“En todo momento hemos realizado los trámites conforme se nos ha dicho, en coordinación con las administraciones implicadas”. La empresa minera Geoalcali reconocía este martes 22 de octubre la afección al proyecto ‘Mina Muga’ de la sentencia del TSJN que anula uno de los tres procedimientos administrativos de concesión de explotación recibidos, el del Gobierno de Navarra. Pero se mostraba confiada en la “voluntad de todas las partes para solventarlo y lograr una solución”.

“El TSJN ha objetado únicamente en base a un defecto de forma consistente en que se deberían haber unificado las concesiones mineras en una única concesión otorgada desde el Gobierno de España, en lugar de tramitar tres concesiones coordinadas por el Gobierno de España, Navarra y Aragón. La empresa confía ahora en una rápida resolución por parte de las administraciones públicas a raíz de este fallo”, refería. Y añadía haber recibido una confirmación del Gobierno de Navarra de que se encontraba “analizando la sentencia para resolver la situación lo antes posible”.

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Cuestionada sobre si esta situación paralizaba el proyecto, Geoalcali lo negaba. “Tenemos muchos frentes en los que ir avanzando hasta que nos aclaren si tenemos que volver a tramitar este permiso anulado, y cómo hacerlo. Seguimos entretanto trabajando para cerrar la financiación, las licitaciones de obra, etc.”, decía.

Respecto de la triple tramitación de concesiones de explotación, la ligaba a la previa tramitación de permisos de investigación, y a la propia ubicación de los yacimientos de potasa: uno en Navarra, otro en Aragón, y otro en plena muga. “Por eso se encargaron a cada gobierno autonómico, y el tercero al Estado. Y hay que recalcar que las tres administraciones, al ser en último término un proyecto único, evaluaron el expediente global”.