El Consejo de Navarra ha avalado por unanimidad la reforma que el pasado junio aprobó el Parlamento de Navarra para que las viviendas protegidas de alquiler mantengan su calificación de forma indefinida y que está actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional. Según defiende en un dictamen fechado el pasado 26 de octubre, la norma con la que se modificó la ley de vivienda se adecua al ordenamiento jurídico. El dictamen fue solicitado por UPN con la firma de sus quince miembros que defendían que la norma vulnera los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad del artículo 9.3 de la Constitución.

La norma cuestionada afecta a 161 promociones de vivienda protegida y según informó el Gobierno en su día a las 2.248 viviendas que hubieran perdido su protección en los próximos años. Y es así porque la modificación que se aprobó se aplica a todas las promociones de viviendas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible con independencia de la fecha de su calificación definitiva extendiendo el blindaje de la protección a todas las viviendas protegidas calificadas en régimen de arrendamiento y arrendamiento asequible cuyo período de protección permaneciera vigente a la entrada en vigor de la reforma

En todo caso, el consejo señala en el dictamen que no dispuso para el informe de todos los datos necesarios sobre números de viviendas, derechos de superficie o condiciones económicas concretas de algunas promociones. También aprecia una "deficiencia de técnica legislativa" en el preámbulo, que justifica la norma casi exclusivamente por su oportunidad y no explica si es el instrumento más adecuado ni analiza su encaje con el resto del ordenamiento, como exige el artículo 129 de la ley foral de la Administración. Esa omisión, ha señalado, le priva de elementos de juicio para evaluar el impacto real.

RETROACTIVIDAD E INTERÉS GENERAL

El Consejo de Navarra admite en su informe, de 51 páginas, que algunas medidas podrían interpretarse como una forma de retroactividad pero considera que, incluso en ese supuesto, serían constitucionales porque persiguen un fin de interés general legítimo (aumentar y conservar el parque de vivienda protegida en alquiler), están vinculadas al mandato constitucional del derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución y no eliminan el derecho de propiedad ni impiden vender las viviendas, sino que mantienen determinadas limitaciones ya existentes sobre su destino y régimen de protección. Defiende además que el perjuicio para los propietarios se limita esencialmente a la pérdida de un expectativa de mayor rentabilidad futura. Es decir que avala la retroactividad de la reforma al considerar que prima el interés general sobre las expectativas de los propietarios. 

Su conclusión es que la ley cuestionada supera el juicio de proporcionalidad exigido por la jurisprudencia constitucional y que la protección del parque de vivienda asequible justifica las limitaciones que impone a los propietarios. Por ello, considera que la norma se ajusta al ordenamiento jurídico y a la constitución.