Diario de Navarra

El Ayuntamiento de Tudela tendrá que indemnizar a una familia con 10.350 euros por los ruidos que soportaron durante varios años procedentes de un bar ubicado bajo su vivienda, que superaban los límites establecidos. Así lo señala una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra, que considera que el consistorio no actuó como debía para evitar estas molestias. Desde el Ayuntamiento señalaron que está estudiando si recurre ante el Contencioso Administrativo. La familia afectada presentó una reclamación patrimonial por los daños sufridos en junio de 2016, pero fue desestimada por el Ayuntamiento y decidió recurrir al TAN. Reclamaban una indemnización de 12.000 euros por daños morales, por la afección a la salud de un recién nacido y por el tratamiento farmacológico. Según figura en la resolución del TAN, el inicio del problema se remonta al año 2004, cuando esta familia ya presentó las primeras quejas sin que conste que el Ayuntamiento actuara el respecto. Fue en 2010 cuando la Policía Local realizó la primera medición de ruidos, que superó el límite máximo permitido. A partir de ahí, se continuaron realizando sonometrías a finales de ese mismo año y también en 2012 con superaciones del límite que suponían una infracción grave sin que se produjera ninguna actuación municipal. PRIMERA SANCIÓN DE 2.000 € Fue en enero de 2014, tras nuevas mediciones positivas, cuando la concejalía de Ordenación del Territorio inició un procedimiento sancionador que concluyó en julio del mismo año con una multa de 2.000 euros y el requerimiento de que el local adoptara medidas correctoras para evitar las molestias. Entre una fecha y otra, hubo otras cuatro sonometrías que superaban el límite máximo y el Ayuntamiento encargó un informe que concluyó que el bar incumplía los límites sonoros tanto de día como de noche por tener insuficiente aislamiento. Los problemas se acrecentaron entre noviembre de 2014 y abril de 2015, cuando constan mediciones positivas en 27 días distintos. CIERRE CAUTELAR 12.000 € Fue en febrero de 2015 cuando una resolución de alcaldía inició un nuevo procedimiento sancionador contra el bar. En junio de ese año se decretó el cierre cautelar del establecimiento y en octubre se le impuso otra sanción económica de 12.000 euros, “manteniendo el cierre hasta que se justifique el cumplimiento de todos los requisitos de la licencia”, en referencia a la insonorización del bar. La resolución del TAN asegura que fue a partir de enero de 2014 cuando existió una “actuación sostenida municipal dirigida a la solución de problema de ruidos que provocaba el bar. Añade que “resulta evidente” que entre 2010 y 2013 la actitud del Ayuntamiento “no fue tan activa como posteriormente”. “La Policía Municipal elaboró cuatro mediciones distintas a lo largo de ese periodo, en todos los casos reflejando una infracción de los niveles sonoros en la vivienda, la mayor parte de carácter grave, sin que conste ninguna otra actuación municipal para corregir dicha situación”. MALA ACTUACIÓN MUNICIPAL La resolución añade que el Ayuntamiento alegó que el problema se originó en el cambio de titularidad del local a partir de 2014. Ante esto, el TAN reconoce que el problema se recrudeció a partir de esa fecha, pero añade que las molestias y las infracciones provenían de la época anterior. “Si el Ayuntamiento hubiera iniciado los correspondientes procedimientos en 2010 o 2011, cuando ya había constancia del problema, los recurrentes no hubieran tenido que soportar las molestias originadas por el ruido durante un periodo tan prolongado”, señala el tribunal. Además, añade que, a partir de la sanción de 2015, la situación no fue corregida “como se desprende de la multitud de mediciones”. “El Ayuntamiento tarda casi un año en decretar el cierre del local, lo cual tampoco indica una actuación suficientemente diligente. No podemos considerar que condenar a los recurrentes a casi un año de continuas molestias constituya el estándar de calidad exigible para la prestación de este servicio público”, recalca. Lo que sí rechaza la resolución es que hubiera daños a la salud (solicitaban 1.350 euros) porque no se ha aportado ninguna prueba concluyente, pero sí morales cuantificados en los 10.350 euros que pedían los afectados.

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Tudela tendrá que pagar 10.350€ a una familia por ruidos de un bar

El TAN culpa al Ayuntamiento por no actuar durante un tiempo habiendo numerosas sonometrías positivas

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