compañía.

En concreto, el Ejecutivo comunitario quiere examinar en detalle las medidas que ha tomado la plataforma para "limitar" la venta de productos ilegales, por ejemplo las muñecas sexualizadas denunciadas por Francia y que podrían ser consideradas como material de abuso sexual infantil.

Fuentes comunitarias aclaran que la investigación se centra en comprobar si el sistema propio de la plataforma cuenta con los requisitos necesarios para impedir la venta de artículos prohibidos y no en la venta en sí de productos determinados, como podrían ser las muñecas por las que Francia lleva a cabo su propio proceso judicial independiente.

Bruselas también evaluará los riesgos asociados al diseño adictivo del servicio, incluyendo la concesión de puntos o recompensas a los consumidores por su interacción, así como los sistemas que Shein haya implementado para mitigar estos riesgos, tal y como establece la legislación comunitaria, ya que los diseños adictivos pueden afectar negativamente al bienestar de los usuarios.

Finalmente, los investigadores comunitarios controlarán los niveles de transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer contenido y productos a los usuarios, ya que la DSA obliga a las grandes plataformas a difundir los principales parámetros utilizados por sus sistemas de recomendación y ofrecer alternativas a los usuarios que no se basen en la elaboración de perfiles para cada sistema.

La incoación del expediente permite a Bruselas seguir reuniendo pruebas solicitando más información tanto a la compañía como a tercer partes, pero también le da poderes para tomar medidas provisionales e imponer cambios a la compañía, para tratar de mitigar las presuntas irregularidades antes de que concluya formalmente la investigación.

El marco de la DSA no establece un plazo cerrado para concluir el proceso formal, ya que la investigación, subrayan los servicios comunitarios, depende de distintos factores, como la complejidad del expediente o el grado de cooperación de la compañía investigada.