Parlamento

UPN y PP insisten en reclamar a Chivite el cambio legal que refuerce la inclusión social y laboral de quienes cobran la renta garantizada

La presidenta y la consejera Maeztu no impulsarán la prometida reforma de la norma, pese a que reconocen que sería necesaria. Argumentan que no hay acuerdo con sus socios, cuando tanto Geroa como Contigo dejaron claro desde el inicio su rechazo

Luis Casado Ana Elizalde Javier Esparza
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Los parlamentarios de UPN Luis Casado, Ana Elizalde y Javier Esparza, este jueves durante el pleno del Parlamento foralJ.C. CORDOVILLA
Luis Casado Ana Elizalde Javier Esparza

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Beatriz Arnedo

Publicado el 08/10/2026 a las 13:37

UPN y PP han insistido en reclamar a la presidenta María Chivite la reforma de la ley que regula la renta garantizada y que ella misma anunció que impulsaría hace ya dos años. Un cambio que perseguiría reforzar la inserción social y laboral de los beneficiarios de esta prestación mínima que da Navarra a quienes no tienen recursos suficientes.

En este inicio del curso político, la presidenta y su consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, han admitido que finalmente no plantearán ese cambio de la norma en el que llevaban meses trabajando. Argumentan a esta marcha atrás la oposición de sus socios de gobierno, pese a que tanto Geroa Bai como Contigo Navarra desde el inicio dejaron claro que no apoyarían esta modificación que promueve la parte socialista del Ejecutivo.

Tras lo sucedido, UPN y el PP han vuelto a registrar en el Parlamento sus respectivas propuestas de modificación de la norma que presentaron meses atrás y que ya rechazó la Cámara.

Este jueves, la parlamentaria Raquel Garbayo (UPN) y Javier García (PP) han planteado sendas preguntas al Gobierno sobre este asunto, en concreto a la presidenta María Chivite, pero esta ha optado por dejar la respuesta en manos de la consejera de Derechos Sociales. Maeztu ha dejado claro que no hay cambio de postura y que la modificación legal no se va a plantear.

MAEZTU LO VE NECESARIO, PERO NO LO VAN A PROPONER

El Gobierno no va a impulsar estos cambios, pese a que la responsable del departamento, la consejera Maeztu, ha vuelto a defender en el pleno que este jueves celebra el Parlamento que el cambio normativo es necesario para que la ley sea “más eficaz y más eficiente”. En concreto, ha citado tres objetivos por los que defiende que hay que modificar la ley que regula la renta garantizada:

1º Hacer prevalecer “desde el principio” el derecho a la inclusión social de sus beneficiarios, ha sostenido.

2º Armonizar la prestación con el Ingreso Mínimo Vital, para que haya “una mayor coherencia”.

3º Mejorar lo que tiene que ver con la agilidad administrativa, automatización y las recomendaciones que han trasladado “desde el propio departamento” y organismos como la Cámara de Comptos.

La consejera también ha reiterado su oposición a los cambios legales que plantean UPN y el PP. “Nuestro modelo no es el suyo”, ha señalado, afirmando que en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular se deja a los ciudadanos que lo necesitan sólo con el Ingreso Mínimo Vital.

“NO HA SIDO POSIBLE”, SEÑALA LA CONSEJERA

Ante las acusaciones de la oposición de incumplir un compromiso asumido por la presidenta o de “mentir” con esa promesa, la consejera Maeztu ha sostenido que ni ella ni la presidenta han ocultado nada “ni se ha faltado a la verdad”. “Se ha estado trabajando por presentar una propuesta rigurosa para conseguir un acuerdo y se ha trasladado que no ha sido posible”. Ha sostenido que esta ley requería “un importante consenso” que no han logrado en el seno del Ejecutivo.

La consejera ha manifestado que casi el 58% de las familias perceptoras de la renta garantizada “están menos de un año” recibiéndola, por lo que “no hay una cronificación” en sus beneficiarios. Ha apuntado que de las 10.740 personas que la perciben y que están disponibles para el empleo, 4.400 “fueron contratadas a lo largo de 2025 con una medida de 2,47 contratos por persona”.

En lo relativo al control y al fraude, ha destacado que el año pasado se tramitaron 24.819 procedimientos ordinarios y 1.116 específicos, lo que ha supuesto un 65% más.

GARBAYO (UPN): “GENERARON UNAS EXPECTATIVAS Y DEBEN DAR EXPLICACIONES”

La parlamentaria de UPN Raquel Garbayo ha sostenido que la presidenta debe dar explicaciones, lamentado cómo tanto María Chivite como la consejera Maeztu generaron expectativas sobre una reforma que no van a llevar a cabo.

Ha incidido en que pese a que en el debate sobre el estado de Navarra la presidenta dio a entender en un primer momento que seguían con la intención de modificar la norma, luego tuvo que reconocer que no la tocarían, cuando el portavoz de Contigo Navarra, Carlos Guzmán, desveló en la sesión que había un compromiso entre los socios para mantener la ley.

La representante de UPN ha sostenido que “mintieron” y ha lamentado que en el pleno de control de este jueves no hayan explicado por qué.

Ha dicho a la presidenta y a la consejera Maeztu que están a tiempo de culminar esa reforma apoyando la que ha presentado UPN. “Si de verdad quieren ser responsables y no solo parecerlo, apóyenla”, ha señalado. Algo que Maeztu ha dejado claro que no harán.

PP: “LA RENTA GARANTIZADA NO ES UNA MERA TRANSFERENCIA”

El parlamentario del PP Javier García ha sostenido que la presidenta no ha tenido “fuerza ni capacidad” en el seno de su propio gobierno para llevar a cabo una reforma que veía necesaria ni tiene “vergüenza” para dar explicaciones ante la pregunta que ellos le han dirigido en este pleno, dado que había dejado la respuesta en manos de su consejera de Derechos Sociales.

García ha señalado que la renta garantizada no puede ser una “mera transferencia” económica, sino que debe servir para ayudar a los “más desfavorecidos”, con un itinerario personalizado que formente su inserción social y laboral.

Ha recordado cómo los socialistas se opusieron hace diez años a la ley que hoy regula esta prestación y que aprobaron Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, la coalición en la que estaban entonces IU y Batzarre.

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