“Primero escuchamos el grito desesperado de tres chicas, dos de ellas muy jóvenes. Después, un golpe en el portón. Y cuando escuchamos el sonido del portón... ya sabemos que vamos a tener una noche movida”. El desasosiego proviene de una vecina de la calle Urzainqui, en la Rochapea. Han pasado apenas 48 horas desde el último episodio violento en la bajera ubicada en el número 17. “Ya no podemos más. Vivimos a golpe de portón”, resumen algunos de sus residentes. Cada vez más mayores. “Atemorizados”, dejan claro.

Ocurrió la madrugada del 15 de agosto, a la una. “Tras los gritos de las chicas, aparecieron dos jóvenes magrebíes lanzando botellas contra la bajera. También llegaron tres patrullas de la Policía Municipal de Pamplona”, siguen profundizando en lo sucedido. Dos de las chicas habían desaparecido cuando llegaron los agentes. “A la que se quedó se la llevaron para que recibiera asistencia debido a su estado”. Además, arrestaron a un hombre de origen cubano, de 54 años. Precisamente, el mismo que fue detenido en mayo en este local por un suceso similar. Y, al igual que ocurrió aquella vez, también ha sido puesto en libertad. Este hombre, conocido como el Cuba, cuenta con antecedentes policiales relacionados con drogas y su historial está vinculado a la conocida como “narcobajera” del barrio de San Juan, clausurada tras años de quejas vecinales.

Los que llevan toda la vida en esta zona de la Rochapea dicen que no reconocen el barrio. Sobre todo, cuando cae la noche. Reclaman directamente el cierre de la bajera y que esta parte del barrio no se convierta en un gueto, “que es en lo que se ha transformado”, recalcan. Casi todos coinciden en que cada intervención policial proporciona unas horas de tranquilidad. “Pero el problema regresa”, evidencian. “Vivimos esperando la siguiente”.

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Esta es la crónica de lo sucedido a través de quienes escuchan y ven lo que ocurre desde sus ventanas y balcones. Testigos directos. Todos piden mantener el anonimato. Las entrevistas se llevan a cabo a pie de portal, dentro de los edificios o en sus propias viviendas. Mientras se realizan, aparece en la bajera el dueño. O el que dice que es el propietario. Sale y cierra con llave el portón. “Soy el dueño, sí”, dice. G., de 53 años, ofrece su versión. Muy diferente a la de los vecinos y a la de su propia hermana, que regenta un establecimiento de belleza justo al lado y que ha denunciado a su hermano en varias ocasiones por un supuesto enganche ilegal al suministro eléctrico y también por amenazas, consumo de drogas y una agresión.

Estos son los testimonios de vecinos y vecinas, 48 horas después de aquella madrugada agitada en la calle Urzainqui.

“Estamos viendo entrar en la bajera a chicas muy jóvenes”

“Los problemas que hay con esta bajera no son de ahora, sino de hace años, desde que G., al que conocemos todos porque es del barrio, se metió a vivir dentro”. Habla una mujer con dos hijos adolescentes que teme por la seguridad. “Hemos notado que, desde que llegó aquí el Cuba de la bajera de Monasterio de Fitero, vemos entrar muchas chicas. Y son muy jóvenes...”. Se expresa con tristeza. “Porque he nacido aquí y hemos sido muy felices en este barrio, pero el Ayuntamiento no está haciendo nada y se ha echado a perder. Ya no podemos caminar seguros por la noche, por Aranzadi, con lo que me ha gustado pasear por allí...”. Sostiene que no tiene miedo a G., el que dice ser el dueño de la bajera. “No es conflictivo con los vecinos”, apunta. “Pero sí temo a la gente que entra y a la que alquila por las noches colchones, camas, sofás o lo que sea. Y con esta gente que llega, que todos sabemos que viene a drogarse, es muy fácil que se produzcan problemas”, sigue contando. “También me da miedo la impunidad con la que se consume y se vende droga. Y no pasa nada. Me parece un despropósito. Cada dos meses tenemos una redada y llevamos años así. Todo esto se ha convertido en un gueto”.

“Cuando escuchamos un golpe en el portón, sabemos que vamos a tener movida”

“Empezamos a escuchar los gritos de una muchacha y luego comenzaron a lanzar botellas... Y esto no es algo puntual. Ocurre continuamente. Golpean la puerta, se ponen a pelear, dicen que les dejen entrar. Reclaman cosas, pertenencias, dinero”. Las palabras de esta vecina, entre susurros en el rellano de la escalera, resumen cómo viven quienes tienen sus ventanas sobre la bajera o frente a ella. “Vivimos a golpe de portón. Sobresaltados. En verano, todavía más, porque dormimos con las ventanas abiertas”.

“Nunca había visto el barrio así”

“Ojalá cierren la bajera”. Es lo primero que responde un vecino extranjero que lleva 25 años viviendo en la Rochapea y asegura que nunca había sentido tanta inseguridad. “Yo también soy de fuera y esto no tiene que ver con de dónde sea cada uno. Tengo dos hijos adolescentes y temo por ellos”. Su preocupación no nace únicamente de lo sucedido en Urzainqui. Él mismo fue víctima de un robo cuando regresaba del Casco Viejo. Mientras hablaba por teléfono con su mujer, recuerda, alguien le tocó el hombro y le arrebató el móvil. Echó a correr detrás y terminó rompiéndose un tobillo. Mientras cuenta lo sucedido, muestra la cicatriz. “Y lo que pasó el fin de semana pasado puede ocurrir cualquier día y a cualquier hora”.

“Esta bajera es algo más que un fumadero de droga”

Una vecina define el local directamente como “algo más que un fumadero de droga” y asegura que el trasiego es conocido desde hace tiempo por el vecindario. “Aquí viene gente a consumir y nosotros hemos visto entrar y salir a personas continuamente. Llegan en patines eléctricos, a toda velocidad, compran y se van...”. Entre las principales preocupaciones de los residentes está la presencia de jóvenes y, según comparten, también de chicas menores. Algunas de sus afirmaciones sobre un posible intercambio de drogas por relaciones sexuales son sospechas vecinales que comparten fuentes de dos cuerpos policiales consultados y que también coinciden con lo que vivieron los vecinos de Monasterio de Fitero durante años. “Está volviendo a pasar”.

“Están pasando cosas muy serias dentro”

“Aquí están pasando cosas muy serias”. Habla otra mujer. Ella también apunta que vio a tres chicas. “Había tres jóvenes y una de ellas estaba muy afectada. Después se llevaron al cubano. Pero nosotros nos preguntamos qué ocurre con el resto de los que entran y salen”. Indica que los problemas se concentran especialmente a partir del jueves. “Empiezas a notar movimiento y algunas noches, cada vez más, se montan broncas muy fuertes”.

“La chica estaba muy afectada por la droga”

Otro vecino se despertó por el ruido. “Vimos que la policía se llevó a un hombre arrestado y atendieron a una chica. Se la veía muy afectada por la droga y finalmente se la llevaron. Cuando empiezan los gritos, muchos nos asomamos porque sabemos que algo está pasando otra vez”

“Viene la policía y hasta la próxima”

“Sentimos mucha inseguridad, pero esto viene de hace años”, comenta el hijo de una vecina. “Yo he visto movimientos sospechosos que relaciono con el consumo y la venta de droga en torno al local. El barrio ha ido degenerando en inseguridad y tenemos la sensación de que no se hace nada”. Aunque reclama una actuación inmediata, reconoce que clausurarla no resolvería por sí solo un problema “mucho más amplio”, asiente. “Sabemos que entonces el problema se trasladará a otro barrio, tal y como sucedió en San Juan”.

Ahora interviene su madre: “Este barrio da miedo algunas noches. Hay gente que no tiene dónde ir. Lo que queremos es que haya seguridad y, al mismo tiempo, que a esas personas que deambulan por aquí se las prepare y se las ayude para que puedan vivir dignamente y encontrar un trabajo”.

“En este barrio vivimos gente mayor y familias con niños”

“Estamos hartos. Aquí hay gente mayor, familias y niños, y la sensación es que cualquier día va a pasar algo más grave”. Habla el hijo de otro vecino, que se encuentra de visita. El suceso del 15 de agosto ha vuelto a encender la preocupación, admite. “Esta semana he venido cuatro o cinco días y en tres ha habido movida. Y movida seria”. Al igual que afirman otros residentes, sostiene que en la bajera se cobran pequeñas cantidades de dinero a algunas personas para que puedan pasar la noche. “Se alquila, sí. Este es un sitio para dormir para gente que muchas veces tiene problemas de adicciones. Pagan diez o veinte euros, lo que sea, y duermen dentro. El problema es todo lo que se ha generado alrededor”. Según su testimonio, el local se utiliza principalmente para drogarse. “Algunos entran, consumen y se marchan. Otros se quedan dentro fumando y luego duermen allí. A una de las personas que suele frecuentar el establecimiento —sigue contando— le pregunté expresamente si había droga dentro y me dijo que sí, que la traían de fuera y la consumían allí. También me han contado que algunas chicas que no tienen dinero para consumir podrían recibir dosis a cambio de favores sexuales. Yo eso no lo he visto y no puedo asegurarlo, pero, si está ocurriendo, es algo muy grave que debería investigarse. De la bajera salen colocados y agresivos”. Hace un silencio antes de continuar. “La otra madrugada había una chica completamente fuera de sí. Yo la vi. Estaba drogada y necesitaba seguir consumiendo. Estaba tan alterada que la policía tenía dificultades para controlarla y tuvieron que llevársela”.

A estos altercados se suma la sensación de inseguridad. “Una noche estaba sentado con mi madre en el balcón y había uno mirando el candado de una moto nueva. Otra vez vi a uno fijándose en un patinete y tuve que preguntarle directamente qué estaba haciendo. Igual no puedes decir que fueran a robar, pero estas situaciones generan miedo”.

El problema afecta especialmente a los vecinos de más edad. “Aquí hay muchas personas mayores. Mi padre está acojonado. A esto se suma que la gente circula con los patinetes por la acera a toda velocidad y cualquier día salen del portal y se los llevan por delante. Una cosa es ayudar a alguien a dormir y otra que termine habiendo consumo, broncas y gente completamente colocada. Aquí hay familias que no quieren que sus hijos crezcan viendo esto todos los días. No importa de dónde sea cada uno. El problema es lo que está sucediendo y que los vecinos ya no están tranquilos. Queremos recuperar la tranquilidad del barrio. No podemos normalizar que haya gritos, personas drogadas y altercados prácticamente cada día”.

“La policía me ha reconocido que están atados de pies y manos”

Para finalizar, la hija de una vecina mayor resume lo que están viviendo. “Salgo a la calle con un spray de pimienta. Al volver de trabajar de noche siento miedo y voy por la mitad de la calle. Todos sabemos que dentro de la bajera se hace negocio. Hemos visto llegar una camioneta y meter cosas... Vives acojonada. La solución es clausurar para que no venga este tipo de gente, que es también de aquí. La policía me ha reconocido que están atados de pies y manos”.

UN CONFLICTO FAMILIAR QUE VIENE DE LEJOS

La documentación policial y judicial consultada por este periódico cedida por la hermana de G. muestra que los problemas alrededor de la bajera y del establecimiento contiguo se remontan, al menos, a 2024. El inmueble pertenece a los padres.

La hermana denunció que desde mediados de julio había detectado un incremento del 285 % en el consumo eléctrico de su negocio. El aumento se producía especialmente durante las noches y los fines de semana, cuando el establecimiento permanecía cerrado. Según la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional, las compañías responsables del suministro habían revisado el contador sin detectar pérdidas de electricidad. Sus sospechas se dirigieron entonces hacia la bajera contigua, donde residía su hermano. La mujer denunció un posible enganche ilegal. Aseguró que había desconectado los diferenciales e incluso el cable del magnetotérmico de su local y que, pese a ello, seguía registrándose consumo durante las horas en las que el negocio permanecía cerrado. En aquella misma comparecencia trasladó a la Policía otra sospecha. Afirmó que en la bajera se consumían y vendían sustancias estupefacientes y señaló el continuo trasiego.

En noviembre de 2024, la mujer volvió a denunciar a su hermano. Esta vez, por una agresión en plena calle. Según relató, se encontraba hablando con su padre frente a su negocio cuando apareció su hermano y comenzó una discusión. La mujer intervino para defender a su padre. En la denuncia solicitó una orden de alejamiento porque, afirmó, temía posibles represalias. Un juzgado de Pamplona abrió diligencias. En diciembre de 2024 rechazó inicialmente la orden de alejamiento. En julio de 2025, una sentencia dictada consideró probado que el hermano interceptó a la mujer en la vía pública y le propinó un fuerte empujón que la hizo caer de espaldas. Fue condenado como autor de un delito leve de lesiones a 60 días de multa, con una cuota diaria de ocho euros: 480 euros en total. También tuvo que indemnizar a su hermana con 200 euros por las lesiones y asumir las costas del procedimiento.

Mientras avanzaba el procedimiento por la agresión, continuaron las denuncias relacionadas con el suministro eléctrico. La mujer amplió la denuncia presentada meses antes. Sostenía que el supuesto enganche continuaba y explicó que controlaba el consumo de su negocio mediante una aplicación en tiempo real. Acudió acompañada de su padre, que figuró como testigo. En julio de 2025, la propietaria explicó que había comenzado a retirar el fusible de su contador cuando no necesitaba suministro para tratar de impedir el supuesto consumo irregular. Según declaró, cada vez que ella o sus padres regresaban para colocarlo y poder trabajar encontraban nuevos obstáculos para acceder a la caja. En una ocasión, aseguró, encontraron la tapa completamente pegada. No podían acceder al fusible. El establecimiento se quedaba sin electricidad. La situación acabó en otra denuncia ante el Juzgado de Guardia a finales de julio de 2025. La mujer aseguró que alguien había accedido durante la noche al portal, había abierto la zona de contadores y había retirado de nuevo el fusible. Se quedó sin suministro y sin posibilidad de trabajar.

En el escrito describía el desgaste que le estaba provocando el conflicto con su hermano y lo que ocurría en la bajera situada junto a su negocio. Aseguraba vivir pendiente de lo que pudiera suceder allí. Le costaba trabajar. También dormir. Las denuncias continuaron en marzo de 2026. La propietaria comunicó entonces a la Policía Nacional que, al abrir su establecimiento, había comprobado que no tenía luz. Según consta en el atestado, un técnico determinó que el cable que suministraba electricidad al negocio había sido cortado.