Diario de Navarra

Cecilia Gutiérrez Ganzarain tiene muy claro, ahora más si cabe, que ningún gobernante, sea del signo que sea, puede anteponer sus prioridades a la legalidad vigente. “Lo estamos viendo en muchas partes, en Cataluña por ejemplo estos últimos meses. Los gobernantes no pueden saltarse el marco legal para conseguir sus objetivos, sus fines o sus obsesiones”. Desde su profesión de abogada especializada en temas administrativos, Cecilia representa legalmente, desde hace casi dos años, al grupo de padres que recurrió los cambios introducidos por el cuatripartito municipal en las Escuelas Infantiles. El pasado mes de febrero todos ellos consiguieron una primera sentencia favorable, la dictada por el Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo, y esta misma semana se ha conocido otro fallo que vuelve a darles la razón, el del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. En ambos casos los jueces han considerado que el Ayuntamiento de Pamplona no es competente para modificar la oferta educativa de las escuelas infantiles como lo hizo, aumentando de un día a otro de 164 a 408 las plazas en euskera, y suprimiendo 255 en castellano y castellano-inglés. El fallo dice que esos cambios corresponde hacerlos al departamento de Educación del Gobierno de Navarra. La sentencia no es firme. Todavía cabe la posibilidad del recurso de casación y el Ayuntamiento no lo ha descartado. ¿Cree que finalmente lo presentará? Me parece que el Ayuntamiento va a exprimir las posibilidades del recurso, aunque en este caso, a diferencia del de apelación, han sido más prudentes seguramente porque sus asesores les han dicho que no es lo mismo. Ahora, en casación, están sometidos a unos requerimientos formales que limitan más y tendrían que justificar, por ejemplo, que ha habido un error que atenta a los intereses generales. Pero creo que también estarán valorando otros mecanismos. El juez deja claro que la decisión del Ayuntamiento no fue una mera reestructuración sino un cambio en el modelo que existía hasta entonces. ¿Cómo califica usted la actuación del consistorio? Fue una decisión abrupta. El Ayuntamiento actuó como una apisonadora en las escuelas porque tomó la decisión de la noche a la mañana y no solo sin el acuerdo del Gobierno de Navarra, que es el competente, sino que ni siquiera había un acuerdo municipal ni del Organismo de Escuelas Infantiles. Y además puso a los padres en la tesitura de tener que optar entre quedarse en la escuela elegida y cambiar el modelo, o marcharse a otra. No era una reestructuración. Nos hemos cansado de decir que no lo era, porque se alteraba el conjunto de una forma sustancial. Era una reordenación y eso es algo que depende del Departamento de Educación del Gobierno. Esa ha sido la conclusión a la que se llega en la sentencia, y también lo que ustedes han defendido desde el primer momento, el de las competencias. ¿Fue difícil llegar a esa deducción? Ha sido sobre todo un trabajo jurídico y no resultaba fácil advertirlo porque el Ayuntamiento es el titular de las Escuelas Infantiles y la legislación le atribuye la gestión. Lo que había que determinar es dónde termina la gestión y donde empieza la ordenación de las escuelas. Eso es lo que llevó más trabajo, sobre todo porque ni siquiera las administraciones ven claros los límites. El análisis de todas las normativas educativas, las del Estado, las autonómicas e incluso la ordenanza del euskera, aunque esta en menor medida, son las que nos llevaron a esa conclusión que ahora ha hecho suya el juez. ¿Por qué hasta ahora no ha habido problemas. Tampoco cuando se crearon las Hello, las escuelas infantiles con inglés? Hasta ahora se respetaban las competencias, pero este gobierno municipal ha querido introducir el euskera desde el primer nivel y se ha creído autorizado y con respaldo sociológico para hacerlo. El problema es que hacerlo de una forma urgente les llevó a imprecisiones, imprevisiones e ilegalidades. El propio Gobierno de Navarra ha introducido el euskera de una forma gradual en sus escuelas infantiles al crear nuevas líneas, y sin problemas. Y entiendo que las Hello llevaron el proceso normal, con autorización del Gobierno. La cuestión es que ahora los padres afectados decidieron organizarse Hubo reuniones desde el principio entre los afectados y dejando claro que los padres no tenían nada en contra de la implantación del euskera, solo pedían que se hiciera de una forma lógica. Aquí llegaron desesperados porque nadie les escuchaba a pesar de que su reclamación era algo racional. Y aunque la sentencia así lo reconoce, los propios padres han dicho tener una sensación agridulce porque ya casi han pasado dos años de aquel acuerdo que los tribunales han declarado nulo. ¿Lo ve usted de esa misma forma? Lo que yo veo es que es un grupo de gente muy tenaz que ha tenido claro el objetivo por el que tenían que luchar, que no era otro que el cumplimiento de la ley. Es además un grupo muy heterogéneo que se ha mantenido muy unido para defender unos derechos que veían que se habían vulnerado, y que incluso han puesto en marcha una campaña de crowdfunding para ayudar a los padres que no podían sufragar el gasto que suponía iniciar el proceso. Y los que recurrieron no son todos los que querían hacerlo puesto que muchos se quedaron fuera porque no sabían si tendrían fondos suficientes para hacer frente al proceso. El Ayuntamiento ha utilizado ahora otro argumento al decir que aquel acuerdo únicamente afectó al curso 2016-2017. ¿Qué validez puede tener esta afirmación? Me lleva a pensar que desconocen los conceptos de Derecho Administrativo porque cuando se dice que un acuerdo es nulo de pleno derecho, significa que desaparece del mundo jurídico. Tiene su lógica que esa anulación produzca efectos en cadena porque de otra forma estaríamos obligados a recurrir constantemente todos los acuerdos. ¿Es ejecutable la sentencia? Yo creo que perfectamente, pero hay que esperar a que sea firme. El acuerdo no decía que se limitaba a un curso. Tenía vocación de permanencia. ¿Se ha barajado en algún momento que los padres puedan pedir indemnizaciones al consistorio? Para eso también es necesario esperar a que la sentencia sea firme. Si se declara la imposibilidad de cumplir la sentencia porque se aprueban, por ejemplo, modificaciones posteriores dirigidas a no cumplirla, habría que analizar si se puede pedir que se ejecute por equivalencia. Pero hay que esperar.

Diario de Navarra

La abogada de las familias afectadas: “El Ayuntamiento actuó como una apisonadora en las escuelas infantiles”

Cecilia Gutiérrez, abogada de los padres afectados por los cambios del cuatripartito de Pamplona en las Escuelas Infantiles, defiende que los gobernantes no pueden saltarse las leyes “para conseguir sus objetivos”

Comentarios

Se abre el plazo para presentar las candidaturas para lanzar el Chupinazo de 2026 ¿Quién puede hacerlo? ¿Cuándo comienza la votación popular?

La oficina municipal para facilitar la regularización extraordinaria de personas migrantes se plantea suprimir el turno de tarde ante el descenso de citas

Tres personas trasladadas tras colisionar dos vehículos en Mutilva

Navarra ha impulsado la inserción laboral de 259 personas a través de los Programas Integrados de Formación y Empleo

Herida con pronóstico reservado una mujer de 58 años en una colisión por alcance en Berriozar