“Navarra tiene atribuidas las competencias en materia de minas desde 1985, somos nosotros los competentes, y por eso se ha hecho así”. Mikel Irujo, consejero de Industria del Gobierno de Navarra, defendía este miércoles 23 de octubre las gestiones administrativas realizadas por su departamento al otorgar en 2021 la concesión de explotación ‘Goyo’ para el proyecto Mina Muga de la zona de Sangüesa. Uno de los 3 permisos de este tipo dados a la empresa Geoalcali (por Navarra, Aragón y el Estado) que anula ahora una sentencia del TSJN que defiende que, al tratarse de un proyecto único, la concesión de explotación debió ser única y liderada por el Estado. Según el consejero, el fallo se está analizando “en profundidad y con mucho rigor jurídico”, y la decisión sobre recurrir, o no, se tomará “en coordinación” entre las tres administraciones implicadas.

Irujo recordaba que en el caso de Mina Muga hubo una triple concesión de explotación “derivada de tres permisos de investigación previos, otorgados en su momento por las administraciones competentes por razón del territorio”. “‘Goyo’ en Navarra, ‘Muga’ en Aragón y ‘Fronterizo’, en suelo común a las dos comunidades autónomas, que concedió el Estado”.

“Cada una de las 3 administraciones, Navarra, Aragón y la Administración General del Estado, entendió que cada una resultaba competente para autorizar la concesión minera. En nuestro caso, en ejercicio de competencias que ya tenemos atribuidas por la propia Lorafna y por el Real Decreto 1774 de 1985 que transfiere las competencias en materia de industria, energía y minas a Navarra”, señalaba.

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“Además, y dado que se trataba de un único proyecto minero, la actuación de las tres administraciones para otorgar las concesiones de explotación se realizó de manera coordinada, y a tal fin se suscribió un Convenio de Encomienda de Funciones para la tramitación conjunta de estos expedientes”, repasaba Irujo.

TRES RECURSOS, UNO RESUELTO

Según añadía, “las tres resoluciones de concesión han sido recurridas y habrá que estar atento a lo que se dicte en todas”. “El TSJN entiende que dado que se trata de un único proyecto debió otorgarse una única concesión minera, con independencia de los previos permisos de investigación. Y ello porque la Ley de Minas 22/1973, una ley un tanto anticuada, no impone obligatoriamente el otorgamiento de concesiones de explotación separadas aunque deriven de distintos permisos de investigación. En este mismo sentido, tampoco dicha ley, que es preconstitucional y habría que revisar, impone obligatoriamente la concesión conjunta, sino que es un criterio que ha establecido, en esta sentencia, este tribunal”, remarcaba. “La sentencia asimismo reconoce que no se trata de un fraccionamiento del proyecto, sino de un fraccionamiento en la aprobación de dicho proyecto. Y esto es importante”, decía.

“Hemos contactado con el Ministerio y analizamos de manera conjunta los posibles pasos a dar, que deberán ser coordinados entre el Ministerio y los gobiernos de Aragón y Navarra. La sentencia es recurrible, pero aún la estamos analizando. Es pronto para adelantar cualquier actuación”. 

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