Diario de Navarra

La última, aunque no es definitiva, ha sido la querella contra los crímenes del franquismo, pero el cuatripartito de Pamplona (Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E), con Joseba Asiron al frente, arrastra ya en sus dos años y medio de mandato varios fracasos judiciales que han supuesto para las arcas municipales cerca de 20.000 euros en costas. Ha habido además otros pleitos que no han tenido repercusión económica alguna aunque por el contrario su trascendencia ha sido mucho mayor, como cuando el juez suspendió los cambios impuestos por Bildu en las Escuelas Infantiles para modificar el modelo de castellano a euskera en varias de ellas. Habitualmente la actividad municipal va ligada casi de forma irremediable a la judicial porque precisamente ese día a día de la administración local afecta a decenas de empresas y particulares que no siempre están de acuerdo con las decisiones tomadas. Y así ha sido, como en otros mandatos, durante los dos años y medio de Joseba Asiron (Bildu) como alcalde de Pamplona, salvo que en su caso se puede considerar que los jueces han tenido trabajo extra con algunas decisiones más proclives a suscitar polémica que a contentar a la mayoría. LA IKURRIÑA EN EL CHUPINAZO No fue necesario esperar mucho para ver que la relación del alcalde Asiron con los tribunales iba a dar juego en este mandato. Sin haber llegado a cumplir un mes en el sillón, el alcalde ya podía imaginar que su decisión de colocar la ikurriña en el balcón de la Casa Consistorial el 6 de julio le iba a acarrear consecuencias. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en un proceso iniciado por la Abogacía del Estado, dictaminó un año más tarde que el consistorio gobernado por Bildu había incurrido en un “fraude de ley” por haberse escudado, para colocar la ikurriña, en la presencia de algunas autoridades de la Comunidad Autónoma Vasca. Aquella condena en costas supuso el pago de 6.277 euros. Al año siguiente el cuatripartito se tuvo que conformar con la colocación de un mástil en el balcón del que no llegó a colgar la ikurriña, aunque los ediles de Bildu se encargaron de mostrarla desde uno de los balcones. Este año pasado la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca volvió a presidir la fachada del Ayuntamiento y todavía está pendiente el dictamen judicial a raíz de la denuncia interpuesta por la Abogacía del Estado. EXPOSICIÓN SOBRE TERRORISMO Apenas concluido el primer verano del mandato el equipo de Gobierno de Asiron tomaba un nuevo acuerdo que se solventaría en los tribunales. Amparándose en unas nuevas normas de uso de las salas de exposiciones de la Ciudadela, se denegaba una solicitud de Policía Nacional para una muestra sobre víctimas del terrorismo en la Sala de Armas, pese a que la cesión del espacio ya se había otorgado antes de la llegada de Asiron a la alcaldía. Pocos días antes de la fecha en la que tenía que inaugurarse la exposición, un juzgado de Pamplona estimaba el recurso presentado por la Delegación del Gobierno y suspendía la decisión del consistorio de denegar la muestra. El auto esgrimía la ausencia de razones de orden público para revocar la cesión ya acordada y aludía a “perjuicios de difícil reparación” si la muestra no se realizaba en la fecha prevista. Las costas judiciales ascendieron en aquella ocasión a 4.315 euros. ESCUELAS INFANTILES No tuvo repercusión económica para las arcas municipales, pero el acuerdo municipal y la posterior decisión judicial sobre los cambios lingüísticos en las Escuelas Infantiles afectaron a decenas de familias. El año 2016 lo iniciaba el equipo de Gobierno municipal con una nueva decisión polémica: en vísperas de la apertura del plazo de preinscripción se decidía sustituir el castellano por el euskera en dos escuelas infantiles de la red municipal. Las movilizaciones de los padres afectados llevaron a presentar un recurso suscrito por 53 familias para solicitar la suspensión del acuerdo. En el mes de mayo el juzgado de lo Contencioso Administrativo suspendía cautelarmente los cambios del modelo lingüístico introducidos por Bildu y consideraba “claros” los “daños graves” y “difícilmente reparables”. El Ayuntamiento recurrió y el TSJN lo tuvo en cuenta y anuló la suspensión dictada un mes antes. El argumento para tal decisión no llegó al fondo del asunto sino que tuvo en consideración el “interés general” y el ánimo de no tener que obligar a todas las familias a tener que repetir el proceso de inscripción. Ninguna de las partes vio la sentencia como un triunfo. No hubo condena a costas. DE BANDERAS Y RETRATOS Dos años dando vueltas por el salón de plenos hasta encontrar el acomodo que parece definitivo han estado las banderas oficiales y el retrato del rey Felipe VI. Un ir y venir que ha tenido al alcalde Asiron entretenido durante medio mandato hasta que finalmente ha decidido acatar el dictamen de los tribunales. Y aunque sin llegar al ridículo tamaño carné del retrato del rey del ayuntamiento catalán de Torredembarra, el elegido por Asiron tiene un tamaño equivalente a un din A4, una sexta parte del que había colgado hasta ahora. El primer varapalo judicial sobre banderas y retratos llegó al consistorio en septiembre de 2016 para ordenar al alcalde que colocara las enseñas y los cuadros en un “lugar preferente” y no al fondo del salón, detrás de los asientos del público, donde los había puesto el cuatripartito al inicio del mandato. Lejos de acatar el auto el equipo de Gobierno decidió recurrirlo con el argumento de que el juez no especificaba cuáles eran los lugares preferentes del salón de plenos y porque, además, se invadía la autonomía municipal “sobre los cambios de decoración y ornamentación del salón”. Pero el TSJN dio la razón nuevamente a la Abogacía del Estado con una sentencia que volvía a insistir en la recolocación de las banderas y el retrato del rey. Las primeras volvieron a la cabecera del salón y el retrato, reducido a un tamaño folio, quedó colocado entre dos cuadros de un tamaño mucho mayor. Fue necesario un nuevo auto a comienzos de octubre para zanjar el asunto. El juez otorgó un plazo de 3 días para “dotar de preferencia” al retrato y apenas sin dudarlo Asiron optó por retirar los dos cuadros y dejar al rey solo en la pared. LAS COSTAS POR LA REPUBLICANA También este mes de octubre se conocía un nuevo fallo judicial contrario a las pretensiones del cuatripartito y que, aunque recurrible, ya condenaba a costas al Ayuntamiento (6.277 euros) por un acuerdo municipal adoptado para colocar la bandera republicana en la fachada consistorial el pasado 14 de abril. El acuerdo, aprobado con el voto en el único voto en contra de UPN, pretendía celebrar el aniversario de la II República y homenajear a los ediles y trabajadores municipales fusilados, pero la bandera no llegó a izarse porque así lo mandó una orden del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 emitida dos días antes del 14 de abril. En su recurso, la Abogacía del Estado mantuvo que el Ayuntamiento de Pamplona había incumplido la ley que regula el uso de la bandera española, que es la oficial, mientras que la republicana, decía, es “inconstitucional”. LA ÚLTIMA QUERELLA¡ El último varapalo judicial lo recibía el cuatripartito y también el PSN a comienzos de este mes al conocer que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona había inadmitido la querella presentada por el Ayuntamiento de Pamplona por un presunto delito de genocidio y lesa humanidad por los crímenes del franquismo. Una decisión que el cuatripartito ya ha decidido recurrir. La querella se dirigía concretamente contra nueve cargos públicos de la dictadura, aunque solo uno de ellos está vivo, por lo que la jueza señalaba que en un proceso penal no cabe llevar a cabo una investigación general sin partir de hechos penalmente relevantes y de personas a las que pudieran atribuirse tales actuaciones. Añadía también que todos los hechos relatados en la querella estaban prescritos. Las actuaciones de Asiron sobre este asunto se habían iniciado prácticamente nada más tomar posesión como alcalde de Pamplona y recibir en su despacho al abogado argentino miembro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA). Carlos Slepoy recorría España pidiendo a las instituciones que se personaran en la causa. A partir de ese momento comenzó a prepararse la querella e incluso la capital navarra acogió hace un año los ‘Encuentros de Pamplona: verdad, justicia y reparación. Ayuntamientos por las querellas contra los crímenes del franquismo’. El alcalde convocó un acto público para la presentación de la querella a las puertas del Palacio de Justicia. Unas amenazas a Asiron que no se probaron en los tribunales Tampoco tuvo consecuencias económicas una sentencia en la que se reconoció que no hubo insultos al alcalde de Pamplona en una concentración convocada por una plataforma en contra de la polémica exposición de Abel Azcona en la sala Conde Rodezno, en la que formó la palabra “pederastia” con hostias supuestamente consagradas. Aquellos presuntos ataques a Joseba Asiron provocaron que el cuatripartito convocara una Junta de Portavoces en mitad de una sesión plenaria (noviembre 2015) para condenar “los graves insultos” e “intolerables amenazas de muerte” proferidos contra el alcalde en aquella concentración convocada por la plataforma “Respeto por Navarra” . Preguntado por los regionalistas sobre la existencia de algún vídeo que probase las acusaciones, el entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Aritz Romeo (Bildu), llegó a asegurar que existían y aunque UPN los solicitó, nunca se llegaron a entregar. “Romeo tardó semanas en explicar que aquellos vídeos no tenían sonido y luego tuvo que aclarar que no disponía de prueba alguna que sostuviera sus afirmaciones en la Junta de Portavoces”, dijeron los regionalistas entonces. A pesar de que nadie del Ayuntamiento llevó el asunto a los tribunales, sí lo hizo un particular al denunciar que un medio de comunicación se había hecho eco de aquellas amenazas. En enero de este año la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra dictó una sentencia en la que se concluía que: “En la manifestación por el cierre de la exposición blasfema celebrada el 26 de noviembre no se vertieron amenazas de ningún tipo en contra del alcalde de Pamplona ni por supuesto gritos de “Asirón ejecución”. A raíz de aquel fallo los concejales regionalistas pidieron que se revocara el acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces de 2015 basándose en que los tribunales habían demostrado que no existieron tales insultos y amenazas, y exigieron también que se pidiese perdón.

Diario de Navarra

El cuatripartito de Pamplona pierde en los tribunales su obsesión por los símbolos

La querella contra los crímenes del franquismo, inadmitida por la juez, la última; la ikurriña del Chupinazo, las banderas del salón de plenos, el retrato del rey o la enseña republicana son algunos ejemplos

Comentarios

Se abre el plazo para presentar las candidaturas para lanzar el Chupinazo de 2026 ¿Quién puede hacerlo? ¿Cuándo comienza la votación popular?

La oficina municipal para facilitar la regularización extraordinaria de personas migrantes se plantea suprimir el turno de tarde ante el descenso de citas

Tres personas trasladadas tras colisionar dos vehículos en Mutilva

Navarra ha impulsado la inserción laboral de 259 personas a través de los Programas Integrados de Formación y Empleo

Herida con pronóstico reservado una mujer de 58 años en una colisión por alcance en Berriozar