La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), a la que pertenece la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón (Alinar),  ha reclamado nuevas medidas para mitigar el impacto de la guerra en Irán en el sector, en concreto un mecanismo de ayudas directas para compensar los mayores costes.

En un comunicado, la patronal ha trasladado su preocupación por la prolongación del conflicto de Oriente Medio y su efecto en el sector, al tiempo que confía en una próxima solución de la crisis.

La industria alimentaria ha asegurado que todavía no es posible evaluar el coste estructural del conflicto, que ya se está trasladando a los precios de la energía; el incremento de costes logísticos, fletes y seguros; restricciones en el transporte marítimo y área; y cambios en las fechas estimadas de llegada de productos y mercancías.

Ese tipo de perjuicios "repercuten en la competitividad y la planificación" de las empresas más de dos meses después del inicio del conflicto.

"Aunque aparentemente los combates se han suspendido temporalmente, el sector y el conjunto de la economía seguimos sufriendo las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz", ha lamentado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

La federación ha valorado las medidas adoptadas por el Gobierno, si bien ha considerado necesario que se amplíen y se establezca un mecanismo de ayudas directas que permita "compensar el incremento extraordinario de los costes derivados de la guerra".

Además, ha reclamado la suspensión temporal del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, con vistas a "equilibrar la presión fiscal y administrativa a la extraordinaria situación actual".

La patronal de la industria alimentaria ha subrayado la importancia de que se facilite el acceso a las materias primas y suministros amenazados por el conflicto bélico, y se abran las importaciones españolas a otros mercados alternativos.

FIAB ha pedido que el Gobierno adopte medidas de apoyo a la exportación y el comercio internacional mediante la eliminación de obstáculos en el transporte, la mejora de la eficiencia logística y la simplificación de los trámites aduaneros, promoviendo la habilitación de "green lanes" (carriles verdes) que faciliten el tránsito ágil de mercancías a través de las fronteras.

En materia laboral, ha solicitado al Ejecutivo que promueva "instrumentos que permitan proteger el empleo en el sector" en el actual contexto de "elevada" incertidumbre.