En lo que va de 2026, el tripartito que gobierna Pamplona -EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin- ha abierto expediente para siete desahucios en viviendas municipales, todos ellos en el barrio de la Rochapea: en Marcelo Celayeta, calle Garde y el grupo San Pedro. Medida y que afecta a 13 adultos y 8 menores. La responsabilidad recae sobre estos tres grupos municipales porque si bien la competencia para iniciar el proceso administrativo pertenece al pleno -con representación del tripartito y UPN, PSN y PP- por una cuestión de operatividad se delega en la Junta de Gobierno Local.

De momento, estos expedientes no han desembocado en desahucios porque la mayoría de afectados intenta frenar el proceso mediante recursos lo que demora el desalojo meses. Recordemos que un Ayuntamiento no tiene potestad para sacar a las personas de una vivienda, sino que debe una vez terminado el expediente debe solicitarlo a un juez.

Y los ocupantes, tras un primer intento en el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) -en lo que va de año, ha resuelto a favor del consistorio en siete ocasiones- pueden ir al Contencioso-Administrativo e incluso llegar al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Así ocurrió el 25 de febrero de 2026, donde entró la reclamación de una mujer con un hijo, víctima de malos tratos y que pedía suspender el desalojo . En el Contencioso Administrativo se le había dado la razón que, sin embargo, esta última sentencia revoca. Y todavía aquí cabe el recurso ante la misma sala.

LA MAYORÍA, CON MENORES

En cinco de los expedientes, se trata de familias con hijos. En la calle Garde, el matrimonio tiene uno y la mujer está embarazada. Vivían en régimen de alquiler desde 2010 a nombre del progenitor de un miembro de la pareja que ha fallecido. Cobran la renta garantizada desde julio de 2024, que al ser tres miembros es de 1.297,30 € al mes (un pago íntegro si no hay ingresos, si no son cantidades complementarias hasta llegar a este tope). En Marcelo Celayeta y el grupo San Pedro se trata de dos ocupaciones por parejas sin hijos.

Pero en Marcelo Celayeta también se incoa expediente a un grupo en el que sí hay menores, tres que viven con sus padres en Pamplona desde el verano de 2024. En principio se alojaron en una bajera en el Casco Viejo junto a otras personas; en invierno, tras empadronarse en la ciudad, costeado por Cáritas, se mudaron a un el hotel. En marzo de 2025, vuelven a una bajera en la Txantrea por la que pagan un alquiler de 400 euros. Pero les dicen que se vayan porque el propietario la ha vendido. No encuentran otro lugar de estancia; en Cáritas el recurso establecido para casos de emergencia se ha completado y no hay plazas en establecimientos con convenio del Ayuntamiento.

POSIBLE ENGAÑO

Reciben ingresos de renta garantizada desde febrero de 2025 (al ser cinco miembros, perciben 1.540 o las cuantías complementarias para llegar a esta cantidad). En septiembre de 2025, afirma la familia, una persona les dice que pueden ocupar la vivienda municipal de la Rochapea por un alquiler sin contrato de 500 euros por entrar y otros 500 de alquiler al mes. Pero esta persona, al personarse la policía, desaparece.

La pareja afirma que han acudido a Eisovi (Equipo de Incorporación Social a través de la Vivienda, que gestiona la fundación Adsis y Gobierno de Navarra ) pero que sin contrato no les conceden un piso y están a la espera de que conocidos alquilen uno para alojarse juntos. Como no cumplen los requisitos para vivienda de protección social o de emergencia habitacional, se incoa expediente.

En el grupo de San Pedro también el problema afecta a una pareja con hijos, en concreto dos, pero a diferencia de los anteriores no tienen ingresos de ningún tipo a la espera de valoración este mes de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra para Renta Garantizada. Ocupan una vivienda del programa Etxe Bat destinada a familias o personas en piso compartida y con acompañamiento social y educativo. Y no pueden acceder a ella porque, como se exige para acceder a esta prestación, no llevan seis meses empadronados en la ciudad,. Tampoco están en la lista de espera ni hay baremación para beneficiarse de los pisos de alquiler sociales de Pamplona por lo que se les deriva a EISOVI

Igualmente en San Pedro está el caso de un matrimonio con un hijo que perciben por renta garantizada 1.264 euros al mes; se les sugiere volver a su antigua vivienda del mismo barrio acogida en el programa EmanZIPA del Gobierno foral para ayudas en alquiler a personas jóvenes. Ella pagaba 500 euros y se le deducían 250

Y por último, en la misma urbanización, una mujer con un pequeño a su cargo recibe por renta garantizada 1.068 y una pensión de 150 por alimentos que el padre del niño no paga regularmente. Ella , en 2022, alquila una habitación para vivir con su hijo en piso compartido. Dos años después, accede a uno en régimen de arrendamiento pero estaba en subasta por impagos por lo que lo tiene que dejar. Ha solicitado en 2024 vivienda de emergencia y está en el puesto 184 de la lista. También ha pedido, sin concesión, en Nasuvinsa en 2022 y por dos ocasiones ha sido derivada a EISOVI.

La mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Junta de Portavoces (EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin frente a UPN y PP) han aprobado una declaración en la que se expresa el “respaldo explícito del Ayuntamiento de Pamplona, como institución” tanto a la convocatoria de huelga general del próximo miércoles 11 de noviembre, como “a las reivindicaciones que la sustentan”. Esta huelga, convocada por nueve sindicatos, reivindica, entre otras cuestiones, el acceso a una vivienda asequible y la adopción de medidas frente al encarecimiento del coste de la vida. La mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Junta de Portavoces anima, asimismo, a la ciudadanía “a ejercer su derecho a la huelga con el mayor grado de libertad posible”.

En un segundo punto, ese escrito aprobado por mayoría en la Junta de Portavoces “pide y muestra su máximo respeto a la decisión que adopten los y las trabajadoras municipales para, en ejercicio de su derecho a la huelga, sumarse o no a esta convocatoria en las condiciones que vienen estipuladas en el actual marco legal”. Finalmente, en un tercer punto, la declaración hace un llamamiento para que la jornada reivindicativa “se desarrolle por los cauces del máximo respeto y normalidad”.

En cuanto a la actividad institucional, la comisión de Urbanismo prevista para ese miércoles, día 11, sí que se celebrará, ya que para suspenderla es necesaria la unanimidad de los grupos municipales, y esta no se alcanzó en el debate celebrado al respecto el viernes.