La trama Hirurok, formada por Antxon Alonso, Leire Díez y Vicente Fernández, intermedió para que una filial del grupo Forestalia se beneficiara en enero de 2023 de unas ayudas públicas de 17,32 millones de euros, otorgadas por la sociedad estatal SEPIDES. Por la intermediación estaba pactado un pago de 200.000 euros pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado cómo se facturó dicha cantidad a Mediaciones Martínez, la empresa de Antxon Alonso que canalizaba las presuntas mordidas. Los investigadores sospechan que Forestalia pudo devolver el favor en especie, con dos macroproyectos fotovoltaicos que este grupo de renovables impulsó en la sierra del Maestrazgo en Teruel. Antxon compró las sociedades promotoras de estos parques por 141.404 euros y una vez obtenidas las licencias, el 27 de diciembre de 2024 “se deshizo de las mismas, fijando un precio por ellas de 6.859.750 euros”, dice el informe de la UCO. ¿Eso quiere decir que el empresario guipuzcoano dio un pelotazo de 6,7 millones? No queda acreditado.

El carrusel de sociedades existentes, el trasiego de compraventa de participaciones y los contratos de opciones de compra localizados impiden conocer el beneficio real que obtuvo Antxon Alonso y sus dos socios con estos proyectos fotovoltaicos. En el informe figuran dos hechos contrastados, que Antxon recibió 400.000 euros por una opción de compra y que posteriormente transfirió 150.500 euros a Mediaciones Martínez.

Forestalia es un grupo de renovables con sede en Zaragoza fundado por Fernando Samper, que desde 2025 es investigado por un juzgado de Teruel por presuntos sobornos a altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica para la obtención de permisos para parques eólicos y solares. Para evacuar la electricidad de estos parques, Forestalia proyectó una línea de alta tensión que iba a cruzar Navarra para llegar al País Vasco. Fernando Samper contó con los servicios de Antxon Alonso para defender este proyecto ante autoridades y partidos. Santos Cerdán, José María Aierdi y Félix Taberna son algunos de los cargos públicos con los que se reunió. Esta línea de alta tensión no fue vista con buenos ojos por el Gobierno de Navarra, que presentó alegaciones y que consiguió evitar la infraestructura.

El informe 188/2025 de la UCO, al que ha tenido acceso este periódico, sobre el caso SEPI, describe las gestiones que Vicente Fernández, expresidente del holding público, hizo para que Arapellet, filial de Forestalia, consiguiera financiación pública para una fábrica de pellets en Guardo (Palencia). El 1 de mayo de 2022, Vicente escribe a Antxon y Leire: “Ya se han despejado los problemas que tenía y la gente de SEPIDES les va a aprobar las operaciones. A lo mejor sería bueno que le recordaras el tema a Samper, Antton”. Unos días más tarde hay otro mensaje: “Decidle a Samper que estamos dándolo todo con sus dos expedientes”. Forestalia había solicitado ayudas para dos proyectos aunque sólo uno resultó beneficiario.

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Estas gestiones de Vicente Fernández coincidieron en el tiempo con una serie de operaciones mercantiles de Antxon Alonso con la maraña de empresas del grupo Forestalia. El 17 de mayo, Antxon Alonso le compra a Forestalia el 99,9% de la sociedad Next Generation Caliope Innova por 3.000 euros. El 0,1% restante lo adquieren sus dos hijos, Nora y Ander. El mismo día, esta sociedad adquiere Universal Global Scale Wordlwide por otros 3.000 euros. Ninguna de estas sociedades tenía actividad hasta ese momento. Ese mismo día hay una tercera compra. Universal Global adquiere Energías Renovables de Quirón y Energías Renovables de Satet, por 141.404 euros. Estas dos últimas sociedades sí que tenían actividad ya que habían solicitado sendas declaraciones de impacto ambiental para la construcción de dos parques fotovoltaicos, Masía I y Masía II de 50 megavatios cada una, capaces de suministrar energía a 40.000 hogares. Estaban situados en la sierra del Maestrazgo.

La UCO interpreta que este entramado de sociedades interpuestas sólo buscaba dificultar su seguimiento. Además, los agentes no han encontrado movimientos bancarios de estas compras. Por tanto desconocen cómo las pagó Antxon.

En diciembre de 2024, ambos proyectos fotovoltaicos recibieron la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Transportes, según la UCO, gracias a un alto cargo que le hacía favores de Forestalia. Con las autorizaciones en la mano, el valor de estas empresas se multiplicó. Antxon Alonso se deshizo de Quirón y Satet “fijando un precio por ellas de 6.859.750 euros”. El informe no aclara si el empresario guipuzcoano recibió dicha cantidad porque entre la adquisición y la venta había firmado un contrato con opción de compra por 400.000 euros, cantidad que fue ingresada en Universal Global Scale, la sociedad interpuesta de Antxon. De ahí salieron las transferencias de 150.500 euros a Mediaciones Martínez.

A partir de 2023, la UCO tiene que hilar fino para seguir el rastro del dinero y de las operaciones mercantiles. En agosto de ese año Universal Global recibió una nueva transferencia de 1.050.000 euros con el concepto “opción de compra sobre participaciones sociales”. Hay también préstamos, pignoraciones de préstamos y compraventa de múltiples sociedades. Al parecer, los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Águeda, presuntos testaferros de Samper, diseñaron este “carrusel societario”, con la ayuda de un notario de Madrid que guardaba los contratos en una caja fuerte sin elevarlos a titularidad pública. Hay varios emails de Roberto Pérez a Antxon del tipo: “Tienes que bajar de Caliope a Universal 25.000 euros. Concepto, aportaciones de socios. Está en causa de disolución. Y luego te los vuelve a subir Edu en un par de días a Caliope”.

A pesar de obtener la declaración de impacto ambiental, los parques solares de Teruel no llegaron a construirse. El estallido del caso Forestalia en marzo de este año provocó la revocación de permisos y la paralización de proyectos.

A raíz del caso de las cloacas, a principios de junio se conoció que el trío Hirurok también hizo gestiones para un proyecto de Forestalia en Navarra, que tampoco prosperó. Se trata de un macro parque fotovoltaico, similar a los de Teruel, que la Comunidad de Bardenas y la empresa de renovables impulsaron entre Marcilla y Villafranca. Para ello, ambas partes firmaron en 2021 un protocolo con la presidenta de Navarra, María Chivite, y el consejero José María Aierdi. Al parecer la trama estuvo pendiente por si era necesario hacer alguna gestión con el Gobierno de Navarra y con el Ministerio de Transición Ecológica. La inversión prevista no se materializó.

En la agenda de Leire Díez también se cita el proyecto de línea de alta tensión en Navarra. Según lo escrito, Cerdán se iba a encargar de ciertas gestiones con el ministerio para evitar así las autorizaciones municipales.