El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno, Óscar Chivite, no ha aclarado quién tomó la decisión política que llevó a que en diciembre de 2025 su directora general de Obras Públicas en funciones firmara la orden de continuidad de las obras de Belate, con el fin de que la UTE Acciona-Osés siguiera construyendo el duplicado túnel según el modificado del proyecto original. La orden de continuidad se firmó un mes después de que el Interventor General desaconsejase abonar ese modificado, en un informe de reparo suspensivo que el Ejecutivo anunció que acataría.

El consejero ha dejado sin respuesta la pregunta que le ha dirigido en el pleno el portavoz de UPN, Javier Esparza.

La entonces directora general de Obras Públicas en funciones, la directora general de Transportes Berta Miranda, afirmaba esta semana en el Parlamento que firmó esa orden de continuidad por una instrucción de funcionarios de los servicios técnicos del departamento y después de que, tras consultarlo, se le indicara que jurídicamente era correcto.

ESPARZA: “ESA ORDEN DE CONTINUIDAD OBEDECE A UNA ORDEN POLÍTICA”

Esparza ha destacado que el interventor general, que es quien vela en el seno del Gobierno por que el gasto público se ajuste a la legalidad, ha apuntado a que esa orden de continuidad que firmó Miranda podría dar “derecho y ventaja a las empresas” para cobrar en un futuro los sobrecostes que superan los 8 millones de euros y que hasta el momento no han podido recibir. Ha preguntado si esa orden la dio el consejero de Cohesión Territorial o la presidenta María Chivite.

“Si el Gobierno acaba pagando 8,5 millones de euros de más por esta firma, ¿van a pedir responsabilidades a quien firmó?”.

El parlamentario de UPN ha sostenido que en el expediente de esa firma no hay informes ni jurídicos ni técnicos, porque obedece “a una orden política” que “beneficia a las empresas socias de Santos Cerdán”, recordando que en la UTE estuvo la Servinabar.

“En UPN sospechamos que esto estaba pactado, estaba apañado con las empresas para beneficiarlas y que a todos nos cueste esta obra 8,5 millones de euros más”.

EL CONSEJERO CHIVITE: “EL REPARO SUSPENSIVO LLEGÓ CON CASI 2 KM EXCAVADOS”

El consejero Óscar Chivite no ha dicho nada sobre quién pudo dar esa orden “política”. Ha señalado que ellos han trasladado públicamente en varias ocasiones que, tras el reparo suspensivo de la Intervención General respecto al modificado (noviembre de 2025), se siguieron haciendo las obras conforme a este y no al proyecto original, “porque el reparo suspensivo llegó con casi dos kilómetros excavados según el proyecto técnicamente aprobado”.

“Acatamos el reparo y resolveríamos el modificado nº 1 una vez que fuese posible, una vez que tuviésemos la solución jurídica y económica”, agregó. El consejero ha sostenido que “hasta la actualidad” su departamento y la Intervención General han “buscado la solución administrativa que permitiera la continuidad de las obras”.

Hay que recordar que esa solución no se ha encontrado y la gestión realizada llevó al Gobierno a anunciar el final del contrato actual, algo que quieren negociar de acuerdo con la UTE que realiza las obras, para volver a aprobar un proyecto y licitar lo que resta del túnel.

ESPARZA (UPN): “ES UNA VERGÜENZA, NO NOS TOME EL PELO Y RESPONDA”

El portavoz de UPN ha reiterado su pregunta: quién pidió a Miranda que firmara esa orden de continuidad que podría dar derecho a las empresas a recibir esos 8,5 millones. “Hay responsabilidades políticas y económicas”.

“Contra el criterio del director general de Intervención, la señora Miranda firma una resolución que da derecho a cobrar 8,5 millones de euros a las empresas que son injustificables”, ha añadido. “¿Nadie va a asumir ninguna responsabilidad? ¿Lo tenemos que pagar los navarros?”, ha planteado, para concluir: “Esto es una vergüenza. No nos tome el pelo y responda quién le dio la orden a la señora Miranda”.

EL CONSEJERO DESTACA QUE SE HIZO POR “INTERÉS PÚBLICO” Y QUE “NO SE HA PAGADO NI SE PAGARÁ UN EURO QUE NO ESTÉ AVALADO POR INTERVENCIÓN GENERAL”

El consejero ha señalado que la orden de continuidad recogía que se iba a  continuar con la ejecución de la obra según el modificado 1 “hasta que se concluya la tramitación del mismo, a fin de no causar un grave perjudicio para el interés público” y ha lamentado que era algo que no había citado Esparza.

Ha señalado que están trabajando para que ese túnel, que hasta su paralización ya estaba ejecutado en un 52%, se termine y pueda haber una nueva licitación del contrato para que “en un año las obras vuelvan a estar en marcha”.

El consejero ha recalcado que en la obra “no se ha pagado ni se va a pagar un euro que no esté avalado por Intervención General”.

CÓMO SE HA LLEGADO A ESTA SITUACIÓN

Hay que recordar que en noviembre del año pasado, la Intervención General,  que vela por que el gasto público se ajusta a la legalidad, formuló un reparo suspensivo del modificado que se estaba haciendo respecto al proyecto original de obra del nuevo túnel de Belate que duplicará el actual. Unos cambios que suponían un coste extra de 8,5 millones de euros. Concluyó que ese modificado no obedecía a imprevistos y carecía de los requisitos legales. El Gobierno acató la decisión y tras el demoledor informe cesó al director general de Obras Públicas, Pedro López.

El 31 de diciembre de 2025, la que asumió entonces en funciones esa dirección general, la directora general de Transportes, Berta Miranda, firmó una orden de continuidad para que la UTE adjudicataria de las obras siguiera realizándolas con ese modificado, una orden cuya existencia no se conoció públicamente hasta septiembre.

El Interventor General supo de esa orden firmada por Miranda el pasado mayo e hizo un informe de omisión de fiscalización en junio en el que no la convalidó. Recordó su informe de reparo suspensivo de noviembre y recalcó que el proyecto que modificaba el original y con el que se estaban realizando los trabajos no cumplía los requisitos legales.

Obras Públicas discrepó y sostuvo que ya se conocía que estaban realizando el modificado hasta encontrar una solución alternativa y con el fin de que no se  paralizaran las obras.

Lo cierto es que el departamento de Óscar Chivite concluyó que si acataba este último informe del interventor, los trabajos no podían seguir.

La parte socialista del Gobierno intentó entonces aprobar el abono a la UTE de 8,3 millones de euros de sobrecoste por ese modificado a través de la figura del enriquecimiento injusto, con el fin de que las empresas continuaran y finalizaran los trabajos del túnel. Debía aprobarlo en una sesión de gobierno.

Sin embargo, un informe de la Asesoría Jurídica del propio Ejecutivo concluyó que eso no era posible, en un informe en el que avalaba las posiciones mantenidas por la Intervención General sobre ese modificado y sus sobrecostes. Todo ello ha acabado con la decisión de intentar rescindir el contrato de la obra del túnel de común acuerdo con la UTE que las construía y volver a sacar a concurso los trabajos que restan.

No solo UPN, PP o Vox, sino también los socios de María Chivite, Geroa Bai y Contigo Navarra, han apuntado a la responsabilidad del consejero Óscar Chivite como titular del departamento en esa orden de continuidad de las obras y la gestión realizada en torno a esta obra de duplicación del túnel de Belate.