La sorpresa que se pueden llevar los hosteleros de Pamplona si quieren vender su licencia
El ayuntamiento cambia de criterio en las solicitudes de transmisión a raíz de la última sentencia sobre el Café Roch, que vincula la licencia al local aunque el titular sea el arrendatario
Actualizado el 26/04/2025 a las 08:17
El pleito abierto sobre a quién pertenece la licencia de bar del centenario Café Roch puede tener consecuencias para la hostelería del Casco Antiguo de Pamplona e incluso para el conjunto del comercio de la ciudad. Hasta ahora, el ayuntamiento sólo autorizaba la transmisión de licencias cuando había consentimiento entre el titular y el adquiriente. Sin embargo, en la última sentencia sobre el caso Roch, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra estableció que la licencia está ligada al local y por tanto sólo el propietario puede hacer uso de ella. Esto afecta de lleno a los hosteleros de establecimientos arrendados que tienen a su nombre la licencia de actividad, un activo con un importante valor económico debido a que ya no se conceden nuevas licencias en el centro histórico al ser zona saturada. Hasta ahora, en caso de finalización del contrato, jubilación o cese de negocio por causas económicas, el hostelero tenía la posibilidad de negociar la transmisión de la licencia de actividad por un precio que permitiera recuperar parte de la inversión. Ahora, no está claro que puedan hacerlo.
La sentencia del TSJN no es firme porque ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por Víctor Armiño, antiguo hostelero del Café Roch y dueño de esta marca, que en 2022 cesó la actividad porque un tribunal anuló el contrato de arrendamiento. Este empresario pretende abrir un Café Roch en otro local del Casco Antiguo, proyecto quedó en suspenso a raíz de la sentencia del TSJN. El centenario café de la calle Comedias 6 está abierto y gestionado por la familia Valle Lallana, descendientes del fundador, Eugenio Roch.
El ayuntamiento, que ha sido parte del proceso judicial por afectar a una resolución municipal, ha decidido no presentar recurso de casación ante el Supremo a pesar de que afecta a la que ha sido la práctica habitual del área de urbanismo hasta ahora. El informe del letrado municipal aconseja aplicar el nuevo criterio establecido por el Tribunal Superior, es decir, que los propietarios de los locales pueden ser titulares de la licencia de actividad cuando finalice el arrendamiento.
Armiño considera la postura del equipo de gobierno es “incoherente” y “una puñalada” para los titulares de las licencias que no sean propietarios del local. “Se escudan en un informe jurídico, pero los concejales muestran una actitud pusilánime que lejos de defender a los comerciantes y hosteleros les perjudica e impide el emprendimiento”, expresa este empresario.
A finales de marzo, Víctor Armiño presentó un escrito en el ayuntamiento solicitando al equipo de gobierno que interponga recurso de casación por afectar “a un gran número de negocios” y por “ser de interés para el tejido comercial”. También envió correos electrónicos al alcalde y seis concejales delegados. “Ni se molestaron en responder”, lamenta.
La controversia jurídica que ha acabado en el Supremo versa sobre la interpretación del artículo 13 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. “ Las licencias relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicio serán transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o empresario deberán comunicarlo por escrito a la corporación”, dice el artículo. Existen varias sentencias a nivel nacional al respecto y la mayoría interpretan que es necesario el consentimiento del transmitente y del que recibe la licencia.
En el caso del Café Roch, la familia Valle Lallana solicitó en 2022 al ayuntamiento la transmisión de la licencia, pero le fue denegada. La resolución municipal fue recurrida al Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), que dio la razón a la familia propietaria del local. Tanto el ayuntamiento como Armiño recurrieron al Contencioso-Administrativo, que anuló la resolución del TAN y devolvió la licencia al hostelero. Luego llegó al TSJN y ahora al Supremo.
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¿QUIEN DEBERÍA PAGAR LA DOBLE PUERTA?
El cambio de criterio en la transmisión de licencias se produce en pleno debate sobre la doble puerta que el plan especial (PEPRI) exige a los hosteleros del Casco Antiguo. Y abre un interrogante. “¿Quién debería asumir el coste económico de esta obra, el hostelero o el propietario del inmueble?”, plantea el hostelero Víctor Armiño. Añade que lo mismo ocurre con otras inversiones, por ejemplo, para la adaptación de los baños o la reforma de las cocinas para adaptarse a la nueva normativa. Este hostelero defiende que el cambio de criterio afecta a todo el comercio en general porque “son los emprendedores arrendados quienes pagan la licencia y realizan las inversiones en el local para cumplir la normativa y ejercer la actividad”. Además, podría afectar a los futuros contratos de arrendamiento, “donde algunos derechos de los arrendatarios quedan a merced del rentista”.
