Marta Varela suma una década en Ezkaba. Diez años en los que ha construido una rutina, relaciones y un sentimiento de pertenencia que ahora siente amenazado. El 31 de agosto finaliza su contrato de alquiler social y, a día de hoy, no tiene ninguna certeza sobre qué ocurrirá después. “No tengo ninguna información. Nadie nos explica nada”, expone.

Comparte vivienda con su marido (“y mi perro”, añade con una sonrisa), en un entorno que considera propio. Su situación económica, además, es especialmente vulnerable. Porque Marta tiene reconocida una incapacidad y percibe una pensión de unos 700 euros mensuales. Su marido, con un 69% de discapacidad, ingresa alrededor de 200. Entre ambos deben afrontar todos los gastos.

Hasta ahora, el acceso a ayudas les ha permitido sostener el pago de la vivienda en condiciones asumibles. Sin embargo, el horizonte que se abre les genera una profunda grieta. El paso de estas viviendas de protección oficial al mercado libre podría implicar una subida de precios imposible de afrontar para su economía. “Yo no puedo permitirme ese lujo. Me quedaría en la calle, literal”, afirma con rotundidad.

A sus 55 años, esta incertidumbre se ha convertido en una preocupación constante. No es solo el temor a una subida del alquiler, sino la sensación de desprotección ante la falta de interlocución. “No puedes vivir así, sin saber qué va a pasar”, lamenta.

La posibilidad de tener que abandonar su hogar no es, para ella, una hipótesis lejana, sino un riesgo que condiciona su día a día. “El mío y el de mi marido”, concluye, dejando entrever una mezcla de angustia e incredulidad ante una situación que siente fuera de su control.

Estíbaliz García lleva cinco años formando parte de una de las viviendas de alquiler social que ahora penden de un hilo en el barrio de Ezkaba. Actualmente, esta madre a cargo de sus dos hijos paga alrededor de 600 euros al mes por su vivienda; una cantidad que, aunque elevada, entra dentro de lo asumible para su situación. 

Pero la experiencia previa hace que Estíbaliz mire al futuro con preocupación. Antes de llegar a Ezkaba, vivió en la Rochapea, más concretamente en la calle Marcelo Celayeta, donde un fondo de inversión compró el edificio; cambiando por completo las condiciones de cobros de manera radical. “Pasé de pagar 400 a 800 euros”, recuerda. Aquella situación terminó obligando a muchas familias a marcharse. Incluida la suya.

Ahora, esta vecina teme que algo similar pueda repetirse. Explica que la propiedad de su edificio ha cambiado recientemente y que la gestión ya no está clara. “Nos han comprado, dicen, una asociación de jubilados alemanes, que al final es otro fondo buitre”, entiende.

La comunicación, dice, es prácticamente inexistente: “Todo se lleva desde Madrid, es imposible contactar, pero ni por correo”. Y es que nadie les ha explicado qué ocurrirá cuando en 2027 sus casas pierdan la protección oficial.

Dada su situación, Estíbaliz es consciente de que, si el alquiler pasa a regirse por el mercado libre, difícilmente podrá asumirlo. Mientras tanto, observa pequeños cambios en el día a día del edificio: actuaciones en garajes, instalación de cámaras... Pero ninguna información clara sobre el futuro. “No dicen nada, nada de nada”, resume.