“En cuanto a la solicitud de ayuda de la empresa de Valtierra para las industriales, que Mikel dice que eran de los malos, mirarla con cariño, justo ayer estuve con 2 técnicas que trabajan ahí y tienen toda la voluntad de mejorar, a estas empresas son las que tenemos que apoyar, no sancionar”. Esta frase figura en un correo electrónico que envió la directora general, Ana Bretaña, a Francisco Javier Larrañeta, el jefe de servicio que nombró tras cesar al anterior, el 15 de diciembre de 2025. La empresa de Valtierra a la que se refiere es Lombricultura, con varios expedientes sancionadores abiertos, y Mikel es Mikel Bezunartea, que fue cesado en febrero como jefe de la Sección de Residuos. Precisamente, él firmó un expediente sancionador a esta empresa en enero por vertido no autorizado de residuos en parcelas no incluidas en la Autorización Ambiental Integrada de la empresa y por obstrucción a la autoridad de la actividad inspectora, ya que se constató que el titular de la instalación mintió a los agentes de Policía Foral obstruyendo su actividad inspectora. Al anterior se suma en febrero otra propuesta de expediente sancionador, de nuevo por depositar residuos en una parcela no autorizada e, incluso, la clausura ante el riesgo de eliminación no autorizada de residuos. 

Apenas 15 días después de ese correo, en una resolución de la directora general de Medio Ambiente, se le concedieron a esta empresa 80.000 euros de subvención del fondo de residuos para una inversión prevista de 1,5 millones en dos años.

El contenido del correo lo desveló Miguel Bujanda, de UPN, quien acusó a Bretaña de saber lo que pasaba en Lombricultura Valtierra. “Las sanciones tendrán que ser si tienen que ser, no como dice en un correo la directora general. Acredita que la dirección general llevaba meses tomando decisiones controvertidas, políticas más que técnicas, porque si no ese correo no tiene sentido”, afirmó.

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"QUE OCUPEN DOS PARCELAS NO ES MOTIVO DE CIERRE"

“El correo no sé cómo está escrito. Nunca me ha temblado el pulso para sancionar, pero mi objetivo no es la sanción. Hemos tenido muchas y muy grandes, pero la sanción es un medio, no el fin. Lombricultura está en proceso sancionador. Pero que ocupen dos parcelas fuera de la Autorización Ambiental Integrada no es motivo de cierre. Demando de mi equipo proporcionalidad”, dijo en referencia a la propuesta de su entonces jefe de servicio de Residuos.

En otra pregunta de Bujanda sobre la situación de esta empresa, fue el consejero Aierdi el que contestó. Tras hacer un repaso de sus autorizaciones, dijo que una inspección en 2024 detectó deficiencias y ocupación de parcelas no incluidas en la autorización ambiental, sin las medidas de protección de suelo ni aguas subterráneas que se exigen.

Siguió diciendo que su titular tramitó ese mismo año una ampliación de la superficie de la instalación, pero que, tras varios requerimientos de medio ambiente, renunció.

A partir de ahí habló de 10 inspecciones, cubicaciones del volumen de residuos en parcelas con drones de Policía Foral, etc. Tenía autorización para una capacidad máxima de 126.335 toneladas anuales en sólo una parcela y Aierdi señaló que en 2024 llegó a 67.000, muy lejos del límite. Pero también dijo que las salidas de los residuos tratados han sido “sensiblemente inferiores”. “El problema es la reducida salida de material, lo que provoca acumulación”.

Añadió que en 2025 extendió el almacenaje a parcelas no autorizadas, se le trasladó el cese de recepción de residuos en la instalación y se intensificaron las inspecciones, tras lo que se ha constatado un descenso de la cantidad almacenada con apertura de expediente por verter en esas parcelas.

Por último, concretó que hay 3 expedientes abiertos que se han unificado y que se “resolverán con sanción lógicamente por el incumplimiento por la ocupación de las parcelas”.