Administración foral

El PSN, urgido a salvar el nuevo estatuto del personal público navarro que Bildu rechaza por ahora

El Consejo de Navarra ha dado luz verde a la tramitación parlamentaria de un texto acordado ya con Afapna, CC OO y UGT y que busca regular las condiciones laborales de 40.000 empleados públicos

Imagen de la manifestación vespertina convocada por los sindicatos LAB, Afapna, CC OO, ELA y UGT en abril con motivo de la huelga en las Administraciones navarras.
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Imagen de una manifestación de los sindicatos de las Administraciones navarras en la que reclamaban la mejora de sus condiciones laboralesJesús M Garzaron
Imagen de la manifestación vespertina convocada por los sindicatos LAB, Afapna, CC OO, ELA y UGT en abril con motivo de la huelga en las Administraciones navarras.

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Iñigo Salvoch

Publicado el 03/11/2026 a las 05:00

Se avecinan semanas clave para la aprobación del nuevo Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, la norma que regula los derechos y deberes de casi 40.000 empleados públicos de los ámbitos foral y local. Un texto que viene a renovar el anterior, que data de hace más de 30 años, y que contempla una novedad ambiciosa y deseada por la plantilla como es la introducción de una carrera profesional voluntaria y vinculada al desempeño para toda la plantilla. 

Esta carrera se implantaría de modo progresivo hasta 2032 y tendría un coste anual de 130 millones de euros para las arcas forales en esa fecha. El coste podría ser mayor ya que existe el compromiso de financiar la implantación de este derecho entre los trabajadores de los entes locales. De momento, el anteproyecto de Ley de modificación del actual Estatuto ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Navarra y está listo para ser enviado al Parlamento de Navarra para su tramitación. El calendario está muy apretado por la aprobación de Leyes como las de Industria, Salud y Presupuestos, por lo que es previsible que no sea hasta los meses de enero y febrero cuando se debata y vota. 

Para el Gobierno es un asunto de importancia estratégica. Atrás quedan más de tres años de trabajo denso y técnico con los sindicatos guiado por el equipo de la exconsejera Amparo López. Sin embargo, para la delicada fase de las negociaciones, la presienta Chivite eligió el perfil político de Inmaculada Jurío. 

Y el camino para la aprobación de este nuevo Estatuto está lleno de curvas. Primero, Jurío tuvo que alcanzar una mayoría sindical que aprobara el texto. Aunque el apoyo sindical no es vinculante, sería del todo ilógico llevar al Parlamento una norma de tal calado sin apoyo sindical. Y en esa tarea logró poner de acuerdo a los sindicatos Afapna, CC OO y UGT que suman una mayoría que apenas sobrepasa el 50% de la Mesa General de las Administraciones Públicas de Navarra frente a LAB y ELA, que representan algo más del 49%. Sin embargo esta es una mayoría que discuten las centrales abertzales por no corresponderse a la foto del inicio de la legislatura, que les beneficiaba a ellas, y que tradicionalmente es la que se hacía valer. 

UNA NEGOCIACIÓN CON EH BILDU

Así que será con el exiguo aval de Afapna, CC OO y UGT, con el que el Gobierno defenderá la reforma del Estatuto en el Parlamento, pero con un hándicap añadido. Antes de llevar su anteproyecto a la Cámara deberá negociarlo con EH Bildu pues así se comprometió el PSN ahora hace un año en el marco de las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos. 

Conseguir el apoyo de EH Bildu va a ser complejo cuando ya su portavoz parlamentario, Adolfo Araiz, denunció en el legislativo que se ha excluido a LAB de la negociación y discrepó de hasta 60 puntos del nuevo Estatuto. Y, obviamente, el PSN no puede dar la vuelta como a un calcetín a un texto que ya ha sido acordado con los sindicatos no abertzales. 

Si el texto no incorpora modificaciones importantes o no las permite en la fase parlamentaria a través de enmiendas será difícil que lo apoye EH Bildu, que lo califica directamente de “retroceso” y de “recorte de derechos”. Es más, Araiz ya vaticinó que el PSN podría necesitar de apoyo de la derecha para aprobarlo. Desde UPN asisten expectantes a este desacuerdo entre socios, aunque dudan de que vaya a ser definitivo y advierten a Jurío: “Si quieren un acuerdo, vengan a buscarlo”. 

Es cierto que uno de los grandes obstáculos para que EH Bildu apoye el futuro Estatuto es que la Ley no garantiza los 25/30 millones que costaría a los entes locales la financiación de la carrera profesional. Quizás tenga la consejera Jurío ahí una baza para pactar una abstención de EH Bildu que sería suficiente para dar luz verde al texto sin tener que salir a buscar a UPN.

Lo que EH Bildu y los sindicatos ELA y Lab critican del Estatuto

La carrera profesional es uno de los elementos de discrepancia para quienes se oponen al nuevo Estatuto. Ya Adolfo Araiz (EH Bildu) sugirió en intervención en el Parlamento que esta “fomenta el estancamiento” y la “antigüedad” frente a la meritocracia. Y es cierto que la actual plantilla va a recibir el complemento de acuerdo solo a los años de antigüedad. 

Además desde Bildu se quiere atar que la Administración foral financie los 25 o 30 millones que este complemento costaría a los Ayuntamientos y entes municipales. Desde el sindicato LAB, y lo comparte también EH Bildu, se cuestionan las medidas incorporadas para agilizar los procesos selectivos de ingreso a la Administración. Así por ejemplo, en el nuevo Estatuto se contempla que se puedan efectuar convocatorias independientes (separadas) a las de ingreso para el personal de la Administración que tiene la condición de fijo.

"Van a poder contratar a personas sin haber realizado pruebas selectivas", critica LAB, quien también denuncia que se va a poder ofrecer plazas en las oposiciones “sin haberlas ofrecido antes al concurso de traslados”. También cuestiona que en los procesos de ingreso van a poder exigir “otros requisitos específicos”, además de los requisitos generales que se exigen hasta ahora, con libertad absoluta sobre qué otro requisito. También denuncia que en los procesos de ingreso por concurso-oposición “no se recoge el porcentaje que supondrá el concurso en el total de la puntuación, ni el mínimo ni el máximo”. 

La no recuperación de poder adquisitivo perdido, la no reducción de jornada e incluso la “perdida” de licencias son otras críticas. Por su parte, ELA también cuestiona que no haya mecanismos “efectivos” para reducir la temporalidad, la evaluación del desempeño con criterios “no definidos”, la “cronificación” del modelo PAI y la falta de medidas para “normalizar” el uso del euskera.

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