Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo confirma la nulidad absoluta de todos los acuerdos del pleno extraordinario celebrado el 26 de diciembre de 2024, "tras ratificar que el bloque de gobierno (PSN, UPN y Juntos) vulneró de forma directa los derechos fundamentales de los concejales de EH Bildu Orkoien al ocultar información económica clave y convocar la sesión fuera de los plazos legales", según ha informado EH Bildu en una nota.

Al adquirir firmeza la nulidad de la medida, ha añadido la coalición, "el consistorio está obligado a devolver todo el dinero cobrado de más a las vecinas y vecinos, aplicando con carácter retroactivo las tarifas anteriores a la modificación ilegal".

Asimismo, ha añadido que, "debido a la decisión del alcalde de pasar los recibos al cobro de manera indebida cuando ya se le había notificado formalmente la nulidad del acuerdo, ignorando de forma deliberada la resolución previa del TAN, la administración local tendrá que sumar ahora los correspondientes intereses de demora generados desde el pago de los recibos".

Ante la firmeza de la resolución judicial, EH Bildu Orkoien ha solicitado formalmente al Ayuntamiento el cumplimiento inmediato de la sentencia. La coalición abertzale insta PSN y UPN a "dejar de causar un perjuicio económico innecesario a las arcas públicas, advirtiendo de que cada día que pasa el coste financiero para el consistorio es mayor debido a la acumulación progresiva de los intereses de demora que deben abonarse a la ciudadanía afectada".

Asimismo, la formación soberanista ha criticado que "el alcalde se niega de forma sistemática a facilitar información sobre los costes totales que este proceso judicial ha supuesto para las arcas públicas, pese a que desde EH Bildu se le ha preguntado explícitamente y en numerosas ocasiones en las sesiones municipales".

Según EH Bildu, "la resolución judicial respalda plenamente el criterio previo del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), que dictaminó que el margen temporal otorgado a la oposición para estudiar las cuentas locales era ilegal y materialmente insuficiente para ejercer las funciones como representantes municipales". El tribunal certifica, ha añadido, que la tramitación municipal quebrantó normativas básicas como la Ley Foral de Administración Local (LFAL) y la Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).

Desde EH Bildu Orkoien han indicado que "la falta de documentación y el tiempo necesario para estudiarla, impidió un debate democrático real sobre la fiscalidad del municipio". "Este tipo de actuaciones no constituyen un error administrativo aislado, sino una estrategia sistemática que dificulta la labor de control de la oposición e impide la participación política en igualdad de condiciones, acumulando ya más de una veintena de resoluciones en contra por no entregar la información solicitada", han añadido.

Así, ha solicitado que se ponga fin a "las dinámicas restrictivas y antidemocráticas llevadas a cabo por PSN-UPN y Juntos durante la presente legislatura".