La nueva normativa sobre emisiones contaminantes Euro 7, que entrará en vigor en julio de 2025, ha llevado al grupo Volkswagen a recortar la producción de vehículos en Landaben para ese año a la mitad de lo habitual en los últimos años, lo que tendrá graves efectos sobre la propia plantilla de la factoría, que dejará a la mitad de los empleados sin carga de trabajo durante año y medio, como en las de sus proveedores. Por este motivo, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, anunció este viernes que viajará la semana que viene a Bruselas, acompañada por el presidente del clúster de automoción, Roberto Lanaspa, y el presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, para pedir una flexibilización en la aplicación del Euro 7.

“Somos una comunidad cumplidora en materia de objetivos de desarrollo sostenible, somos una comunidad cumplidora con la transición energética y con la movilidad sostenible, pero sí que necesitamos cierta flexibilización para seguir cumpliendo”, expuso este viernes Chivite en declaraciones a los medios. La presidenta indicó que esta petición para que se aplace la entrada en vigor de la Euro 7 buscará reducir sus efectos económicos para Navarra, ya que en sus actuales términos podría afectar “de una manera directa y grave al empleo en la comunidad”.

Por otra parte, Chivite indicó que el Ejecutivo “está a la espera” de que Volkswagen Navarra presente “de manera oficial” el proyecto de la planta de baterías dentro de la propia factoría para “estudiar todas las ayudas que le puedan corresponder a esa inversión, como cualquier otra inversión que venga a la comunidad”. En ese sentido, recordó que la fábrica de ensamblaje de baterías no estaba contemplada dentro de los 1.024 millones que la multinacional prevé invertir en Volkswagen Navarra para empezar a producir coches eléctricos a partir de 2026, declarada de interés foral. Sí que reconoció que, según trasladó a los medios, que el ensamblaje de las baterías estaba previsto en estos planes que fuera “una pieza de proveedores”.