BBVA adelantará el pago de las pensiones al 21 de abril para todos los clientes que reciben la pensión de la Seguridad Social, y el abono del subsidio o prestación por desempleo al día 4 de mayo para ayudar a sus clientes a mitigar el impacto de la crisis del coronavirus.

Asimismo, los clientes pensionistas de BBVA que necesiten disponer de efectivo podrán hacerlo de forma gratuita desde cualquier cajero de España, sea de la de entidad que sea, desde el 21 hasta el 30 de abril.

BBVA aconseja a todos sus clientes evitar los desplazamientos atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, principalmente a los de mayor edad, pero en caso de que necesiten disponer de efectivo podrán hacerlo en el cajero más próximo a su domicilio sin que BBVA les repercuta comisión, cualquiera que sea la red a la que pertenezca el cajero.

Además, el banco ha puesto a su disposición información sobre las oficinas abiertas de BBVA a las que pueden acudir si lo desean, y los protocolos de seguridad necesarios para ello.

Del mismo modo, los clientes en situación de desempleo podrán recibir el ingreso de su prestación o subsidio el 4 de mayo, seis días antes de lo habitual. BBVA ya adelantó el pago correspondiente al mes de marzo y en esta ocasión ha vuelto a ofrecer esta solución para ayudar a los clientes con mayores dificultades.

Estas soluciones se unen a otras puestas en marcha por el banco desde que comenzó la crisis. En concreto, desde el primer momento puso a disposición de empresas y autónomos 25.000 millones de euros a través de créditos rápidos para la financiación de autónomos y pymes y suscribió la primera línea ICO de 400 millones para apoyar al sector turístico, del transporte y la hostelería.

Asimismo, BBVA ha realizado cerca de 70.000 gestiones con sus clientes y  superado el primer tramo de la línea ICO, facilitando así liquidez para las empresas.

También, en línea con el resto del sector, BBVA ha puesto en marcha iniciativas para facilitar el pago de los préstamos, lo que supone un aplazamiento de hasta 12 meses para hipotecas y de hasta seis meses para préstamos ligados al consumo, y ha permitido el aplazamiento del pago en el alquiler de viviendas pertenecientes al Fondo Social de Viviendas.