Revés judicial para el proyecto de mina de potasa previsto en la zona de Sangüesa. Una sentencia del TSJN anula y deja sin efecto uno de los permisos clave obtenido por la empresa Geoalcali en 2021 a través del Gobierno de Navarra. Concretamente, una resolución del departamento de Industria que otorgaba la concesión de explotación del yacimiento denominado ‘Goyo’, uno de los tres que componen el proyecto ‘Mina Muga’.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) da la razón al recurso presentado por Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza, y apoyado por la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón, contra el procedimiento ejercido por el Gobierno de Navarra y Geoalcali.

La sentencia, contra la que tanto Gobierno como empresa pueden presentar recurso, se alinea con la tesis de los recurrentes y advierte que la Administración General del Estado “ha asumido parcial e insuficientemente la competencia que le correspondía respecto al proyecto único y supraterritorial autonómico de ‘Mina Muga’”. Y, según expone, “se ha producido un fraccionamiento del proyecto contrario a Derecho”.

“Se trata de un fraccionamiento en la aprobación, atendiendo al ejercicio de la competencia de cada comunidad autónoma, la de Navarra y la de Aragón, sobre un proyecto que se ubica en parte fuera de su respectivo territorio, por lo que, en definitiva, ejercen una competencia fuera de los límites del territorio de la respectiva comunidad autónoma, lo que es contrario al ordenamiento jurídico”, apunta el fallo.

“Siendo que la empresa presenta un proyecto único de explotación para un recurso minero que abarca el territorio de dos comunidades autónomas, debe llevarse a cabo un procedimiento único de tramitación para la concesión de explotación, una evaluación ambiental única del proyecto completo, y una sola resolución de concesión de explotación del recurso minero con todas las condiciones necesarias que debe cumplir la empresa a lo largo del proceso extractivo y en la restauración del terreno, una vez finalizadas las labores de explotación”, incide la sentencia.

“De hecho, es la empresa promotora la que siempre ha hablado de un único proyecto denominado ‘Mina Muga’ y como tal ha sido tratado en la firma de un Convenio de Encomienda entre las tres administraciones que tenía como objeto la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”, recalcan a su vez los recurrentes en un comunicado que apunta a que el TSJN “paraliza” el proyecto.

EN TRES PARTES

El Gobierno de Navarra, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España otorgaron cada uno a Geoalcali una concesión de explotación propia. Venían derivadas, a su vez, de otros tres permisos de investigación concedidos previamente por cada administración y vinculados a sondear yacimientos de sales potásicas y sódicas en la zona (estos se dieron entre 2012 y 2014).

‘Goyo’ se llamaba el de Navarra cuya concesión de explotación se pone ahora en cuestión (en los términos de Javier, Sangüesa y Yesa), ‘Muga’ el de Aragón y ‘Fronterizo’ el que se encomendó al Ministerio al abarcar terrenos de ambas comunidades.

El Ejecutivo foral otorgó la concesión de explotación de ‘Goyo’ por Resolución 56/2021, de 1 de julio, de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3. Esta es la que ahora tumba la justicia.

“La sentencia del TSJN es la primera en ser dictada con respecto a los tres recursos presentados contra los gobiernos autonómicos de Aragón y Navarra, y el Gobierno de España”, dicen los recurrentes que se oponen a este proyecto minero y dudan de sus garantías.