Sin préstamo promotor, los maristas exigiendo el ingreso de 984.000 euros de la venta del solar en el II Ensanche de Pamplona y la constructora, Obenasa, queriendo iniciar la obra de las 108 viviendas protegidas (77 VPO y 31 VPT); este es ahora mismo el panorama nada halagüeño al que se enfrentan los 87 adjudicatarios de los pisos y que, recuerdan, se les obligó a ser cooperativas junto a la gestora de la promoción, el grupo Arrasate.

¿Y por qué ahora Arrasate no tiene crédito? Porque en una reciente asamblea, estos 87 votaron en contra -el resultado fue ajustado, 37 noes frente a 36 a favor- de las condiciones que Caja Rural ponía a la concesión del dinero: que respondieran como avalistas colectivos; es decir, que repararan con su patrimonio personal en caso de que la cooperativa no pudiera hacer frente al préstamo si la promoción saliese mal.

Este es el último episodio de continuos desencuentros en la única promoción de Navarra en régimen de cooperativa para vivienda protegida. “Y como está resultando el proceso, que en la nueva Ley de Vivienda se prohibe esta fórmula”, dicen cooperativistas de una operación urbanística que inició su andadura en 2019 con una doble oferta: 48 pisos libres y los 108 protegidos. Para garantizar que se construyeran las VPO y VPT se puso como condición que no se entregaran las 48 hasta que no terminen las obras de las protegidas. Una exigencia que los cooperativas piden al Ayuntamiento de Pamplona que la mantenga una vez que la construcción de los libres está muy avanzada mientras la suya ni ha empezado.

También recuerdan al consistorio que no pagarán por sus viviendas el precio que estipula el Gobierno foral para el metro cuadrado útil de VPO (2.002,96) y de VPT (2.218,67), por lo que piden que para compensar subvencione al menos la mitad del ICIO. Pamplona gira por este impuesto de construcción un 4% del presupuesto de la promoción.

No pagaran lo estipulado por los sobrecostes, entre los que citan el acordado en asamblea en abril, en la que cerraron el coste de obra unitario, que supone el 80% (lo que es la construcción del inmueble) pero abierto el 20% de las partidas a medición; aquellas que pueden variar el coste según el número de elementos que se emplee.