Diario de Navarra

El Ayuntamiento de Tudela sigue acumulando sentencias en contra por despidos improcedentes. Tras dos anteriores que dieron la razón a las trabajadoras obligando al consistorio a readmitirlas o a indemnizarlas con 68.835 y 8.121 euros a cada una, respectivamente, ahora ha llegado una tercera que vuelve a condenarlo. En esta ocasión, el recurso lo presentó una auxiliar de limpieza que trabajaba para el Servicio de Atención de Domicilio (SAD). Empezó a trabajar el 1 de octubre de 2010 con un contrato a tiempo completo para cubrir una vacante temporal. Fue casi 11 años después, el 30 de abril de 2021, cuando el Ayuntamiento le comunicó la rescisión de su contrato al amortizarse esa plaza en la plantilla. Posteriormente, el 3 de agosto de 2021, empezó a trabajar de con un contrato de relevo nuevo, esta vez a tiempo parcial, que finalizará el 2 de agosto de 2024. En este caso, el Juzgado de lo Social repite prácticamente los mismos argumentos que en las anteriores sentencias. Señala que la trabajadora ocupó una plaza vacante durante más de 10 años, una duración que considera “inusualmente larga y que determina el carácter fraudulento del contrato y su consideración como trabajadora indefinida fija”. Del mismo modo, incide en que un contrato temporal para cubrir una vacante tiene que durar hasta que se cubra definitivamente y que solo está justificado si atiende a necesidades no permanentes. Además, añade que no haber sacado a concurso la plaza se debe “a la falta de actividad de la Administración para cubrir definitivamente la plaza”. La sentencia responde también a la postura del Ayuntamiento, que defendió que no había existido despido porque, tras su cese, se la volvió a contratar. Pero el tribunal señala que el Supremo ya dejó claro que la continuidad de la prestación de servicios en la misma empresa -en este caso el Ayuntamiento- no altera la existencia del despido si se extinguió el primer contrato. Por todo lo anterior, el tribunal da dos opciones al Ayuntamiento. O readmitirla en su puesto, abonando el sueldo que no ha percibido desde que fue despedida) 65,77 euros brutos por jornada), ya que la considera indefinida fija; o indemnizarla por despido improcedente con 33 días por año trabajado, lo que asciende a 24.270 €. El Ayuntamiento confirmó este viernes que va a recurrir la sentencia, al igual que las dos anteriores. OTRAS DOS SENTENCIAS1 Arquitecta técnica. La trabajadora enlazó casi 10 contratos durante 16 años. El tribunal sentenció readmitirla o indemnizarle con 68.835 €.2 Trabajadora social. Tuvo dos contratos entre 2017 y 2020 y la sentencia dijo que no había terminado el trabajo para el que se le contrató y que había que readmitirla o pagarle 8.121 €. Pedro González, concejal de personal del Ayuntamiento de Tudela: “Elimina la capacidad del Ayuntamiento de auto organizarse” El concejal de Personal del Ayuntamiento de Tudela, Pedro González, valoró las últimas sentencias por despidos improcedentes y aseguró que es algo que no solo afecta al consistorio ribero, sino a todas las administraciones públicas, dados los cambios legales en Europa y España para buscar una mayor estabilidad en el empleo. “Los tribunales entienden que fueron contrataciones en fraude de ley y les declaran indefinidos no fijos”, señaló, al tiempo que consideró que este cambio “elimina la capacidad de la administración de auto organizarse”. “Un 90% de los contratos son puestos estructurados, necesarios, que no se pueden cambiar, y con los demás puedes jugar según las necesidades. Pero ahora ya no”, explicó. Y citó el caso de la primera sentencia de la arquitecta técnica. “Se amortizó la plaza de aparejador en Urbanismo porque se decidió que era más necesario tener un ingeniero técnico de obras públicas. Necesitaba alguien que sacara adelante la obra pública, se cambió un perfil por otro, algo que se ha hecho toda la vida, y ahora no se puede”, indicó. Y también habló de la última sentencia, la de la trabajadora de limpieza. “Había dos plazas de limpiadoras en el SAD y elevamos la categoría porque hacían lo mismo que las trabajadoras familiares para que tengan más nivel y cobren más. La que ocupaba la plaza reclamó y el tribunal dice que es indefinida no fija. Es un despropósito. Modificamos la plaza para mejorar las condiciones de trabajo, ella no tenía el nivel y se le ofreció otro empleo”, dijo, al tiempo que reconoció que, ahora, hay que adaptarse a este nuevo contexto. MALO PARA LOS OPOSITORES González añadió que el problema que ve es que esta nueva normativa perjudica también a los opositores. Lo argumentó asegurando que si se da el estatus de indefinidos fijos, estos seguirán ocupando las plazas y que, por tanto, no saldrán a concurso. “Si has estado muchos años trabajando aunque no hayas aprobado una oposición, ahora vas a ser fijo sin hacer ningún tipo de prueba. Eso cierra la puerta a otras personas que llevan años estudiando ya preparándose y que no van a poder acceder a las plazas hasta dentro de años”, dijo. Algo que, en su opinión, puede tener también “una vuelta judicial”. “Es como casos de personas designadas como cargo de confianza que están muchos años. Hasta ahora cuando se iba el político se iba su gabinete, pero ahora si se reclama puedes convertirte en indefinido fijo cuando has entrado a dedo”, añadió. González apuntó que todavía hay varios casos pendientes de resolución judicial (dijo 2 o 3) y añadió que económicamente también supone un coste para el Ayuntamiento.

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El Ayuntamiento de Tudela, de nuevo condenado por despido improcedente

Es la tercera sentencia en contra en poco más de un mes y la va a recurrir, al igual que las dos anteriores

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